El abogado del Estado cree que hay un "delito continuado" de malversación

El abogado del Estado, Ricardo Miñarro, señaló ayer que "no cabe ninguna duda" de que se usaron fondos reservados de Interior para el secuestro de Segundo Marey. Entiende que la malversación de caudales públicos que imputa al ex ministro José Barrionuevo y a otros procesados no ha prescrito porque se trata de un "delito continuado" que siguió durante los años 1984, 1985 y 1986, en los que, entre otros, hubo pagos a mercenarios.

Miñarro señaló que aunque "es cierto que no se ha comprobado la retirada de un millón de francos franceses de la cuenta de Interior" para el secuestro, considera posible cambiar estas divisas sin dejar rastro, como señaló uno de los peritos tributarios.Pese a no hallarse rastro de esa cantidad, que algunos procesados han declarado que fue la dada a tal fin por Rafael Vera, el abogado del Estado recordó que en 1983 fueron retirados más de 400 millones en metálico de la cuenta de fondos reservados en el Banco de España. Además, dejó entrever la posible relación de tres retiradas de dinero que hubo el 6 y 7 de octubre de 1983 con la partida para la operación Marey.

El abogado del Estado reclama cinco años de cárcel para el ex ministro Barrionuevo y para el ex director de Seguridad Rafael Vera, mientras que demanda cuatro años para el ex gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal y tres años para los policías Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo y José Amedo. Miñarro llegó a considerar que la actividad malversadora de los procesados llegó hasta 1991 al recordar las entregas de dinero realizadas hasta entonces en cuentas en Suiza abiertas a nombre de las esposas de José Amedo y Michel Domínguez.

La sesión de la tarde se cerró con el informe de Olga Tubau, acusadora en nombre de Segundo Marey, quien pide un total de 178 años de prisión para los reos y una indemnización de 125 millones para su cliente.

Tubau intentó convencer al tribunal de que los procesados tienen relación con la llamada realizada el 6 de diciembre de 1983 a la Cruz Roja de San Sebastián condicionando la liberación de Marey a la puesta en libertad del inspector y los tres geos que estaban en esas fechas encarcelados en Francia por el intento de secuestro del supuesto etarra José María Larretxea. Recalcó que en esta llamada se indicaba la edad y el lugar de nacimiento de Marey, datos éstos que "no estaban al alcance de cualquiera".

Tras dar por "acreditada" la conexión entre los GAL y el acta fundacional elaborada por el Cesid en junio de 1983 y facilitada al juez por Ricardo García Damborenea, la abogada de Marey entiende que "no se deben declarar prescritos ninguno de los delitos" de detención ilegal, banda armada y malversación. Cree que no cabe la prescripción, que fijó para este caso en 15 años y, además, que la tardanza en enjuiciarse estos hechos es achacable a los reos, que han usado su poder para "impedir su averiguación".