Defendiendo a licenciados

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cataluña cumple su centenario. Creado en abril de 1899, fue el segundo colegio de este tipo en España -el primero fue el de Madrid- y su larga vida refleja paso a paso la historia del país. El colegio, que nació para defender los intereses de los licenciados que ejercían como profesores de la educación secundaria y que estaban completamente desprotegidos, ha evolucionado junto a la sociedad catalana. En 1911 sólo tenía 64 colegiados, actualmente tiene 15.000. La situación de la enseñanza en España a finales del siglo pasado era muy precaria no sólo para los alumnos, sino también para los docentes. La falta de control administrativo sobre la enseñanza secundaria provocaba toda clase de intrusismo profesional, lo que producía todo tipo de fraudes. El más generalizado consistía en ceder el título, a cambio de dinero, a personas que ejercían la docencia sin ser licenciados. En 1906, el colegio consiguió convertirse en una corporación oficial, lo que comportaba la colegiación obligatoria de los licenciados. Posteriormente se obtuvo el derecho de los profesores a participar en los tribunales de examen de sus alumnos. El diputado lerrouxista Hermenegildo Giner de los Ríos, hermano del creador de la Institución Libre de Enseñanza, se encargó de esta tarea. Su personalidad política, que mezclaba el reformismo social con el anticatalanismo -era contrario al uso de la lengua catalana en la enseñanza-, hizo que el colegio cayera bajo la influencia del republicanismo de Lerroux, lo que influyó en que no se adhiriera a la campaña de 1918 por el Estatuto de autonomía. En 1931 cambió el panorama político, lo que se reflejó en la nueva junta del colegio. El republicanismo lerrouxista había derivado en ambiguas posiciones de centroderecha y el catalanismo dominaba la escena. Ello permitió elegir como decano a un afiliado a la Lliga Regionalista, Joaquim Balcells -excelente traductor al catalán de los clásicos latinos-, que supo mantener al colegio alejado de la polarización política que dominaba en el resto de España y luchó para que el catalán fuera enseñado también en el bachillerato junto al castellano. Durante los años treinta el colegio impulsó, junto a la Generalitat, una serie de medidas progresistas, como la gratuidad, la aconfesionalidad y la coeducación. En el plano profesional, propuso la equiparación de los estudios de los docentes de primaria y de secundaria. Durante la guerra civil, el colegio no pudo evitar la embestida de la marea revolucionaria y como mal menor se adhirió al Consejo de la Escuela Nueva Unificada de Cataluña (CENU), controlado, bajo la supervisión de la Generalitat, por la CNT y la UGT. En 1937, un decreto del Gobierno republicano disolvió los colegios profesionales y sólo se salvaron los de abogados y médicos. La guerra afectó especialmente en el plano personal al ex decano Balcells, quien, para huir de la venganza de un profesor auxiliar -un oscuro personaje llamado Chinchilla que se afilió a la CNT en los primeros días del conflicto-, tuvo que exiliarse y murió aquel mismo año en Suiza. Después de la guerra, el colegio fue restaurado, pero perdió su carácter democrático y se convirtió en un instrumento de control en manos de Estado franquista. En 1945, todos los colegios fueron unificados en el Consejo Nacional de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. A principios de los cincuenta seguía bajo el férreo control del régimen, como demuestra el telegrama de "entusiasta adhesión con motivo del aniversario de la liberación de Barcelona", enviado a Franco en 1951. Sin embargo, en 1954 empezó una tímida democratización de los cargos electivos y los decanos pudieron volver a ser elegidos por los colegiados. Esto abrió la puerta, según el historiador Albert Balcells -que ha realizado un laborioso trabajo de investigación sobre la trayectoria de la corporación-, "a la conversión de los colegios en islas democráticas dentro del contexto político antidemocrático". La intromisión del régimen franquista también afectó a los licenciados, quienes para poder colegiarse debían presentar un certificado de persona "afecta al Glorioso Movimiento Nacional". Sin embargo, no todo fueron inconvenientes. Durante el franquismo, se llevaron a cabo muchos proyectos que habían quedado aparcados antes de la guerra: se creó la tan ansiada mutualidad y el colegio pudo colaborar oficialmente con la inspección para evitar el fraude del alquiler de títulos de licenciado, una lacra que se arrastraba desde el siglo XIX. El colegio, que siempre había mantenido una prudente aconfesionalidad, fue dominado totalmente por el nacionalcatolicismo imperante. Durante los años sesenta se inició una democratización de la junta del colegio. En 1963, se presentó la primera candidatura para decano, encabezada por Ramon Fuster i Rabés, que perdió frente al falangista Emilio Martínez de Laguardia por sólo 100 votos de diferencia. Finalmente, en 1969, la candidatura de Fuster logró ganar a la continuista. A partir de ese momento, explica Balcells, "la historia del colegio entró en un nuevo periodo" ya que, pese a los obstáculos que seguía poniendo el franquismo, dejó de estar controlado interiormente por la dictadura. Fuster, decano hasta 1976, fue uno de los personajes más importantes del colegio. Catalanista, católico y luchador antifranquista, fue editorialista de la revista cristiana Forja, que era el boletín de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, y uno de los fundadores de la revista infantil Cavall Fort. El triunfo de Ferrer fue posible gracias a la unión de los dos sectores antifranquistas del colegio: el democristiano -con el apoyo del socialismo de Josep Pallach- y el marxista, dominado por la hegemonía del Partit Socialista Unificat (PSUC) y bajo el liderazgo de Eulàlia Vintró. Con la muerte del dictador, estos dos sectores entraron en pugna, de forma parecida a lo que sucedía en las primeras elecciones democráticas. Lo que en febrero de 1977 separaba a ambos sectores era la concepción del nuevo modelo educativo que debía implantarse en Cataluña: los marxistas eran contrarios a la escuela privada y reclamaban su desaparición, mientras que los afines a la democracia cristiana y a la socialdemocracia defendían la escuela pública, pero también la existencia de los centros privados. La tensión que alcanzaron aquellas elecciones para renovar la junta de gobierno queda demostrada en el alto grado de participación de los colegiados, y también en los ataques verbales utilizados. El padre Francesc Riu, actual secretario general de la Escuela Cristiana de Cataluña, escribió en La Vanguardia que la candidatura de Eulàlia Vintró defendía una "escuela única y marxista". La normalización de la vida política catalana redujo de forma considerable la tensión dentro del colegio, que no se había producido ni siquiera en la II República. La candidatura para renovar la junta de 1980 se produjo ya por consenso, y ésta sigue siendo la tónica predominante, como señala la decana, Josefina Cambra. Son muchos los retos de futuro, indica Cambra, aunque destaca algunos: en primer lugar, tratar de disminuir la insatisfacción de los profesores de secundaria, debido a la reforma educativa. Esto se puede conseguir mejorando la aplicación de la reforma y ampliando la formación de los docentes. Otro reto es disminuir el alto nivel de paro de los licenciados. Para conseguirlo, el colegio lleva a cabo cursos de formación ocupacional y dispone de bolsa de trabajo.