La Asamblea de Madrid cierra el sexto periodo de sesiones de la legislatura con la aprobación de cinco leyes
El último pleno en la Asamblea de Madrid antes de las vacaciones fue ayer, como suele, el más productivo del año. Se aprobaron cinco leyes. Dos de ellas (Patrimonio Cultural y Defensa de lso Consumidores) sufrieron una larga tramitación con cientos de enmiendas de la oposición (IU y PSOE) discutidas en las distintas ponencias.Otras dos leyes, correspondientes a la consejería de Obras Públicas, llegaron de urgencia y en lectura única y ocasionaron el malestar de la izquierda regional. Una de las leyes que defendió el consejero de Obras Públicas venía motivada por la supuesta falta de liquidez de la Comunidad de Madrid para hacer frente, con dinero, al pago de unos 2.000 millones de pesetas para comprarle a FCC la concesión ferroviaria del tren de Arganda, con el que esta empresa transporta el cemento de la fábrica de Vicálvaro a Morata de Tajuña. Sobre el viejo trazado ferroviario, Obras Públicas ha proyectado un pasillo verde. El consejero Luis Eduardo Cortés ha pensado pagar los cerca de 2.000 millones que cuesta la concesión con terrenos públicos. Y para esa operación necesita una ley que ayer sólo aprobó el PP. El socialista Fernando Abad tildó de "oscurantista" la operación y Juan Ramón Sanz (IU) amenazó con pedir una comisión de investigación sobre esta compra.
La unanimidad llegó con la última ley de urgencia que había aprobado el consejo de Gobierno para aplicar un duro régimen de incompatibilidades a los diputados que opten, a partir de ahora, por la dedicación exclusiva a las tareas parlamentarias. Desde este mes, los diputados podrán cobrar un sueldo fijo y mensual (al menos 320.000 pesetas por catorce pagas).
