_
_
_
_
_
Tribuna:
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Chile: una democracia sólida sólo se construye sobre la verdad

La sentencia de la Cámara de los Lores en Inglaterra negando la inmunidad del general Pinochet está demostrando una vez más al mundo entero cuáles son los valores defendidos por los Estados europeos y de una manera efectiva cómo funciona la separación de los poderes en la práctica en un Estado de derecho.

Lo que parece tan evidente en Europa no lo es para el Gobierno chileno, que considera a los poderes ejecutivos de España e Inglaterra como simples buzones de las decisiones del poder judicial y se sigue volcando en una defensa poco explicable al dictador, aludiendo al manoseado concepto de la soberanía chilena y a razones humanitarias para forzar el regreso del general.

Sin embargo, en Chile éste ha sido el mejor detonante que está permitiendo a la sociedad chilena expresarse, aunque aún tímidamente, después de tantos años de miedo y silencio. Por primera vez se habla de enviar a "su casa" al dictador (quitarlo del Parlamento) y por primera vez también algunos parlamentarios se desmarcan de las posiciones oficialistas y denuncian la falta de garantías para realizar un juicio al general en Chile.

El dossier de "los derechos humanos", como se le llama lacónicamente al asesinato de muchos hombres y mujeres cuya versión oficial es que "están desaparecidos", por primera vez también comienza a cobrar fuerza.

Parece increíble que después de casi 10 años de Gobierno democrático (cuatro años de Gobierno del presidente Aylwin, a quien le correspondió realizar la transición, y cinco años del Gobierno del presidente Frei), Chile continúe con la misma institucionalidad establecida por el dictador, es decir, una "democracia vigilada". Especialmente durante el último periodo, el Gobierno chileno no ha sido capaz de iniciar una reforma política conducente hacia una normalización del sistema democrático.

¿Qué pasa en Chile? Bajo una justificación legalista por excelencia de respeto al sistema constitucional vigente, que paradójicamente fue impuesto por un violador de la democracia, se esconde esencialmente un miedo irracional de una mayoría de los políticos a un nuevo golpe militar que echaría por tierra todos los "avances logrados en el ámbito de la política económica" de la cual se sienten muy orgullosos. Sin embargo habría que preguntarse: ¿sobre qué bases se ha construido esa política económica?, ¿a costa de cuántas concesiones hechas por el sistema democrático?, ¿ha participado el pueblo chileno en estas decisiones? La única decisión política, conducente a un cambio institucional, permitida al pueblo chileno ha sido la de decir no a la continuidad de Pinochet como presidente, un no que desgraciadamente incluía el paquete completo de medidas de continuidad del régimen y la preservación del poder del dictador.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete

Digo bien, la preservación del poder del dictador, pues en la práctica el senador vitalicio goza de una influencia ideológica importante sobre los militares, que representan una generación posterior a la suya, muy jóvenes en el momento del golpe, que no conocen, por tanto, de manera exacta sus entretelones y a quienes mantiene convencidos de su papel de "garantes de la democracia" frente a la amenaza del "comunismo totalitario". Todo ello sabiamente aprovechado por una derecha pinochetista la cual todo lo justifica con el crecimiento económico del país.

Ser garantes de la democracia su pone la implicación concreta de las fuerzas armadas en las instituciones políticas chilenas, como es el caso del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) formado por representantes de las fuerzas armadas, del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Igualmente, las fuerzas armadas se encuentran actualmente implicadas en la protección del general, como resultado del decreto-ley aprobado por el Gobierno que responsabiliza al Ejército de la seguridad del ex dictador, poniéndole a su disposición alrededor de 90 hombres (oficiales y soldados y una parte de las fuerzas armadas de élite).

Cabría preguntarse si esta peculiar institucionalidad fue realmente el propósito de todos los miembros de las fuerzas armadas que participaron en el golpe militar y que avalaron el liderazgo del general Pinochet, o bien si el trabajo del general fue más bien el de manipular a muchos de ellos y deshacerse de otros para lograr sus propios propósitos, arropados por los grupos ultraderechistas.

En el caso, por ejemplo, del Ejército, de los 24 generales que participaron en el golpe militar, cuatro años más tarde sólo permanecían en sus puestos cinco de ellos. Es impresionante recordar el artículo aparecido en la revista española Primera Plana (octubre de 1977), donde bajo el título Pinochet elimina a sus generales.., como Saturno devora a sus hijos va mostrando y explica una democracia sólida, que permitiera una estabilidad política, en ese momento bastante precaria. Estabilidad que desgraciadamente los partidos políticos de aquel entonces no fueron capaces de lograr a través de los instrumentos democráticos de que disponían.

