CRISIS DE LOS ALIMENTOS MODIFICADOS

Los sindicatos agrarios de EE UU piden a sus asociados que dejen de sembrar transgénicos

Los agricultores españoles están divididos sobre la siembra de semillas con genes modificados

Las multinacionales biotecnológicas estadounidenses, las creadoras y grandes impulsoras de los cultivos genéticamente modificados, ya tienen el enemigo en casa. Más de 30 sindicatos agrarios de Estados Unidos han aconsejado a sus asociados que eviten plantar semillas transgénicas, por temor a que el creciente rechazo de los consumidores y las posibles acciones legales contra esos cultivos acaben por arruinarles. En España, las dos principales asociaciones agrarias -que representan en conjunto al 85% de los agricultores- mantienen posiciones opuestas sobre los alimentos transgénicos.

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Las asociaciones agrarias estadounidenses opuestas a los transgénicos incluyen a las influyentes National Family Farm Coalition, American Corn Growers Association, y otras que representan a decenas de miles de agricultores, según informaba ayer The Washington Post. Su principal preocupación es que una avalancha de litigios provocados por la diseminación de polen transgénico a los campos vecinos acabe por asfixiar sus economías. Con cierto retraso respecto a Europa, la opinión pública estadounidense ha empezado a desconfiar -con razón científica o sin ella- de la seguridad sanitaria y medioambiental de los alimentos genéticamente modificados.Los sindicatos agrarios han hecho ya un llamamiento a las grandes empresas productoras de transgénicos para que, en la temporada que viene, den prioridad a la venta de semillas "tradicionales" -libres de modificaciones genéticas-, y que mantengan esa actitud hasta que el país disponga de un estudio científico "independiente" de los posibles riesgos para la salud o el medio ambiente asociados a los cultivos transgénicos. Hasta ahora, las garantías científicas sobre la seguridad de estas plantas han estado financiadas por las propias industrias que los comercializan, como Monsanto y Novartis.

Las semillas transgénicas de maíz, soja y otras plantas de cultivo han sido modificadas en el laboratorio para incorporarles genes de bacterias o de virus que las hacen resistentes a ciertas plagas o a las bajas temperaturas, o a los daños que provoca su transporte y almacenamiento.

En España no hay cifras oficiales sobre la implantación de los cultivos transgénicos, pero todas las fuentes coinciden en que hay sembradas entre 20.000 y 30.000 hectáreas de ese tipo, casi todas en Aragón y Cataluña. Los agricultores españoles gastan entre 15.000 y 20.000 millones de pesetas anuales en semillas transgénicas. La variedad más común es un maíz transgénico de la firma Novartis -llamado Bt, por la bacteria Bacillus turigiensis que le ha prestado uno de sus genes- que le confiere resistencia al taladro, una plaga destructora del maíz, muy común en Aragón y Cataluña.

En Andalucía y Extremadura existen además los llamados multiplicadores, o explotaciones agrarias que plantan maíz y otras plantas no para venderlas al sector alimentario, sino para reproducir las semillas y suministrárselas a las mismas multinacionales que se las han cedido en primer lugar, una actividad bastante rentable en comparación con las prácticas habituales.

Los agricultores españoles están divididos sobre la conveniencia de adoptar estos cultivos. En términos generales, Asaja (Asociación de Jóvenes Agricultores, próxima a la derecha política y que representa al 35% del sector) se muestra a favor de los transgénicos mientras no se demuestre que son dañinos; y Coag (Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, próxima a la izquierda y que representa al 49% de los agricultores) se opone a ellos mientras no se demuestre que son seguros.

José Ramón Díaz, coordinador del sector de tecnología e investigación de Asaja, afirma que su asociación desea mantener un equilibrio entre los reparos sanitarios y medioambientales que suscitan los transgénicos, y las ventajas económicas que la resistencia a las plagas supone para los agricultores.

Sin embargo, José Manuel de las Heras, secretario general de Coag, exige al Gobierno una moratoria en las importaciones de transgénicos mientras no haya garantías científicas sobre su seguridad, y sostiene que las supuestas ventajas económicas que aportan a los agricultores son, como mínimo, discutibles.

El PP y sus socios rechazan en el Congreso las cautelas del PSOE sobre las semillas alteradas

El PSOE intentó introducir la semana pasada, durante la tramitación parlamentaria de una ley sobre el control de las semillas y otros materiales biológicos para cultivo, ocho enmiendas destinadas a implantar garantías sobre la seguridad de los cultivos transgénicos. Todas ellas fueron rechazadas con los votos del PP y sus socios nacionalistas, que adujeron que esa ley no era la adecuada para establecer controles de ese tipo.El portavoz socialista de Agricultura en el Congreso, Francisco Amarillo, explica que el PSOE no mantiene una oposición frontal a los cultivos transgénicos, pero sí considera que se necesitan modificaciones legales para garantizar su seguridad sanitaria y medioambiental. Actualmente, los únicos controles que deben superar estas semillas para poder cultivarse en España están destinados a comprobar que sus propiedades se ajustan a las que anuncia su fabricante: por ejemplo, que el maíz Bt de Novartis es efectivamente resistente a la plaga del taladro, tal y como sostiene la empresa. Nadie -aparte de la propia multinacional- controla, sin embargo, que el cultivo sea seguro para el entorno y el consumidor.

El principal objetivo de las enmiendas socialistas frustradas era introducir un control científico independiente -independiente de las empresas que venden las semillas-, realizado por investigadores del sector público y financiado por la Administración.

Según Amarillo, el hipotético etiquetado de los productos y derivados que contengan una cierta proporción de alimentos transgénicos no es una garantía suficiente. La etiqueta podría disuadir de la compra a los consumidores más informados, pero no evitaría los daños al medio ambiente provocados por la diseminación del polen, si es que éstos llegan a demostrarse de manera convincente.

La ley en cuestión, que el Congreso tramitó el pasado 18 de noviembre y debe superar aún su paso por el Senado, se denomina "de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales". El tecnicismo "obtenciones" designa los productos que generan los diseñadores y fabricantes de semillas para cultivo, conocidos en la jerga como "obtentores". Amarillo opina que el argumento del PP según el cual esa ley no es el lugar para introducir controles sobre las semillas transgénicas es de una solidez dudosa.

Los dos experimentos que hasta ahora han arrojado dudas sobre la seguridad de los transgénicos -uno británico realizado en ratas y otro estadounidense con mariposas monarca- han sido acogidos con dudas por la comunidad científica.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 24 de noviembre de 1999.

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