Obreros de la casa hundida carecían de contrato, según sus familias

Los familiares de varios albañiles que trabajaban en la rehabilitación de la finca que se hundió el pasado miércoles en el barrio de Patraix, en Valencia, afirman que algunos de estos obreros estaban en una situación laboral irregular, sin contratos y sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Según un despacho de abogados que colabora con varios de los obreros afectados, éstos piensan reclamar las indemnizaciones que les correspondan y estudian unirse bajo una misma representación legal.

Aunque aún no ha podido pedirle la documentación a su asesor, el gerente de la empresa constructora QFC, SL, Francisco Ferrer, reconoció ayer que "es posible" que dos de los albañiles, Antonio Bonaire Campanario, de 39 años, que falleció, y Pedro Macario García, de 24, que sufrió heridas graves, no tuvieran todos los papeles en regla. Ferrer se excusó diciendo que Bonaire solicitó que no le dieran de alta para seguir cobrando el subsidio de desempleo. "A pesar de todo nosotros seguimos insistiendo en que debía darse de alta", matizó. Con respecto a Pedro Macario García -que sufrió traumatismos craneoencefálico y abdominorenal al quedar sepultado bajo las vigas y los cascotes- el gerente recalcó que en varias ocasiones le dijeron que llevara los papeles para darle de alta "porque así no podía trabajar". Pero cree que en el momento del accidente todavía no estaba regularizada su situación. En cambio, Ferrer está convencido de que los 10 obreros restantes "estaban contratados y dados de alta". La sección de altas y bajas de afiliación de la Tesorería General de la Seguridad Social en Valencia inició ayer las comprobaciones para conocer si los albañiles fallecidos y heridos estaban dados de alta. Algunos familiares no han decidido si aceptarán el arreglo amistoso que, según ellos, quiere lograr la empresa o si denunciaran las contrataciones irregulares. Pero la familia de Bonaire, que deja viuda y dos hijos, dijo ayer en Alzira tras el entierro que ha dado poderes a UGT para que se persone en su nombre, como acusación particular, en las diligencias abiertas por el juzgado número 10 de Valencia, informa Xavier Espanya. La familia no sabe si la situación laboral de Bonaire era legal. Vicente Rebato, de UGT, acusa a la empresa de actuar con irresponsabilidad. Está a la espera del informe de la Inspección de Trabajo. El accidente ha puesto de manifiesto, según el PSPV y EU, la "pasividad y negligencia" del Ayuntamiento en la vigilancia de las obras. La oposición asegura que en 1996 no se cobró "ni una peseta" de las infracciones urbanísticas detectadas por el Consistorio. El año pasado, el Ayuntamiento englobó estas infracciones en la partida de multas por vulnerar las ordenanzas, pero a pesar de todo no se recaudó ni el 10% de las sanciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 07 de agosto de 1998.

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