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Cataluña tendrá la primera ley de España de mediación familiar para casos de ruptura

El Consejo Ejecutivo de la Generalitat aprobará la próxima semana el anteproyecto de ley de mediación familiar, una legislación pionera en España que pretende evitar que los conflictos que se crean en los casos de divorcio y separación lleguen a los tribunales, así como facilitar una resolución pactada y amistosa entre las dos partes, lo que redunda en un menor perjuicio para los hijos. Desde 1991, en Cataluña ya se ha venido practicando la mediación familiar intrajudicial. Se ha intervenido en 500 casos, de los que un 76% se ha resuelto con un acuerdo total o parcial.

La nueva ley fue presentada ayer por la consejera de Justicia, Núria de Gispert, quien pretende aprobarla en el Parlamento catalán durante esta legislatura, probablemente en el mes de mayo. La normativa no entraría en vigor hasta unos meses después de salir publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOG), ya que se deberá desarrollar la reglamentación y crear el Centro de Mediación Familiar de Cataluña. Se trata de un servicio adscrito al Departamento de Justicia que gestionará un registro de profesionales dedicados a la mediación y homologará la formación especializada que se exigirá a las personas que realicen esta tarea. Podrán ejercerla licenciados en Derecho y en Psicología, así como trabajadores y educadores sociales. El anteproyecto de ley no concreta qué tipo de formación deberán recibir los mediadores, pero De Gispert comentó que en Francia -uno de los dos países europeos, junto con Gran Bretaña, que han regulado por ley la mediación familiar- se exige a los profesionales unos cursos de 450 horas. Aumento de divorcios Según la consejera Núria de Gispert, uno de los motivos por los que su departamento ha optado por regular por ley la figura del mediador familiar es el aumento del número de divorcios y separaciones registrado en los últimos años. En 1996 se celebraron en Cataluña 29.939 matrimonios y hubo 7.468 divorcios y 10.215 separaciones. Diez años antes, el número de matrimonios era casi el mismo, pero el de divorcios era sólo de 4.304 y el de separaciones 5.253, casi la mitad que en 1996. Según la consejera de Justicia, la nueva ley pretende proteger a la familia en caso de ruptura y "muy especialmente a los coprotagonistas en negativo de estas situaciones de crisis: los hijos". Las experiencias en Francia y Gran Bretaña, que regularon la mediación familiar en los años 1995 y 96, respectivamente, y la aportación de Estados Unidos, donde ya se empezó a practicar en los años setenta, demuestran que la intervención de un mediador disminuye la tensión en el seno familiar en los procesos de ruptura. A través de la mediación se consiguen soluciones más satisfactorias, porque no las impone un juez, y se consigue que las dos partes cumplan los acuerdos con mayor agrado. De Gispert destacó que en ningún caso la mediación puede ser impuesta por el juez, sino que debe ser aceptada por los dos miembros de la pareja, que pueden optar finalmente por la vía contenciosa si la solución negociada resulta imposible. Los acuerdos alcanzados a través de la mediación deberán ser ratificados por los jueces, que se convertirán en "legalizadores" de unas resoluciones ya pactadas. De esta manera, los procesos de divorcio y separación llegarán a los juzgados con las cuestiones más conflictivas del proceso ya resueltas, lo que agilizará el proceso, abaratará los costes finales y descongestionará los juzgados. Pueden solicitar la mediación las parejas unidas en matrimonio que quieran llegar a un acuerdo sobre la custodia de los hijos o sobre las pensiones económicas. También podrán optar por la mediación familiar las parejas reguladas por la reciente ley de uniones estables, así como las personas que, sin necesidad de formar pareja en la actualidad, tengan hijos comunes menores de 18 años o discapacitados. El acceso a un mediador familiar será gratuito para aquellas personas que, a causa de sus ingresos limitados, también tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita. El anteproyecto de ley establece que el proceso de mediación no podrá exceder los tres meses, con prórroga de un mes. Según la consejera, se necesitará una media de seis sesiones para alcanzar un acuerdo. Núria de Gispert resaltó el carácter pionero de la ley en España y recordó que Cataluña ya se avanzó en el ámbito civil con la aprobación de la Ley de Uniones Estables de Pareja. La consejera anunció que el Gobierno estatal apostará también por regular la mediación familiar durante unas jornadas sobre este tema que se celebrarán dentro de unas semanas en Valladolid.

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