Chamizo afirma que para cobrar las visitas a Grazalema es necesario establecer un precio público

El segundo dictamen del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, sobre la obligatoriedad de contratar a un guía de pago para visitar dos espacios protegidos del Parque de Grazalema "ha reiterado", según opina la CEPA, "la ilegalidad" del sistema actual. Los ecologistas interpretan que Chamizo cree que para articular un método de pago en este espacio natural, la Consejería de Medio Ambiente debe acudir a la imposición de una tasa basada "en criterios de equidad". Asimismo, la CEPA mantiene que la Junta debe eliminar cualquier obligación de pago a los ciudadanos. No obstante, entiende que al n...

El segundo dictamen del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, sobre la obligatoriedad de contratar a un guía de pago para visitar dos espacios protegidos del Parque de Grazalema "ha reiterado", según opina la CEPA, "la ilegalidad" del sistema actual. Los ecologistas interpretan que Chamizo cree que para articular un método de pago en este espacio natural, la Consejería de Medio Ambiente debe acudir a la imposición de una tasa basada "en criterios de equidad". Asimismo, la CEPA mantiene que la Junta debe eliminar cualquier obligación de pago a los ciudadanos. No obstante, entiende que al no haberse seguido ningún paso para establecer un precio público "el pago que se exige en la actualidad es ilegal". En el mismo dictamen, el Defensor constata que la consejería no atiende su primera recomendación para la "suspensión del cobro de la contraprestación que se viene percibiendo". El informe emitido por la oficina de Chamizo "refuta la afirmación" de Medio Ambiente sobre la exención de que goza la Empresa de Gestión Medio Ambiental (Egmasa) para actuar sin tener en cuenta la ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El colectivo ecologista andaluz recuerda que Egmasa "procedió a adjudicar la gestión de un paquete de servicios tales como una oficina de información, un servicio de guías oficiales o la explotación de un camping y ahí debe sujetar su actuación a los principios de publicidad y concurrencia y no adjudicarlos como auténtica privatización". Sin embargo, el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Francisco Menacho, negó ayer que Chamizo haya establecido la ilegalidad del cobro. "El Defensor no cuestiona la legalidad del cobro, únicamente discrepa sobre si el servicio de guías debe establecerse como una tasa o un precio público", señaló. Según Menacho, los servicios jurídicos de la consejería han respondido al dictamen del Defensor, argumentando la corrección de la actuación del organismo autonómico al obligar a un servicio privado de guías en dos recorridos del parque. Dentro de unos días, Chamizo va a despalzarse hasta la sierra de Grazalema para explicar a los alcaldes de los municipios del parque cuál es suposición, "pero alguno puede llegarse alguna sopresa", indicó Menacho. El Defensor del pueblo aceptaría la imposición de un precio para visitar las zonas protegidas de Grazalema si representa un beneficio y contribuye al desarrollo de las poblaciones incluidas en el Parque de Grazalema.