Una organización humanitaria denuncia la tortura sistemática a los detenidos en Rusia
Por si no tenía bastante con las críticas occidentales a la muerte de civiles y el éxodo humano que causa la guerra de Chechenia, Rusia se enfrenta ahora a la denuncia de que la policía tortura sistemáticamente a los detenidos para obligarles a confesar crímenes reales o ficticios. La organización Human Rights Watch (HRW) hizo público ayer en Moscú un informe de 200 páginas titulado Confesiones a cualquier precio, resultado de una investigación de dos años, que llega a la conclusión de que en Rusia los criminales o sospechosos tienen más que temer de la policía que de la justicia.
La impunidad de los torturadores es casi completa. Los casos de procesamientos, por no decir de condenas, son mínimos. HRW sólo ha podido descubrir 25 sentencias contra policías por torturas y malos tratos, en siete casos diferentes, a lo largo de seis años. Las investigaciones de la fiscalía por estos abusos suelen ser rutinarias y superficiales.Los jueces aceptan las confesiones como base para dictar sentencia sin tener en cuenta las denuncias de los procesados por la forma en que han sido obtenidas. Probar las torturas es misión imposible. Es difícil acceder a los médicos, y éstos son reticentes a entrar en conflicto con la policía.
El informe de Human Rights Watch calcula que la tortura y los malos tratos se aplican al 50% de los detenidos y, según algún juez, hasta al 80% de quienes se niegan a confesar. Esas prácticas ilegales sustituyen con gran frecuencia a la investigación criminal propiamente dicha.
La víctima guarda habitualmente el mismo perfil: se trata de hombres adultos, de 20 a 40 años, pero también de menores. Según el Comité de Derechos Civiles, citado en su informe por HRW, un tercio de los menores que se enfrentan a procesos judiciales sufre torturas durante su detención y la instrucción del caso. Una cuarta parte de esos menores ha sufrido la violencia policial en las calles, independientemente de sus causas, antes de los 15 años.
El trabajo de campo se ha desarrollado durante dos años en Moscú, San Petersburgo, Nizhni Nóvgorod, Arjángelsk, Irkutsk, Nóvgorod y Yekaterimburgo. Es el resultado de más de cincuenta entrevistas con víctimas y decenas de parientes, abogados, jueces, fiscales y ex policías. Ha contado con la colaboración de numerosas organizaciones de derechos humanos.
Las conclusiones no se apartan mucho de las del informe sobre la tortura difundido en abril de 1997 por Amnistía Internacional (AI). Dos años más tarde, la situación no ha cambiado, pese a que Rusia, miembro del Consejo de Europa, ha suscrito convenciones internacionales incompatibles con lo que pasa en comisarías y centros de detención preventiva.
Del informe se deduce que la policía niega sistemáticamente a los detenidos el derecho a ser interrogados en presencia de un abogado y que con mucha frecuencia éste sólo llega cuando los agentes ya tienen en su mano una confesión firmada, muchas veces bajo tortura.
Tortura psicológica
Según HRW, la tortura física coexiste con la psicológica, que incluye amenazas de muerte y violación o represalias contra familiares. La intimidación de cuantos intervienen en denuncias por estos abusos es también muy frecuente.Según HRW, la policía utiliza a criminales presos para aterrorizar a los detenidos cuyas confesiones quiere arrancar a cambio de privilegios carcelarios. Ocurre en los llamados "cuartos de presión" de los centros de reclusión preventiva. No es raro que, en situaciones límite, haya detenidos que salten por la ventana y resulten gravemente heridos o muertos.
Las condiciones de vida en estos centros constituyen por sí mismas una tortura. Las celdas, superpobladas, no permiten a veces que todos sus ocupantes se sienten al mismo tiempo. Faltan el aire, la luz y la privacidad. Las condiciones higiénicas son lamentables, lo que las convierte en tremendos focos infecciosos. El 10% de la población reclusa de Rusia sufre de tuberculosis.
El informe de Human Rights Watch incluye un capítulo de recomendaciones al Gobierno ruso, desde el reconocimiento de la gravedad del problema hasta la creación de una comisión investigadora independiente. Se aboga por una ley de derechos de los acusados como el de no declarar contra sí mismos, y se pide que la tortura se introduzca como delito en el Código Penal.
HRW pide al Parlamento una ley de procedimiento criminal que asuma el principio de presunción de inocencia y equilibre las atribuciones de defensa y acusación. Y se solicita a la fiscalía general que dé la máxima prioridad a la investigación de las denuncias sobre torturas o malos tratos.
HRW solicita a la ONU, al Consejo de Europa, a la OSCE, a la Unión Europea y a EEUU que ejerzan presión sobre Rusia para que acabe con una situación incompatible con el respeto más elemental de los derechos humanos.
