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La justicia de EEUU rompe una lanza en pro de los obreros de las "maquiladoras"

La decisión mejora la suerte de los mexicanos empleados por empresas norteamericanas

La vida a un lado y otro del Río Grande, la frontera que separa México de EEUU, no tiene el mismo precio. Ser víctima de un accidente laboral o de circulación da derecho a fuertes indemnizaciones al norte y escasas reparaciones al sur. A partir de ahora, sin embargo, los trabajadores mexicanos pueden empezar a soñar con ser menos desiguales. La decisión de un juez tejano de admitir a trámite una solicitud de indemnización millonaria a los familiares de obreros mexicanos de una empresa norteamericana instalada en México abre la vía a que el sueño se haga realidad.

Era una mañana lluviosa de finales de 1997 cuando Benito Ramírez, el conductor del autobús en el que viajaban 26 trabajadores mexicanos cerca de Matamoros, en el norte del país, perdió el control del vehículo, que se salió de la calzada, empezó a arder y cayó en una cuneta repleta de agua. Hubo 14 muertos y 12 heridos. Todas las víctimas eran obreros de un taller de Valle Hermoso, en el término municipal de Tamaulipas, de la empresa textil norteamericana Salant Corporation, con sede en Nueva York. Salant fabrica ropa en México para marcas tan conocidas como Warner Bros o Disney.Desde que, a finales de 1992, fue ratificado el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EEUU, México y Canadá, numerosas empresas norteamericanas se han instalado en el norte de México. La mano de obra es más barata -pagan a sus trabajadores entre 1.250 y 1.950 pesetas diarias por jornadas de 10 horas y seis días a la semana-, y las condiciones laborales e higiénicas son peores que del otro lado de la frontera. En total, cerca de 1,1 millones de mexicanos, en su mayoría mujeres, trabajan en las maquiladoras, como se llaman popularmente esos talleres. En 1998 exportaron a EEUU mercancías por valor de 55.000 millones de dólares (8,63 billones de pesetas).

Los heridos y los familiares de los muertos en el accidente decidieron no conformarse con las indemnizaciones a las que les daba derecho la legislación mexicana, y optaron por denunciar a Salant ante el juzgado de distrito 365 en Eagle Pass, una pequeña ciudad tejana donde la compañía norteamericana posee dos almacenes. Pedían 119 millones de dólares (18.700 millones de pesetas) de indemnización.

Joe Phillips, el abogado de las víctimas, argumentó que Ramírez era un empleado de la maquiladora al que se le pidió que, después de su turno de 10 horas, se pusiese al volante, a pesar de que carecía de permiso para conducir vehículos comerciales y había resultado involucrado en algunos pequeños accidentes a causa de su inexperiencia o de fallos en los frenos.

El vehículo era, además, un viejo autobús escolar, en servicio desde hacía 14 años, que sólo disponía de una salida de emergencia y carecía de extintor. Un jefe de bomberos atestiguó que el incendio se desencadenó a causa de un cortocircuito que se produjo cuando el vehículo cayó a la cuneta. "El control y la toma de decisiones sobre el transporte de trabajadores se hizo desde Tejas y a través de los empleados de Salant en Tejas", afirmó Phillips. "En consecuencia, se debe aplicar la legislación de Tejas", añadió, intentando convencer al juez titular del distrito, Amado Abascal, de que admitiese la denuncia a trámite. Así fue. Abascal desestimó los argumentos de Salant, que pretendía que los hechos fuesen juzgados allí donde habían sucedido, en México. Los jurados tejanos suelen ser generosos a la hora de aprobar indemnizaciones, pero los abogados de Salant, una empresa que atraviesa dificultades económicas, confiaban en que la Corte Suprema del Estado de Tejas, reputada por su conservadurismo, anularía la sentencia de Eagle Pass.

Negociación en curso

Ocho meses después, Salant ha recapacitado, desea evitar que el caso se llegue a fallar. Está "negociando directamente [con Phillips] la indemnización que las víctimas cobrarán en Estados Unidos", según explica Manuela Rodrigues, adscrita a la oficina del juez Abascal. "Dentro de un mes, todo debería estar terminado", precisa.La admisión a trámite de la denuncia abre la vía para que el millón de obreros de las maquiladoras pueda reclamar ante los tribunales de EE UU no ya la equiparación de sus sueldos, pero sí una cierta adecuación de sus condiciones laborales y de higiene en el trabajo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de agosto de 1999