Chaves esperará al dictamen judicial sobre las 35 horas en la Administración
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de suspender la aplicación de la semana laboral de 35 horas entre funcionarios de ocho ayuntamientos y de la Diputación de Barcelona, ha cogido al Gobierno andaluz con el paso cambiado. El presidente autonómico, Manuel Chaves, aseguró ayer que la Junta "esperará" a la decisión del TSJC sobre el recurso planteado por la Delegación del Gobierno en Cataluña antes de aprobar la reducción de jornada en la Administración autonómica.
Chaves quiso dejar claro que la decisión del Tribunal catalán hace referencia a la implantación de semana laboral de 35 horas en la Administración pública. "No hay base legal ni jurídica para recurrir el decreto de la Junta", dijo, en alusión a la norma acordada con los sindicatos para incentivar la reducción de jornada en las empresas privadas. "Hay que ver la jurisprudencia que sienta [el TSJC]", indicó el presidente andaluz en Palencia, donde asiste a unos encuentros organizados por el PSOE. El Tribunal Superior de Cataluña ha suspendido las decisiones de los ayuntamientos y la Diputación de Barcelona para comprobar si la reducción de jornada entra en colisión con la Ley de Bases de Régimen Local que establece las 37,5 horas para los funcionarios del Estado. La Delegación del Gobierno en Andalucía también ha promovido, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la impugnación de los acuerdos de todos los ayuntamientos de la región que aplican entre sus funcionarios la semana de 35 horas. "El Ejecutivo cosechará un fracaso si insiste en la vía judicial", advirtió la consejera de Gobernación, Carmen Hermosín, quien explicó ayer en comisión parlamentaria el proyecto de reducción de jornada para los funcionarios autonómicos que, según sus cálculos, estará listo "en el primer semestre".
Pimentel admite que el decreto andaluz de jornada reducida es legal
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, aseguró ayer en Málaga que el Gobierno central "no piensa recurrir la decisión de la Junta de Andalucía de incentivar la jornada laboral de 35 horas porque no incumple ninguna ley". Pimentel explicó que el motivo por el que el Estado está impugnando ante los tribunales los acuerdos suscritos en algunos ayuntamientos -entre ellos, el de Málaga- para la implantación de la jornada de 35 horas entre sus funcionarios, es porque este tipo de acuerdos sí incumplen el Estatuto de los Trabajadores, cuya modificación, indicó, "no es en absoluto competencia de las corporaciones locales". "En este Estatuto se establece que la jornada máxima en España es de 40 horas semanales. Las empresas privadas pueden firmar convenios laborales por menos horas, pero los funcionarios municipales están sujetos a las mismas regulaciones que los del resto del territorio nacional, y por tanto, en estos casos, los abogados del Estado recurren de oficio". El decreto de la Junta, en opinión del ministro, es "totalmente legal, pero ineficaz". Comentó que "el debate sobre la jornada de 35 horas está levantando mucha polvareda, pero lo que no se termina de ver son resultados claros". "Además", añadió, "Andalucía no es la primera comunidad autónoma donde se está impulsando la jornada de 35 horas. Otras comunidades, como Cataluña, Castilla-León y Galicia, lo han hecho antes".
