La Diputación de Guipúzcoa recurrirá ante el Supremo la anulación de los incentivos fiscales

VIENE DE LA PÁGINA 1 El diputado guipuzcoano de Hacienda Antton Marquet denunció el "acoso judicial contra el Concierto Económico". Félix Ormazabal, diputado general de Álava fue todavía más allá y relacionó la sentencia con "una campaña orquestada desde Madrid por los partidos estatalistas de acoso y derribo contra todo lo vasco", informa Eduardo Ortiz de Arri. El dirigente nacionalista recordó que la Administración central tiene presentados "de 65 a 70 recursos contra normativas de las administraciones vascas". En concreto, ha recurrido 11 de las 14 normas fiscales dictadas por la Diputación alavesa durante esta legislatura. Ormazabal responsabilizó a PP y PSOE de la "campaña" contra la capacidad normativa de las instituciones forales. "Les gustaría que este país estuviera de rodillas, hundido en la miseria y que si hubiera terrorismo mejor", aseguró para añadir que "ni siquiera Franco cuestionó en Álava y Navarra el Concierto Económico". Frente a las tesis nacionalistas, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía Rodrigo Rato aseguró en Bilbao que la sentencia no cuestiona el Concierto Económico sino que juzga "un caso concreto y una aplicación concreta" del mismo. El titular de Economía respondió a las declaraciones de los diputados vascos diciendo que no siempre se puede achacar "la responsabilidad al Gobierno de Madrid". Subrayó además que Ormazabal "debería saber, y lo sabe", que el Ejecutivo central ha aumentado las capacidades normativas del Concierto con su ampliación y ha defendido la existencia del régimen foral en el Código de Conducta europeo aprobado en 1997. "Receta democrática" "Cada cual debe ser responsable de lo que hace, esa es una buena receta democrática", añadió Rato, quien se reunió ayer con antiguos licenciados de la Universidad Comercial de Deusto. Durante el encuentro, el ministro de Economía anunció que el Gobierno central retirará algunos recursos interpuestos contra normas forales al "haber sido superados por el tiempo", si bien mantendrá otros que "vulneran las normativas" que tienen las Haciendas vascas. La sentencia del Tribunal Superior del País Vasco que ha crispado los ánimos en las Diputaciones y el Gobierno vasco da la razón al recurso interpuesto por el Gobierno central contra los incentivos de Guipúzcoa a las grandes inversiones por considerar que la norma vulneraba el Concierto. En el fallo, los magistrados vascos han coincidido en sus consideraciones con las que utilizó la Comisión Europea para declarar ilegales parte de las subvenciones concedidas a la multinacional coreana Daewoo por instalarse en Vitoria. Especialmente el crédito fiscal por el 45% de la inversión (recuperable en cinco años mediante de exención de impuestos a los beneficios) que le dio la Diputación de Álava . El dictamen de la Comisión Europea asegura que estas exenciones tributarias "distorsionan la competencia" y son "incompatibles" con el Tratado de Roma, mientras el tribunal vasco califica esas ayudas forales de "discriminatorias" y "desproporcionadas". La batalla sobre los límites de la capacidad normativa vasca en materia fiscal no ha terminado, ya que el Tribunal de Luxemburgo debe dictaminar sobre una consulta prejudicial planteada por el TSJPV en el sentido de si una ventaja fiscal que se aplica sólo en una parte de un Estado miembro tiene o no el carácter de "ayuda estatal" y es incompatible con el Tratado de la Unión. El diputado de Álava relacionó ayer la sentencia con el informe de la Unión Europea sobre las ayudas a Daewoo. Ormazabal se ofreció a "someter el Concierto a las instancias europeas, pero en igualdad de oportunidades" y citó como ejemplos Irlanda y Gran Bretaña, donde los impuestos de sociedades tienen unos tipos del 10% y el 30%, respectivamente. La otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que anula la capacidad de condonar deudas a empresas de la Diputación de Vizcaya, agudizó el malestar en las instituciones vascas. Según aseguró un portavoz de la institución foral vizcaína, sólo con Altos Hornos de Vizcaya se ha utilizado la potestad de perdonar pasivos a las empresas de esta provincia. En sintonía con las Diputaciones, la patronal guipuzcoana Adegi calificó el fallo judicial de "nuevo ataque contra el Concierto Económico", mientras Confebask resaltó que los pronunciamientos judiciales dispares en materia fiscal provocan "incertidumbre" y colocan a las empresas en "una grave situación de indefensión". Por su parte, Isaías Monforte, secretario de la Federación de Empresarios de La Rioja (Fer) declaró a Efe que la sentencia "pone a las Administraciones vascas bajo sospecha". Igualmente, el diputado de Hacienda de La Rioja, Juan José Muñiz, aseguró que el fallo judicial "avala nuestra tesis de que determinadas actuaciones del País Vasco provocan desigualdades y desventajas legales en las comunidades vecinas".