Oposición y asociaciones vecinales critican a Becerril por la "zona azul"
La implantación en Sevilla del sistema de aparcamiento conocido como zona azul le está complicando la vida a la alcaldesa, Soledad Becerril. Escasez de información, falta de consenso con los vecinos e ineficacia son algunas de las críticas que ha recibido el Gobierno municipal y la empresa concesionaria Aussa. El portavoz del grupo socialista, Carmelo Gómez, afirmó ayer que la alcaldesa le pidió al delegado de Tráfico, Mariano Palancar, que la zona azul se estableciera después de las elecciones.
El sistema de aparcamiento de superficie conocido como zona azul, que está en funcionamiento desde el pasado lunes en 140 calles del barrio de El Arenal de Sevilla, se ha convertido en un mar de críticas para la alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril. Lo que parecía, con el visto bueno de todos, que era una forma de facilitar el aparcamiento, descongestionar el tráfico y evitar el impuesto revolucionario de los gorrillas (aparcacohes ilegales), ha supuesto que las asociaciones de vecinos y comerciantes se prodiguen en multitud reparos por lo que consideran un "segundo impuesto". Los residentes de la zona pagan una tarifa de 9.000 pesetas anuales que les da derecho al estacionamiento ilimitado. Los vecinos se quejan de la falta de información por parte del Ayuntamiento, los comerciantes de que el tiempo máximo de aparcamiento, dos horas, es " insuficiente" para las personas que van de compras. Además, el sistema funciona de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 de lunes a viernes y sábados de 09.30 a 14.00 horas, por lo que los gorrillas, vuelven a la carga cuando termina el horario, según estos ciudadanos. La oposición en el consistorio también fustigó a la alcaldesa. El portavoz del PSOE, Carmelo Gómez, acusó a Becerril de "no dar información" y aseguró que Becerril le pidió al delegado de Tráfico y Transportes, Mariano Palancar, que esperara hasta después de las elecciones para implantar la zona azul "por el coste político". Gómez recordó que los socialistas siempre habían estado de acuerdo con esta medida y que cuando estaban en el Gobierno municipal y la llevaron a cabo, el secretario general del PP, Javier Arenas, que era en esos momentos concejal, planteó presentar un recurso de inconstitucionalidad. El portavoz socialista acusó a Becerril de no buscar alternativas para los parados mayores de 40 años (PM-40) que trabajaban como vigilantes de aparcamiento. Tan sólo diez, de los 21 controladores que operan en estos momentos, pertenecen a PM-40. Esta asociación le ha pedido a la empresa concesionaria Aparcamientos Urbanos SA (Aussa), que contrate a más trabajadores. Soledad Becerril, mientras, afirmó que se realizarán cambios y aseveró que se había dado suficiente información.
