Guipúzcoa comienza a revisar su catastro, sin actualizar desde 1973

La Diputación de Guipúzcoa ha iniciado los trámites para la revisión de su catastro, que no se ha actualizado desde el año 1973. El departamento foral de Hacienda ha elaborado un proyecto de norma que contiene las primeras medidas para la actualización de las valoraciones de los inmuebles y solares de esta provincia, que serán aprobadas durante el transcurso del 2000 y entrarán en vigor en el 2001.

La revisión del catastro de Guipúzcoa es uno de los proyectos más ambiciosos del departamento foral de Hacienda en este mandato. El proyecto de norma foral que se remitirá a las Juntas Generales para su discusión parlamentaria incluye algunas novedades referidas al procedimiento para la renovación del catastro. El diputado Antton Marquet (PNV) tiene previsto comparecer en breve ante la comisión de Hacienda para exponer al resto de los grupos cuál es la situación actual y el calendario que seguirá la actualización del valor de las viviendas e inmuebles.La Diputación tiene avanzadas las ponencias de valoración y los plazos de exposición al público y comunicación a los ayuntamientos afectados. El Ejecutivo foral es consciente de la repercusión que esta actualización representa para las haciendas locales, por lo que supeditará la aprobación definitiva de las valoraciones a un acuerdo con los ayuntamientos.

Este asunto es nuclear para las haciendas locales guipuzcoanas, que en 1998 recaudaron 10.500 millones de pesetas (63,1 millones de euros) del impuesto de bienes inmuebles (IBI), cuya cuantía se establece en función de los valores catastrales de los inmuebles.

La revisión pretende corregir las incoherencias existentes en el valor de los inmuebles, aquéllas que surgen al comparar las cotizaciones de las viviendas antiguas con las de nueva construcción. Se dan paradojas como que un piso céntrico de San Sebastián tienen un valor catastral inferior al de uno nuevo situado en las afueras de la capital, cuando su valor en el mercado puede cuadruplicarlo. Estos desarreglos se producen como consecuencia de que el actual catastro fue revisado por última vez en 1973.

Incremento del 2%

La Diputación de Guipúzcoa posee una base sólida sobre la que fijará el valor catastral de todos los inmuebles del territorio. En enero de este año estableció el valor real de mercado de todos los pisos para su aplicación en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Este documento, que además perseguía frenar las irregularidades que se cometen al escriturar las transacciones inmobiliarias, será una información de referencia en la revisión, pues existe una relación directa entre el precio de mercado y el valor catastral.

Este estudio sobre los precios de mercado está sometido a una actualización constante para adecuarlo a las fluctuaciones continuas que experimenta el sector inmobiliario, según el departamento de Hacienda.

El nuevo catastro de Guipúzcoa se acordará a lo largo del año que viene para su entrada en vigor a partir del 2001. Entretanto, al valor catastral vigente se le aplicará un incremento del 2% para equipararlo al IPC.

Durante el debate para aprobar la revisión, la Diputación consensuará con los ayuntamientos los criterios de valoración, así como los tipos de gravamen del IBI. Las haciendas locales tienen actualmente autonomía fiscal para fijar esos tipos, en una banda que va desde el 0,4% al 1,5% del valor registrado, aunque ningún ayuntamiento los aplica por encima del 0,83%.

Si bien la aprobación del nuevo catastro supondrá una subida del valor de los inmuebles, la Diputación pretende equilibrar ese incremento con una disminución de los tipos aplicables, con el fin de que los ingresos fiscales de los ayuntamientos no se disparen y supongan un aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos.

Entre las medidas fiscales que se proponen en el proyecto de norma foral se incluyen cambios en el IRPF ya acordados con las otras Diputaciones, como bajar el límite de la obligación de declarar de cinco a tres millones de pesetas y permitir mayores las aportaciones a los planes de pensiones para los mayores de 52 años con efectos desde el enero del 2000. En esta cuestión Álava había propuesto hacerlo con carácter retroactivos desde el 1 de enero de este año.