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La deuda ficticia de Tomey impide aprobar las cuentas de la Diputación de Guadalajara

La Diputación Provincial de Guadalajara no puede aprobar el presupuesto general para el año 2000 si quiere cumplir la ley y ejecutar el plan de saneamiento, aprobado en 1997 por la corporación que presidía el senador del PP Francisco Tomey, según señala un informe de la interventora Rosario Iglesias, fechado el pasado día 2. Este plan contemplaba asumir un ahorro de 1.069 millones de pesetas, pero la funcionaria advierte en su informe de que "no existen suficientes recursos" para ejecutar ese ahorro.

El plan de saneamiento fue aprobado por la corporación de Tomey para hacer frente a los 4.600 millones de deuda ficticia que se reflejaban en sus presupuestos. Una falsa deuda o de imposible cobro que certificó el Tribunal de Cuentas en su fiscalización sobre las cuentas de esa corporación. El informe de la interventora ha caído como un jarro de agua fría sobre el equipo del actual presidente de la Diputación, el socialista Jesús Alique, ya que dificulta la aprobación de los presupuestos. Tras las elecciones municipales Alique desbancó a Tomey del sillón presidencial que ocupó 17 años.El dictamen de la Intervención señala que la diferencia entre los ingresos y gastos necesarios para la prestación de los servicios de la Diputación de Guadalajara es de 426 millones, lo que imposibilita el cumplimiento del mencionado plan de saneamiento. Iglesias señala que es "imprescindible una gestión eficaz de recaudación, así como la adopción de medidas para incrementar los ingresos, reduciendo gastos en lo posible". La interventora pide que se diseñe con rigor el presupuesto de ingresos.

Alique ha remitido una carta al ministro de Economía, Rodrigo Rato, en la que le informa de la difícil situación presupuestaria de la Diputación y señala que la contabilidad de Tomey nunca reflejó su situación económico-financiera real. La fiscalía de Guadalajara denunció a Tomey por un presunto delito de falsedad en documento oficial al incluir los 4.600 millones de deuda ficticia en los presupuestos. El Tribunal Supremo archivó la denuncia y responsabilizó al anterior interventor, ya fallecido.

Poco antes de dejar la Diputación, Tomey dio de baja 2.904 millones de la deuda ficticia por expresa recomendación de la interventora que ahora alerta de la imposibilidad de aprobar los presupuestos del 2000. Para Alique esos ajustes, necesarios para normalizar la contabilidad, han tenido "efectos demoledores" en el remanente de tesorería y colocan a la institución en una "situación dramática".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 1999

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