_
_
_
_
_
Reportaje:CONSUMO

Reacción tardía

La crisis alimentaria que vive Bélgica y que preocupa en toda Europa empezó a principios de febrero. El Gobierno belga recibió las primeras informaciones alarmantes a mediados de marzo, y desde el 12 de abril sabía que se habían utilizado sustancias prohibidas para fabricar grasas animales destinadas a piensos. Pero hasta el 28 de mayo, dos días después de confirmar que se trataba de una contaminación por dioxina, no tomó medidas para proteger la salud de los consumidores.A principios de febrero, el dueño de una granja de pollos de Roulers, en Flandes, empezó a sospechar que algo funcionaba mal. Las gallinas ponían menos huevos y éstos tardaban en abrirse o no llegaban a liberar al polluelo. Los veterinarios mandaron analizar el pienso.

Más información
Bélgica acepta las imposiciones de la CE

El 19 de marzo fue detectada la presencia de dioxina. Alertado por el ganadero, el Ministerio de Agricultura abrió una investigación, que pronto concluyó que el problema partía de las grasas que normalmente se añaden a la comida de las aves. Estas grasas llegaron a mediados de enero procedentes de la firma Verkest, una industria ubicada en Flandes. Verkest aseguró que se había aprovisionado en Holanda.

El 12 de abril, los inspectores de Agricultura denunciaron a Verkest por utilizar sustancias prohibidas en la fabricación de las grasas y por añadir grasas vegetales a un producto declarado como 100% grasas animales. El 20 de abril, la denuncia, que no menciona la existencia de dioxina, llega al juzgado de Gante.

Seis días después los análisis demuestran la existencia de dioxina en la alimentación y se toman muestras de pollos y huevos. El 28 de abril, un veterinario informa a Sanidad sobre la presencia de dioxina. Pese a este cúmulo de sospechas y evidencias, el Gobierno belga siguió sin informar del problema a la Comisión Europea.

El 26 de mayo, los análisis realizados en un laboratorio holandés confirman la presencia de dioxina en pollos y huevos en cantidades muy elevadas. Al día siguiente, Agricultura hace público un comunicado en el que habla de "una grave contaminación por dioxinas en alimento para ganado". El 28 de mayo, por fin, Sanidad recomienda la retirada de pollos y huevos del mercado. El 3 de junio, el Gobierno reconoce que también los criadores de porcino han recibido grasas de Verkest y prohíbe la matanza, aunque no ordena la retirada de los mercados. Un día después el Ejecutivo informa de que el problema se ha extendido al vacuno y acaba prohibiendo el sacrificio de pollos, cerdos y vacuno.

Verkest es el proveedor de al menos 10 fabricantes de piensos. Hasta ahora se ha confirmado que tres de estas 10 empresas compraron grasas contaminadas. A su vez, éstas vendieron sus piensos a más de 500 granjas de cerdo, casi 500 de pollo y más de 150 de vacuno .

Los investigadores intentan ahora averiguar si la contaminación por dioxina fue accidental o deliberada.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_