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ELECCIONES 13- J Los pactos

El PNV puede perder por primera vez el control de una Diputación foral

Las tres poderosas Diputaciones forales vascas que, en virtud del Concierto Económico pactado con el Estado tienen capacidad normativa fiscal y recaudatoria, pueden dejar de estar gobernadas por el mismo partido, el PNV, que ha perdido la Diputación de Álava en favor del PP. Los nacionalistas de PNV y EA deberán elegir además entre Euskal Herritarrok o los socialistas para gobernar en las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa.

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Por vez primera desde que se aprobó el Estatuto de Gernika hace veinte años, el PNV puede ceder el control de una de las tres diputaciones forales que, no sólo constituyen una importantísima parcela de poder económico, sino que han sido el eje sobre el que ha pivotado su política vertebradora de la moderna Euskadi integrada por las tres provincias vascas. La posible pérdida de la Diputación Foral de Álava -sólo el socialista Fernando Buesa presidió esta Diputación apoyado por los peneuvistas entre 1987 y 1991- puede obligar al PNV a empezar a compartir con otras fuerzas políticas, en este caso el PP y previsiblemente el PSE-EE, las decisiones económicas que cada año se negocian en el Consejo Vasco de Finanzas, hasta ahora sólo integrado por peneuvistas. Este órgano, en el que se sientan el lehendakari y los tres diputados generales, tiene como principal función controlar el estado de las finanzas y establecer los cupos económicos proporcionales que corresponde aportar al Gobierno vasco desde cada una de las tres diputaciones forales.

Además, el poder de estas instituciones forales no reside sólo en su evidente riqueza económica, derivada de su capacidad recaudatoria, sino también de su capacidad normativa fiscal. Estos poderes han sido ratificados tras la última negociación del Concierto Económico con el Estado en 1997 -firmado entre el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, y el entonces consejero Juan José Ibarretxe- y se han evidenciado en la aprobación de la última normativa foral sobre el IRPF, en diciembre pasado, una reforma que simplifica este impuesto y distingue a las tres haciendas vascas.

Precisamente la aprobación por el Parlamento Vasco en 1984 de la Ley de Territorios Históricos (LTH), la ley que establecía la distribución de competencias y poder entre el recién creado Gobierno vasco y las históricas diputaciones forales, supuso la escisión del PNV y el nacimiento de Eusko Alkartasuna, lo que refleja la importancia que ha tenido para los nacionalistas. Aquella pelea se solventó con un reforzamiento de las diputaciones a expensas del Gobierno de Vitoria, lo que las ha convertido en pequeños ejecutivos que cuentan con su propia Hacienda.

El último presupuesto del Gobierno vasco asciende a 793.375 millones de pesetas que le aportan las tres diputaciones. Esta cantidad no está muy lejos del presupuesto global que maneja la Diputación de Vizcaya, que alcanza los 612.417 millones, aunque sólo 117.000 corresponden a los gastos de su propia gestión. Aunque estas cifras se reducen considerablemente en el caso de las Diputaciones de Guipúzcoa y Álava. Esta última tiene un presupuesto anual de 117.000 millones.

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Las Juntas Generales, que ejercen el control parlamentario de las tres diputaciones, han registrado unos resultados que ponen al PNV en una situación sin precedentes. La primacía del PP en Álava le da acceso a esta institución y proporciona a este partido y a su posible aliado, el PSE-EE, una plataforma no sólo de poder económico, sino de defensa de principios políticos que va a hacer necesario el ejercicio del consenso en lugar del frentismo.

En Vizcaya y Guipúzcoa los resultados también sitúan al PNV-EA en situación difícil: tiene que elegir obligatoriamente a su aliado entre Euskal Herritarrok o el PSE-EE, al que ofrece a cambio el gobierno de los municipios en los que el PNV-EA mantiene poder, como San Sebastián, una posibilidad que, al menos en Guipúzcoa, había excluido de sus previsiones.

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