El PP se suma a la posición favorable de la Junta a reabrir la mina de Aznalcóllar

El debate político sobre el vertido tóxico en el Guadiamar sigue anclado en aclarar qué pasó antes de la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar y, sobre todo, quién dejó de hacer su cometido. El consejero de Industria, Guillermo Gutiérrez, sostuvo ayer, en comisión parlamentaria, que la Junta no ha tenido "ninguna responsabilidad en el accidente". Isabel Garzón, del PP tildó de "chapuza a la andaluza" la actuación de la Consejería, pero coincidió con su máximo responsable en un punto: "Deseamos la reanudación de la actividad minera".

Gutiérrez insisitió en su posición favorable a la reapertura de la mina que provocó el desastre ecológico. El consejero de Industria aseguró que si los informes pedidos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Consejería de Medio Ambiente son positivos, autorizara la reactivación de la explotación de la empresa Boliden. Un deseo que contó con el respaldo de la parlamentaria popular, Isabel Garzón. Las coincidencias entre la representante del PP y Gutiérrez acabaron ahí, aunque el consejero terminó alabando "el tono" empleado por Garzón. La parlamentaria popular tiró de las declaraciones realizadas hasta ahora por varios imputados ante la juez que instruye el caso, para destacar las "descoordinaciones" en la administración andaluza. "Desde 1985, el recrecimiento del muro no se realizaba conforme al proyecto, desde 1989 no se medía la compactación de los materiales usados", enumeró Garzón, quien incluso señaló al Instituto Geominero, dependiente del Gobierno central: "No constató a pie de obra los informes sobre la estabilidad de la balsa". Ante la insistencia de la parlamentaria en explicar que la "competencia" sobre las balsas mineras corresponde a la Junta, Gutiérrez se defendió recordando que en las inspecciones, los técnicos de la CHG -dependiente del Gobierno central-, y de la Consejería "iban de la mano". Mientras que Garzón exigió a Gutiérrez modificaciones en su departamento - "No tengo ninguna razón para hacerlo", respondió el consejero-, Francisco Ríos, de IU, endureció el tono y pidió de nuevo su dimisión. El consejero se amparó en el "buen trabajo" para paliar los efectos del vertido y consideró inútil hablar de responsabilidades hasta no saber las causas de la rotura. Incluso anticipó hipótesis: "El fallo pudo estar en el proyecto inicial de la presa o en el estudio hidrológico de la zona". El parlamentario de IU reclamó a Gutiérrez, sin éxito, que explicara las inspecciones realizadas por los técnicos de Industria en la mina de Boliden y si, efectivamente, la depuradora que trataba el agua de la balsa siniestrada, dejó de funcionar dos meses antes de la rotura del muro.