Londres abre una investigación a la empresa gestora de las vías de tren
El Gobierno británico ordenó ayer la apertura de una investigación sobre el papel jugado por Railtrack, la empresa ferroviaria surgida en 1996 de la privatización de British Rail y encargada de gestionar vías y estaciones, en el choque que el pasado martes costó la vida por los menos a 40 personas -según datos policiales- en el centro de Londres. Los equipos de rescate calculan que otros 64 pasajeros que abordaron los dos trenes siniestrados siguen aún desaparecidos. Poco después de que John Prescott, ministro de Transportes, anunciara la inspección, el Sindicato de Pilotos le pidió que renuncie a su intención de privatizar el servicio de control del tráfico aéreo.La investigación oficial de los trenes será llevada a cabo por inspectores ferroviarios, y llega en plena polémica sobre la falta de seguridad de los trenes británicos. Un informe de la comisión encargada de revisarla por orden gubernamental acaba de sugerir que Railtrack no se preocupa bastante de mantenerse al día en estas cuestiones. El martes, el tren de la compañía Thames, que salía de la estación londinense de Paddington, no respetó un semáforo rojo poco visible a 700 metros del lugar donde chocó con el tren de la firma First Great Trains. Este último se disponía a entrar en la misma estación, pero la colisión pudo haberse evitado de haber contado ambas locomotoras con un costoso freno automático que para el tren cuando no se respetan las señales.
Los sindicatos ferroviarios se sumaron también ayer a la controversia asegurando que tres de los vagones siniestrados pertenecían al mismo tren que, en 1997, chocara en Southall, otro tramo de la ruta siniestrada el martes pasado. First Great Trains reconoció haber "arreglado" algunos de aquellos vagones porque estaban aún en buenas condiciones.
La reacción de la Unión Nacional de Pilotos no se hizo esperar. "Lo último que necesitamos es una versión de Railtrack, o cualquier otra firma parecida, en el aire", dijeron sus portavoces. El ministro de Transportes, John Prescott, pretendía ceder el servicio de control aéreo al sector privado por unos 500 millones de libras (125.000 millones de pesetas).
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