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Tribuna:REFLEXIONES DE UN SECUESTRADO POR ETA

Veinte años después

Dos décadas después de ser secuestrado por ETA Político-militar, el diputado Javier Rupérez brinda su testimonio como víctima del terrorismo y formula una valoración de los cambios registrados en España

Hace 20 años, el 11 de noviembre de 1979, fui secuestrado por la banda terrorista ETA. Durante un mes, hasta el 12 de diciembre del mismo año, sufrí, y tantos conmigo, la incertidumbre, y la ignominia, de aquel acto criminal. Salí de él con vida y con integridad. La suficiente, en cualquier caso, como para continuar con la actividad política que antes del secuestro desarrollaba. También con una mezcla abundante de sensaciones que ahora, 20 años después, encuentro perfectamente resumidas en las palabras que la concejal socialista del Ayuntamiento de San Sebastián Arritxu Marañón utilizó para describir sus sentimientos tras haber sido objeto, el 11 de agosto de 1999, de una agresión por parte de los simpatizantes de ETA: "Miedo, impotencia y humillación".El transcurso del tiempo se me aparece ahora con la brutalidad con que siempre nos sorprende. Veinte años ya. Pero también con la conseja de una casi inevitable comparación: lo que fuimos y lo que somos. Al aire de los 20 años transcurridos. No celebro ningún aniversario. Nunca lo he hecho. No he caído en la tentación banal de pensar que el 12 de diciembre de 1979 naciera de nuevo. No he querido explotar mi particular calvario, aunque su existencia me haya permitido conocer mejor que nadie las profundidades del horror que han experimentado todas las víctimas del terrorismo y sus familias, amigos y próximos. Comparto con otros pocos supervivientes el significado exacto de la solidaridad con esas víctimas. He participado, y sigo participando, con pasión, espero que asimismo con lucidez y eficacia, en la construcción de una mejor historia para todos los españoles. He procurado aportar a esa tarea una voluntad que no estuviera teñida por los vericuetos de mi peripecia personal: nunca he sentido que el secuestro, al fin y al cabo el dato más radicalmente involuntario de mi biografía, condicionara mis comportamientos o mis análisis. Aunque, cierto es, su sombra me siguiera más de lo que yo mismo hubiera deseado. La prueba está en estas mismas líneas, dictadas por la rotundidad de una fecha.

No me planteé entonces qué sería de mí 20 años después. Si hubiera creído lo que mis secuestradores con descarnada brutalidad me espetaban -y me deseaban-, mi vida, más allá de lo que aparecía en aquel momento con improbable continuidad vegetativa, estaba ya convertida en despreciable piltrafa, inutilizada, baldía y acabada. Creo, con toda modestia, haber podido contrarrestar tan píos deseos -expresados siempre en la contundente presencia de las pistolas- y responder, con la ayuda de Dios y la inspiración y amistad de mis compatriotas, a las exigencias de la dedicación pública en estos últimos dos decenios. Tampoco, por razones evidentes, me planteé lo que eventualmente pudiera ocurrir con los autores del secuestro 20 años después de su realización. Si alguien en aquel momento hubiera imaginado o dicho que los tales iban a desempeñar funciones políticas en un contexto que hiciera posible no sólo el lejano reconocimiento, sino también el eventual contacto de víctima con verdugo, habría sido tachado de irreal, morboso e incluso malvado. Y, sin embargo, ésa es la gran paradoja -quizá el gran sarcasmo- que los 20 años transcurridos me reservaban. Activos hoy en el Parlamento vasco, en las filas de los nacionalistas radicales, se encuentran algunos de los que, según todos los indicios, bien que a salvo de las certezas judiciales, fueron mis secuestradores.

