Servicio a la sociedad

Diversas circunstancias en RTVE y en muchas televisiones autonómicas señalan en España la peor crisis de la gestión estatal del servicio público: endeudamiento masivo con quiebra técnica y manipulación sistemática por los Gobiernos de turno. Pero ese techo insuperable anuncia también -paradójicamente- la mejor, la gran ocasión, para definir un nuevo y auténtico modelo de servicio público.Numerosos documentos y acuerdos del Consejo de Europa, del Parlamento y de la Comisión de la Unión Europea han balizado el terreno: las radiotelevisiones públicas constituyen un elemento central e imprescindible del pluralismo y la democracia y un instrumento esencial para la defensa de nuestras identidades culturales. A condición de que definan y demuestren su misión de servicio público y su independencia política, y de una proporcionalidad y transparencia financieras que preserven el interés general y legitimen su función social.

El debate, sin embargo, está marcado en España por dos décadas de televisión "de régimen" franquista, opuesta a la televisión de servicio público dominante en Europa, cuya pesada herencia ha determinado hasta hoy una concepción instrumentalista de nuestros partidos y Gobiernos. Sólo en el marco de esa hipoteca histórica es posible entender que el tema se convierta en terreno privilegiado para todos los ejercicios populistas imaginables: desde las propuestas de privatización a través de la SEPI, de cuyo "hospital" las empresas salen tan saneadas con nuestro dinero como privatizadas, hasta la de pagar por programas de servicio público a los operadores privados (con plena ignorancia de que la televisión es programación) o hasta los deseos piadosos de conspicuos neoliberales de dedicar el coste de RTVE al paro o a las bolsas de pobreza...

Sólo también en ese contexto puede entenderse que los grandes partidos parlamentarios parezcan básicamente de acuerdo según sus documentos oficiales y sus demandas mutuas de un Pacto de Estado, pero que no se adopte solución alguna; mientras la deuda, duplicada en los dos últimos años, se agiganta y mientras la programación se degrada hasta el punto, simbólicamente, de convertir la información no ya sólo en "correa de transmisión" de los Gobiernos, sino también a veces en terminal de merchandising. Pero tan grave como en RTVE es la situación de múltiples canales autonómicos, cuyos Gobiernos resisten con la estrategia de don Tancredo a la ruina económica y al clamor por el pluralismo.

La larga experiencia europea, reforzada en los últimos tiempos por grandes países como Alemania, Francia o el Reino Unido, nos evita en este caso tener que inventar fórmulas "originales" y nos marca el camino urgente a seguir:

-Garantías de pluralismo: independencia y autonomía institucional, garantizadas mediante presidentes estables nombrados por los Parlamentos por amplia mayoría y periodos no coincidentes con las legislaturas, además de consejos de administración dignos de tal nombre y de controles parlamentarios periódicos y efectivos.

-Garantías económicas: suficiencia y estabilidad de la financiación pública, regidas por contratos-programa con compromisos específicos, pero también una seria limitación de la publicidad y una gestión y contabilidad rigurosas, con separación de las actividades comerciales (como canales de pago ofrecidos a todas las empresas y soportes).

-Garantías de servicio público: una programación entendida como calidad, diversidad, innovación y exigencia ética, aplicadas a todos los géneros y para todos los públicos, incluidas especialmente las minorías; pero también requerimientos culturales y económicos, como su papel central en la inversión y la difusión del cine y la ficción españolas, y su rol motor en la experimentación tecnológica.

Tales estructuras y misiones del servicio público son aún más necesarias en su vertiente de identidad, cohesión y consenso social en un Estado de democracia todavía fresca, autonómico y plurinacional como el nuestro. Y resultan incompatibles con toda concepción marginal de la radiotelevisión de gestión pública, sin por ello exigir el liderazgo de audiencias a toda costa.

La recreación, instauración más bien, del modelo de radiodifusión pública en España es así la oportunidad de generar por fin un sistema radiotelevisivo equilibrado, capaz de ofrecer a los actores privados una razonable cota de estabilidad a cambio de compromisos fehacientes con los consumidores y con la cultura nacional. Pero ello exigiría, además de la voluntad de los partidos y Gobiernos, la aceptación sincera por la sociedad española de que el sistema mixto radiotelevisivo es el mejor de los posibles, de que el hundimiento de las televisiones públicas no beneficiaría en nada a los actores privados y que la buena salud financiera de estos últimos es también buena para toda la sociedad. Al fin y al cabo, como la legislación vigente establece, ambas constituyen un servicio público por distintas vías.