Es el caso, por ejemplo, del general Augusto Lutz Urzúa, director del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en el momento del golpe militar y cuya muerte, aún difícil de explicar para su familia, puede ser uno de los casos que corroboran lo dicho.

El libro editado en España De improviso, la nada. Testimonio de prisión y exilio, escrito por el ex senador y presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Eric Schnacke —quien gracias a la intervención del ex presidente Felipe González pudo salir de prisión y exiliarse en España—, muestra cómo el general Lutz, dos meses después del golpe militar, visita a este senador detenido en la Academia de Guerra Aérea para pedirle la elaboración de un informe sobre las fuerzas democráticas de los partidos de izquierda con las que se podría contar para una vuelta a la democracia. ¿Qué pasó con dicho informe? El general Palacios, otro de los protagonistas, director de Instrucción del Ejército en ese momento, asegura años después en la revista chilena APSI(septiembre de 1990): "Siempre pensé que se iba a producir el cambio y se iba a entregar el poder a los civiles". Igualmente, el general Arellano ha afirmado actualmente: "Mi primera confrontación con Pinochet fue a causa de mi convicción de que los mili tares sólo debíamos permanecer los tres años que restaban para la conclusión de la presidencia de Allende".

El general Lutz, quien se desempeñó a partir de noviembre de 1973 como secretario de la Junta Militar, fue apartado del poder por el general Pinochet bruscamente en junio de 1974 y enviado a la ciudad más austral de Chile, Punta Arenas, donde cinco meses más tarde se enfermó de manera repentina. Después de muchas dificultades fue trasladado al Hospital Militar de Santiago, donde sorprendentemente su muerte fue anunciada por los medios de comunicación varias veces durante su estadía. Como consecuencia de diversos "accidentes" ocurridos durante su tratamiento médico, murió el 28 de noviembre de 1974, justamente hace 24 años.

Resulta paradójico que este general haya sido acusado en la película Missing de Costa Gavras de haber intervenido en la muerte del periodista norteamericano Charles Horman en las primeras semanas del golpe. Este hecho sería importante de aclarar.

Otros casos de muertes de generales se producen también durante 1974 y 1975. El general Prats, ex comandante en jefe del Ejército y defensor del sistema constitucional durante la presidencia de Salvador Allende, a quien la Junta Militar decide enviar a Argentina por razones de seguridad, muere salvajemente asesinado junto a su mujer producto de una bomba puesta en su coche el 30 de septiembre de 1974. Prats le había manifestado al entonces agregado militar coronel Ossandon en Argentina que "había un oficial chileno averiguando datos sobre su vida". El general Bonilla que, con Lutz y otros generales, se opuso al nombramiento de Pinochet como jefe supremo de la nación, muere trágicamente como consecuencia de un accidente de helicóptero en marzo del año 1975. Su hijo Eduardo Bonilla declaraba en 1996, en la revista chilena Hoy sus sospechas sobre una posible bomba puesta en el helicóptero. Muchos otros generales han sido objeto de vejaciones a causa de sus discrepancias con los procedimientos empleados, como el general Joaquín Lagos, el general Héctor Bravo, etcétera.

Existe en Chile una cierta conciencia de que la actuación de la Dirección de Información Nacional (Dina), que actuó impunemente durante muchos años, haya estado posiblemente detrás de muchos de estos hechos.

Con el informe Rettig sobre los derechos humanos elaborado durante el periodo del presidente Aylwin y la ley de amnistía que perdona los delitos políticos, el Gobierno parece haber cerrado de manera pragmática una etapa de la historia que ha dejado huellas muy profundas en el corazón de todos los chilenos. (militares y no militares), que sin embargo es importante clarificar de cara a la nueva generación de jóvenes. Ellos deben conocer los hechos reales y aprender que nada puede justificar la violación del sistema democrático. Muchos de los protagonistas continúan aún con vida, y posiblemente a través de ellos podamos conocer con serenidad y sin ánimo de revanchismo cuál fue la verdadera historia de ese periodo de Chile. Es la única vía posible para comenzar a construir una democracia sólida.

Hay que reconocer que Europa ha jugado un papel muy importante para Chile como garante de los derechos del hombre en el pasado y lo está jugando actualmente como impulsora de este proceso de esclarecimiento. Inicialmente abrió sus puertas a miles de exiliados chilenos que fueron acogidos en diferentes países de Europa desde 1973, los que al integrar las listas negras estuvieron forzados a permanecer fuera de su país durante muchísimos años. Actualmente, Europa ha abierto la posibilidad de un proceso judicial contra el dictador lo que hace algunos meses era una utopía para los chilenos para muchos ciudadanos en el mundo que aún creen en el respeto a los valores democráticos.

Olga Lutz es socióloga y abogada.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_