Me parece que en esa situación se encuentra una primera lectura de los 20 años: los verdugos han finalizado por comprender, quizá sólo intuir, que el terror agotó su ciclo. Su presencia en la contienda electoral y en las instituciones representativas, el mero hecho de aceptar al menos una mínima parte de las reglas del juego democrático, dice mucho más de lo que ellos mismos pudieran balbucear sobre el final de la orgía de sangre y sufrimiento a la que habían concedido virtualidades mesiánicas. Cierto es: fui secuestrado hace 20 años y hace apenas uno que ETA dejó de matar. Y también es cierto que ninguno de los verdugos -y, desde luego, los autores de mi secuestro- ha proferido nunca palabras de arrepentimiento, petición de perdón o simple excusa; su participación democrática es presentada como simple táctica, paréntesis o espera, que no excluye la vuelta al asesinato, la extorsión o la violencia; la ausencia de muertes no ha impedido la continuación, cuando los de la banda de la porra así lo han estimado conveniente, de formas de violencia perifrásticamente conocidas como "callejera" o "terrorismo de baja intensidad", tan letales, mortíferas y desmoralizadoras como las que los propios terroristas consideran "de verdad", y es a todas luces evidente que el relativo abandono de ciertas prácticas terroristas ha venido acompañado de un frente nacionalista en donde las distinciones entre los tradicionales adjetivos -"demócratas" y "violentos"- son cada vez más tenues, al tiempo que se convierte en más totalizador el grado de coincidencia en los objetivos de unos y otros. Es decir, no me hago demasiadas ilusiones sobre lo que nos deparan los comportamientos presentes de los que practicaron y predicaron el terrorismo en el País Vasco y fuera de él.

Pero al tiempo, y en el claroscuro valorativo que la descripción encierra, sí encuentro, 20 años después, otras y más positivas certezas. Que la democracia puede ganar democráticamente la guerra al terrorismo. Que la victoria es nuestra si los ciudadanos y las instituciones que los representan y defienden cumplen escrupulosamente con sus derechos y obligaciones. Que la última y mejor garantía de nuestras libertades está en el respeto al texto constitucional de 1978, piedra clave para el presente y el futuro de una España plural y armónica. Ninguna de esas certezas era totalmente nuestra hace 20 años, cuando, más allá de la peripecia personal de cada uno, lo que vivíamos y respirábamos era la fragilidad permanente de una bella aventura siempre a riesgo de perecer en el fuego cruzado de los pistolones de uno y otro lado. Estoy pensando en el 79, cuando mi secuestro -y también cuando, pocos meses antes, intentaron hacer lo mismo con Gabriel Cisneros y le dejaron malherido los que luego serían mis secuestradores-, a menos de dos años de que, el 23 de febrero de 1981, Tejero entrara en el Congreso con el declarado propósito de acabar a tiros con los tiros de los terroristas -y, de paso, con la mitad de España-. Pero también en todos los años anteriores y posteriores, cuando pareciera como si de una limpieza étnica se tratara: los de UCD, y los de AP, y los del PSOE, y los del PP, y otros civiles, y policías, y militares con y sin graduación, tanta gente del común asesinados, acribillados, asustados, expulsados, exterminados. Por el terrorismo de ETA. ¿Hace falta todavía recordar que al concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco le asesinaron el 10 de julio de 1997, y que el último asesinado de ETA, el concejal del PP en Rentería Manuel Zamarreño lo fue el 25 de junio de 1998, ayer como quien dice? Y con todo, 20, 10, cinco, dos años después, algo ha cambiado: la determinación de los ciudadanos, la eficacia de la acción policial, la colaboración internacional, la cohesión y unidad de las fuerzas políticas democráticas. En esta hora de esperanza tenemos derecho a la normalidad que a pulso nos hemos ganado y que nadie -y menos que nadie los terroristas y sus adláteres- nos ha regalado. Por eso, esta España posterrorista es, con todas las cautelas y sus limitaciones, mejor, más prometedora, más firme, más común que la que entonces conocimos.

