Un ex auditor del Banesto de Conde admite el escaso control sobre la entidad
Alfonso Naranjo, que tuvo diversas responsabilidades en el equipo de auditoría interna en el Banesto presidido por Mario Conde, puso ayer de manifiesto el escaso control interior que existía en la entidad. Naranjo, que declaró como testigo en el caso Banesto, señaló que se habían detectado "problemas" antes de que el Banco de España inspeccionara a fondo la entidad, pero que "hasta ese momento" nunca se habían "puesto a sumar" los desfases. Cuando sumó, le dio un agujero de 330.000 millones, lejos de los 605.000 millones descubiertos por el Banco de España.
El ex auditor admitió que gran parte de la contabilización de la morosidad se hacía manualmente, lo cual fue refrendado por otro de los testigos que pasó ayer por el tribunal que juzga el caso Banesto, Joaquín Pérez Iglesias. Éste, que fue subdirector general de Intervención de la entidad con Conde, dijo que era casi imposible llevar correctamente la contabilización de los morosos. Naranjo reconoció que estaban fuera de control de su unidad las operaciones relativas a la Corporación Industrial y admitió que "no todas las operaciones del banco pasaban por la auditoría interna". A preguntas del fiscal Luis López Sanz se pudo apreciar que Naranjo -responsable de las auditorías de los servicios centrales y las filiales financieras, en un principio, y de la red de oficinas, después- no conocía, o al menos no había analizado en profundidad, operaciones llevadas a cabo por Banesto, por ejemplo, con el grupo Oasis, con Carburos Metálicos o con La Unión y El Fénix. Estas operaciones generaron serias pérdidas para Banesto, tal y como se puso de relieve en el informe definitivo de la inspección del Banco de España que dio lugar a la intervención de la entidad el 28 de diciembre de 1993. Naranjo aludió a la existencia de fiduciarias ligadas a la entidad, aunque matizó que estaban fuera del control de la auditoría interna, así como a determinadas operaciones en las que el precio pagado estaba por encima de lo tasado. El testigo defendió un informe que se puede vincular a la Operación Locales, que afecta a Fernando Garro, en el que se destaca que diversas compraventas se pagaron con cheques que se cobraron en una misma sucursal. "Era una situación anómala", destacó.
Antes de la declaración de Naranjo prestó testimonio el inspector de policía responsable del informe sobre la Operación Carburos, una de las analizadas en el proceso. Esta operación consiste en el presunto desvío de 1.344 millones de pesetas (18,5 millones de francos en 1990) procedentes de la multinacional estadounidense Air Products. El inspector ratificó ayer en todos sus extremos el informe, que tiene fecha de cierre en octubre de 1995. Sus principales conclusiones son que queda demostrada la existencia de una prima pagada por Air Products por unas opciones sobre acciones de Carburos, que debían haber ingresado en Banesto y que no lo hicieron. Este último extremo fue ratificado ayer por Joaquín Pérez en su declaración.
El estudio policial también considera probada la intervención directa en la operación de Arturo Romaní y varios altos cargos de Air Products (Ronald Sullam y James McMahan), así como la intermediación en algunos momentos de Rafael Pérez Escolar. El inspector declaró que la intervención de Mario Conde sólo aparece de manera indirecta en una carta dirigida a él por Jacques Hachuel. Precisamente, Hachuel está relacionado porque los 1.344 millones de pesetas de Air Products fueron a parar a una sociedad domiciliada en Liechtenstein denominada Mariella Real State. Posteriormente, esa cantidad se dividió en dos partes: 17,1 millones de francos suizos fueron a Peter Schwarz, abogado presuntamente ligado al Banesto de Conde, en tanto que el resto se quedó en Mariella.
Los abogados de la defensa trataron de restar importancia al informe, alegando que no había tenido en cuenta algunos documentos clave de la Operación Carburos.
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