Un edil expulsado por los populares sugiere nuevas irregularidades

Tras conocerse que la fecha en la que el ex consejero y ex alcalde de Orihuela Luis Fernando Cartagena tramitó el proyecto de delimitación del suelo urbano de la costa de la ciudad (julio de 1988), coincide con la supuesta suscripción por parte del mismo de las cesiones de crédito del Santander, el concejal expulsado del PP Jesús Ferrández dijo ayer que "si al promotor que resultó perjudicado, Justo Quesada, le costó dinero esa operación, que lo diga de una vez". El plan urbanístico fue anulado en primera instancia por el Consell, e invalidado definitivamente por el Tribunal Supremo en 1997. Ferrández aseguró tener constancia de la existencia de un cheque por importe de unos 47 millones de pesetas con el se pudo pagar una de las cesiones de crédito. "Yo no puedo confirmar que Mil Palmeras [mercantil que reclama ahora al Ayuntamiento 21.600 millones de indemnización por la frustrada recalificación de sus terrenos en la costa] diera ese cheque a Cartagena, pero sí está demostrado que la fecha de ese cheque coincide con la suscripción de las sesiones de crédito", dijo. Tras aprobarse la recalificación, Mil Palmeras comenzó a urbanizar y a transmitir viviendas a terceros que, según la mercantil, fueron inscritas en el registro de la propiedad y disponían de cédula de habitabilidad. Dos años después, en julio de 1990, Orihuela aprobó el Plan General de Ordenación Urbana y calificó como urbanizable el suelo que en julio de 1988 había declarado como urbano. Esa modificación tuvo su origen en la impugnación que la Generalitat Valenciana, entonces dirigida por el PSPV, formalizó contra el proyecto de delimitación del suelo urbano de la costa. El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia valenciano, que resolvió el 17 de julio de 1992 a favor de la suspensión. El recurso en casación, interpuesto por Mil Palmeras y otras promotoras afectadas, lo resolvió la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo el 23 de diciembre de 1997, que dio la razón al Consell y acabó de frustrar la operación. Por otro lado, el edil del Grupo Mixto advirtió ayer que "un nuevo pelotazo urbanístico" está en ciernes en la costa oriolana. Ferrández explicó que el alcalde "ha querido colar" en la comisión de Urbanismo la aprobación de un plan de actuación urbanística que supondría unos beneficios para el promotor de más de 700 millones de pesetas en detrimento del Ayuntamiento. Ferrández afirmó: "Amenacé con llevar el caso al juzgado si se aprobaba, pero el alcalde lo retiró".