No soy yo el único, ni el más caracterizado o autorizado, para imponer silencio a las propias vísceras. Cuando descubro ahora las facciones de mis carceleros, tan dados ahora a la proyección mediática como hace 20 años lo fueron a la barbarie pistolera, no puedo evitar el sentirme un privilegiado; ¿cuántos son los centenares de españoles que, bajo la tierra a la que les llevó la locura del terror, ya no ven nada, ni sienten nada, ni saben nada?; ¿cuáles no son los sentimientos de dolor, impotencia y vacío de sus familiares?; ¿cuántos no son, somos, los supervivientes, los españoles que, tras haber sentido en sus carnes el mordisco terrorista, andan con la razón perdida, el corazón encogido y la vista para siempre extraviada? Todos imaginamos el doloroso periodo de tiempo que necesitaremos para restañar las heridas infligidas a las víctimas, y a toda la comunidad española -y, por consiguiente, vasca-. Todos sabemos, o intuimos, de los arriscados esfuerzos de generosidad, perdón y eventualmente olvido que necesitaremos para tolerar y convivir después de que durante tanto tiempo y tan profundamente tantos fueran criminalmente golpeados por tan pocos. La ley recientemente aprobada de reparación a las víctimas del terrorismo, junto con la pausada pero intensa dedicación del Gobierno de Aznar para buscar los recovecos de la magnanimidad allá donde existan las posibilidades de que los terroristas abandonen definitivamente la práctica violenta, son muestras últimas y gráficas de dónde nos encontramos. En lo político, en lo legal y seguramente también en lo psicológico. Aunque sepamos de los tragos que nos puedan esperar. Que víctimas y verdugos acaben por codearse. Por ejemplo.

Otras ecuaciones vendrían a la memoria si de comparar la España de 1979 con la de 1999 se tratara. No hace al caso, más allá de una constatación patente: el país próspero, seguro de sí mismo, plenamente integrado en el contexto internacional que le es propio, estable, plural, de 1999, era hace 20 años -hace sólo 20 años, es cierto- un proyecto tan ilusionado como frágil. Supimos hacerlo. Sepamos mantenerlo.

En 1979, cuando me secuestraron, el Estatuto de Guernica estaba siendo discutido en el Congreso. De hecho, mi secuestro, según la siempre enloquecida logomaquia de los terroristas, se incluía en la campaña de presiones sobre el Gobierno de la UCD para forzar mayores concesiones al respecto -o, si se quiere, el pulso entre los milis y los polimilis de ETA para ver quién iba más lejos en el empeño. Todavía secuestrado, no pude votar el Estatuto. Como el resto de mis compañeros de UCD, lo hubiera hecho positivamente. Porque, entre otras razones, para los que proveníamos de las filas democristianas y habíamos trabajado en la oposición al franquismo, imaginar y construir una España reconciliada consigo misma necesitaba del reconocimiento de nuestras peculiaridades regionales y territoriales como una exigencia imprescindible. El Estatuto vasco, como el catalán, y luego todos los demás en sus diferentes perspectivas y alcances, eran tanto una manera de organizar el Estado como, sobre todo, un intento de respuesta a lo que tantos estimábamos insuficiente integración de la periferia -y de lo que no lo era- en los derechos y en las responsabilidades comunes. Veinte años después podemos constatar el éxito en la primera parte de la operación -los estatutos, su funcionamiento, el Estado de las autonomías- y el fracaso parcial de la segunda -la integración de los nacionalismos vasco y catalán en la tarea común llamada España y descrita constitucionalmente como "la patria común de todos los españoles"-. Veinte años después compruebo que la continuada solidez de mis creencias y fidelidades -la democracia, España, la Monarquía parlamentaria- es perfectamente compatible con un sentimiento, poco unamuniano, inspirado por un cierto humorismo relativista y ligeramente burlón. Quizá porque comparto con una inmensa mayoría de mis compatriotas la sensación y la realidad de la mejora colectiva.

Durante los 31 angustiosos días del secuestro, desde el primer hasta el último minuto, me estuve preguntando por mi vida y su improbable futuro. Luego, la vida siguió, como si nada hubiera pasado, con su habitual carga de dolores y alegrías. Veinte años después, me siento tranquilo. La vara de medir de mi vida siempre tendrá un sistema exterior y colectivo de referencia. Cuando lo del secuestro, vivíamos peor. Veinte años después, dispuesto a esperar los 20 que vienen, yo así lo certifico. Que Dios me conceda la gracia y la fuerza de hacer lo propio en dos decenios más.

Javier Rupérez es diputado del PP por Ciudad Real y presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de noviembre de 1999