La vida en tierra de nadie en Colombia
"El despeje es bueno para la paz. Pero estaba preocupado: de pronto entran los paramilitares agresivos, nos tildan de guerrilleros y hacen una matanza. Ahora estoy tranquilo", dijo a este periódico Carlos, un campesino de más de 80 años, al salir de la reunión en la cual se creó, en San Juan -una aldea a orillas del río Losada- una red de seguridad ciudadana. Alirio, también campesino, de pelo blanco y ojos tristes, les advirtió: "Ni la guerrilla, ni el Gobierno nos van a defender. Tenemos que hacer el control nosotros mismos. Hay que estar alerta".Carlos escuchó recostado contra la pared de madera del salón donde se realizó la reunión sin quitarse su poncho del hombro y sin quitarse tampoco el sombrero; salió contento. "La guerrilla quiere un sitio y una ley, ellos tienen una lucha tremenda", opina.
San Juan pertenece a San Vicente del Caguán, uno de los cinco municipios en los cuales, desde el sábado pasado y durante tres meses, no habrá ni policías ni militares, condición exigida por la guerrilla para iniciar un diálogo de paz y a la que el presidente Andrés Pastrana ha accedido. Cuando se verifique este despeje, el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal guerrilla del país, se sentarán a hablar. Pero ya hay desacuerdo por 150 soldados, bachilleres que cumplen su servicio militar, desarmados, que permanecen aún en la zona.
San Juan son tres calles y 150 casas de madera. Al bajarse de la canoa -hasta los coches tienen que cruzar el río en dos canoas amarradas, pues del puente iniciado hace años, y en el que se han gastado millones, sólo están los cimientos- lo primero que se ve es una tabla colgada de un árbol con la lista de multas: "Insultos, 50.000 pesos; chismes, 50.000; amenaza con arma blanca, 100.000; con arma de fuego, 200.000". Las FARC son las encargadas de que se paguen. "Estamos acostumbrados a la guerrilla, pero al Gobierno, no; por eso la gente se asusta", comenta un líder comunal.
La situación es igual en los 42.000 kilómetros cuadrados desmilitarizados -una extensión un poco mayor que Extremadura- desde el sábado: la guerrilla es, desde hace años, la autoridad real. Hasta los alcaldes, de cuando en cuando, tienen que rendir cuentas a los muchachos.
No se esperan grandes cambios en estos tres meses. "La diferencia va a ser cosmética; normalmente los guerrilleros llegan a las aldeas vestidos de civil; ahora se pondrán uniformes", dice el padre Allen Van, un cura gringo de dos metros de alto, que anda por los caseríos a orillas del río Caguán con su sombrero de campesino del Caribe, un morral a las espaldas, y un megáfono con el que invita a la población a la misa y al rosario. Desde hace días reza por el despeje, la paz y la liberación de los retenidos por las FARC, soldados y civiles.
Los insurgentes construyen carreteras (las hacen secuestrando maquinaria oficial y con el trabajo con el que se pagan las multas), imponen además orden y limpieza en los pueblos. "Vivo muy disgustado por los abusos en derechos humanos: matan, sin dar a sus víctimas posibilidad de justicia", dice el cura. "Por la guerrilla se hacen las cosas como son", opinan los que los quieren. Pero muchos confiesan en voz baja: "No me gusta su ley, pero no puedo decir nada".
Ganaderos y comerciantes pagan impuestos. "El Estado nos tiene olvidados. El comandante de finanzas de las FARC nos cita, teóricamente cada año, pero realmente cada vez que están sin dinero. A veces se ve una fila de ganaderos esperando su turno en un cruce de caminos. Ellos ponen la cifra; hay un tira y afloja y se negocia", cuenta uno de ellos. Para él, la paz es "indispensable". "Hay que creer en este proceso, aunque hace más de 20 años las FARC dicen mentiras".
El batallón Cazadores, a las afueras de San Vicente, uno de los más completos en la lucha contrainsurgente, que contaba hasta el sábado con 2.000 hombres, es ahora el comando central de los negociadores del Gobierno.
El comando de las FARC está en La Sombra, pequeño caserío a dos horas del pueblo. Está protegido por los comandos Teófilo Forero, formados por los mejores guerreros de las FARC. Sólo pueden ingresar allí los "llamados" por los comandantes insurgentes. Ya tuvieron audiencia el alcalde, el tesorero, el consejo municipal y un grupo de estudiantes.
"Este proceso es inédito, hay que armarlo, hacerlo", afirma Omar García, alcalde de San Vicente, el más extenso de los cinco municipios desmilitarizados. "La parte militar la manejarán las FARC, nosotros seguiremos al frente de la Administración", asegura. Estaba liado con los preparativos de la gran fiesta de pañuelos blancos y palomas, con la que se dio inicio al despeje el sábado 7.
A los dos días surgieron los problemas: "Aquí manda el Gobierno", dijo enérgico Víctor G. Ricardo, comisionado de paz y voz cantante en este proceso, y dejó en claro que las FARC no podrán imponer ni su justicia ni su orden.
Pero la guerrilla desde hace días da sus "orientaciones", como ellos las llaman. Entre otras, está prohibido circular entre seis de la tarde y seis de la mañana. "Es por la seguridad de todos", explican.
En los días previos al retiro de la tropa, organizaron reuniones con la población y montaron una especie de limpieza de personas no deseables: ladrones, prostitutas sin papeles y sin control sanitario y drogadictos. Les notificaron que era mejor que se fueran. "A las prostitutas que andan por ahí sueltas las han llevado a trabajos forzados en las carreteras; así las aburrieron". Dos jóvenes acusados de ladrones se salvaron del ajusticiamiento porque el cura intervino. Les conmutaron la pena de muerte por seis meses de trabajos forzados lejos de su pequeña aldea a orillas del Caguán.
