Tribuna:UNA NUEVA REALIDAD JURÍDICA
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Los derechos humanos a los 50 años de la Declaración Universal

El 10 de diciembre próximo se celebrará el quincuagésimo aniversario de la adopción de un texto jurídico que amplió el panorama tradicional de la política internacional, al convertir a las personas en sujetos de derecho internacional: me estoy refiriendo a la Declaración Universal de Derechos Humanos.En los meses que faltan hasta esa fecha seguirán multiplicándose los actos conmemorativos que, desde que comenzó el año, vienen salpicando la vida social española e internacional. Se intenta así cumplir la función fundamental de las fechas simbólicas, concentrar durante un espacio de tiempo relativamente corto la atención de los individuos en un determinado fenómeno. El conjunto de reflexiones que a continuación esbozo constituye mi pequeña contribución a este proceso.

La perspectiva desde la que nuestra sociedad observa y reflexiona, hoy en día, sobre la Declaración Universal y sus consecuencias en la España actual tiene un punto de inflexión en 1978. No es un azar baladí el hecho de que coincidan estas dos conmemoraciones: cincuenta años de la Declaración y veinte de nuestra Constitución. En el 78, la Constitución Española asumió la Declaración como criterio prioritario de interpretación de las normas relativas a los derechos y las libertades que el propio texto constitucional reconocía y, al hacerlo así, orientaba el ordenamiento jurídico español hacia el futuro, al tiempo que interpretaba de una forma sustancialmente diferente el que recibía de la época anterior.

A partir de ese momento se abrió para la sociedad española una serie de desafíos que hoy aún siguen vigentes. Entre estos retos destaco, en primer lugar, la construcción del ordenamiento jurídico interno español, es decir, la labor cotidiana de dar origen o de modificar -según los casos- las normas que rigen nuestra convivencia, y hacerlo de manera que se encuentren en completa conformidad con la Declaración Universal. En esta labor (y pienso que en nuestra sociedad hay constantes ejemplos de ello) se entremezclan esfuerzos procedentes de muchos campos de actividad: al lado de las concepciones nuevas de nuestros conciudadanos, elaboraciones que desde las aulas hacen quienes analizan, cuestionan, critican y aportan contenidos innovadores a estos derechos, y, junto a estas aportaciones, la de aquellos que hacen realidad el documento jurídico y la de los que en su quehacer cotidiano han de interpretarlo y, en su caso, aplicarlo. En fin, ésta es tarea de todos, nadie sobra.

En segundo lugar, con una política exterior cada vez más activa, España mantiene ese mismo compromiso en la esfera internacional. Por sí sola, en determinadas ocasiones, y unida al esfuerzo común de nuestros socios de la Unión Europea, en muchas otras, España está luchando para que los actores de la escena internacional hagan realidad en sus países y en sus relaciones exteriores las consecuencias que se derivan de la Declaración Universal. En este sentido, se han dado enormes pasos desde 1948, tanto en la evolución interna de los Estados como en la de los principios aceptados por la mayoría de ellos en sus relaciones exteriores. Deseo evocar, por ejemplo, el cambio sustancial que en el espacio europeo ha implicado la caída del muro de Berlín y sus consecuencias en la protección de los derechos humanos. Aunque se trata de un hecho reciente, no cabe duda de que, tanto en lo que se refiere a las relaciones bilaterales como en el papel que se reservará a los organismos regionales, la transformación producida en las sociedades de más allá del antiguo "telón de acero" traerá (está trayendo ya) cambios significativos para el próximo siglo. Otros países, otros espacios geográficos, tienen aún un largo camino por recorrer y un amplio panorama que abarcar.

Por otra parte, desde la adopción de la Declaración de 1948, el respeto a los derechos humanos se ha convertido en un postulado fundamental que ha logrado modificar la interpretación de algunos principios de Derecho Internacional que parecían inamovibles. Hasta el principio de no injerencia ha comenzado a relativizarse cuando se trata de denunciar e intentar poner remedio a situaciones de sistemática violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El compromiso de España en la promoción y defensa de estos derechos y libertades se manifiesta a diario en los foros internacionales de los que formamos parte, ya sea en el marco de las Naciones Unidas, o en los de la Unión Europea, la OSCE o el Consejo de Europa. Compartimos con nuestros socios de la UE el compromiso de lograr que los derechos contenidos en la Declaración logren su eficacia a través de los instrumentos jurídicos internacionales que se han ido adoptando desde entonces. Quisiera añadir un tercer elemento en esta reflexión, que tiene que ver con la proyección de la Declaración Universal hacia el futuro. Van apareciendo (por supuesto, también en España) nuevos retos e intensos debates sobre la actitud social ante fenómenos de grave actualidad, como pueden ser la emigración, la tolerancia -sea racial, religiosa, política o de otro orden- o la convivencia pluriétnica, o sobre nuevas categorías de derechos, como los derechos al desarrollo, al medio ambiente y a la solidaridad. Se trata, en ese último caso, de conceptos no contemplados de forma específica en la Declaración, que hoy conocemos como "derechos de la tercera generación" y que constituyen pasos adicionales en ese proceso de construcción de la dignidad del ser humano. Derechos nuevos que aparecen en el modelo de convivencia y que tienen consecuencias en los esquemas nuevos de protección jurídica de estos derechos. En este contexto, resulta ineludible referirse al esfuerzo recién ultimado por parte de la sociedad internacional de incluir entre los esquemas nuevos de protección jurídica de los derechos humanos un Tribunal Penal Internacional. Las dificultades de la Conferencia de Roma han sido muchas, pero España ha mantenido una postura activa y comprometida por lograr que ese mecanismo jurídico viera la luz.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Quiero terminar estas líneas con un homenaje y una llamada de atención. Homenaje a todos aquellos que durante estos cincuenta años pusieron su esfuerzo desde su trabajo cotidiano en las aulas, en los tribunales, en las instituciones o, más aún, dedicándose a la defensa de los derechos humanos en países donde su propio derecho a la vida se veía en serio peligro, para que la Declaración Universal no se transformara en papel mojado, sino que se transformara en marco de referencia inspirador del conjunto de valores éticos que determinan la dignidad de los seres humanos.

Y una llamada de atención a los más jóvenes de nuestra sociedad... Sin duda, ellos tiene delante el reto de continuar haciendo efectivo el contenido de todo ese conjunto de derechos que hoy sólo enunciamos, e incluso de ampliarlo a categorías que aún tal vez resulten inimaginables. Así se dibujará el marco de referencia en el que las sociedades del futuro marcarán sus pautas de convivencia.

Ramón de Miguel es secretario de Estado de Política Exterior y Unión Europea.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS