La fiscalía abre diligencias a la Diputación de Castellón por presunta malversación
La fiscalía ha ordenado la recogida de documentación para investigar un presunto delito de malversación de fondos públicos por la contratación, realizada por la Diputación de Castellón, de una encuesta en la que se preguntaba sobre intención de voto. Según anunció ayer el portavoz del grupo socialista, Ximo Puig, "la fiscalía anticorrupción ha iniciado las diligencias de lo que es la financiación pública de una encuesta realizada con un claro interés partidista".
El grupo socialista de la Diputación de Castellón presentó hace dos meses la petición de investigación a la fiscalía anticorr...
La fiscalía ha ordenado la recogida de documentación para investigar un presunto delito de malversación de fondos públicos por la contratación, realizada por la Diputación de Castellón, de una encuesta en la que se preguntaba sobre intención de voto. Según anunció ayer el portavoz del grupo socialista, Ximo Puig, "la fiscalía anticorrupción ha iniciado las diligencias de lo que es la financiación pública de una encuesta realizada con un claro interés partidista".
El grupo socialista de la Diputación de Castellón presentó hace dos meses la petición de investigación a la fiscalía anticorrupción. Ahora, "pese a que la podían haber archivado", según indico Puig, se han iniciado las diligencias informativas para recabar información, con lo que "la Diputación ya ha recibido el requerimiento de la documentación sobre la contratación y el expediente administrativo" relativos a la encuesta denunciada. Por su parte, la fiscalía anticorrupción, ante la que se presentó la solicitud de investigación y donde no se archivó la petición, se ha declarado incompetente y ha señalado a la fiscalía de Castellón para que lleve a cabo la tramitación del caso. La comisión de gobierno de la Diputación provincial, que preside Carlos Fabra, del PP,aprobó, el pasado 9 de diciembre, la realización de un estudio de opinión en relación con "las actitudes y demandas de los ciudadanos de la provincia de Castellón hacia la Excelentísima Diputación de Castellón". El estudio contaba con un presupuesto de seis millones de pesetas, aunque finalmente fue adjudicado a la empresa Metra Seis por 5.684.0000 pesetas, según el acuerdo que también ha sido remitido a la fiscalía que ha iniciado la investigación. La encuesta, a la que tuvo acceso EL PAÍS, fue realizada en enero e incluía entre sus peguntas algunas como "¿a qué partido votaría usted si las elecciones se celebraran mañana?", "¿por qué partido siente usted más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas políticas?" y "¿a qué partido votó en las últimas elecciones municipales, autonómicas y generales?". La introducción de cuestiones que nada tienen que ver con la Diputación de Castellón y con sus actividades, en su mayor parte relativas a la opinión de los ciudadanos sobre políticos y candidatos, suscitó la indignación de la oposición socialista en la Corporación provincial. El enfado se tradujo en el envío de información a la fiscalía, pese a que Fabra y su equipo arguyeron que la empresa que realizó el sondeo había aprovechado el trabajo de campo para formular algunas preguntas dirigidas a otro tipo de estudio que nada tenían que ver con el encargo.
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La encuesta, además, hacía referencia a cuestiones sobre municipios concretos y a valoraciones sobre políticos, que nada tienen que ver con la Diputación, y de los que se pedía una puntuación global y otra personal. Entre ellos se encontraban dirigentes de todos los partidos políticos, entre los que se encontraban desde el Secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, hasta el ex gobernador civil de Castellón, Ignacio Subías, así como diputados populares y socialistas o responsables de partidos como UV. Junto a estas preguntas aparecían otras, en la primera mitad del sondeo, que sí se referían a aspectos propios de la institución provincial. El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Castellón, Ximo Puig, afirmó ayer que "de lo que se trataba con esta encuesta era de saber la intención de voto de los ciudadanos e incluso de hacer una primarias en el PP con fondos de todos los ciudadanos". Puig hizo así referencia a la inclusión de dos municipios (Segorbe y Benicarló) en los que sólo se preguntaba sobre dos posibles candidatos del PP. Tanto el vicepresidente de la diputación, Víctor Campos, como los responsables de Metra Seis respondieron a las acusaciones de los socialistas argumentando que las preguntas sobre intención de voto formaban parte de un encargo realizado por un medio de comunicación. Rafael Ruiz Fuentes, de Metra Seis, en una carta dirigida al propio Carlos Fabra, indicaba que "dado que el ámbito poblacional era el mimso, nos pareció procedente efectuar de forma conjunta el trabajo de campo para ambas encuestas aunque, eso sí, no mezclando en ningún momento las preguntas de una y otra y, además, formulando en primer lugar las correspondientes a la encuesta de la Diputación". Sin embargo, la pregunta sobre el voto en las últimas elecciones, que sí figura entre los resultados ofrecidos a la Diputación, corresponde al número 26, justo a continuación de las referidas a la intención de voto. Además, los folios del sondeo están encabezados por el epígrafe: "Estudio de opinión Castellón. Diputación y ayuntamientos". Acciones legales El grupo socialista pidió en febrero que se iniciaran acciones legales contra la empresa por haber unido las preguntas de la Diputación a las de intención de voto. Ayer, Ximo Puig alegó que los datos obtenidos en la parte política "después de seis meses, no han sido publicados por ningún medio de comunicación y nadie hace una encuesta de casi 3.000 entrevistas para no publicarla". Asimismo, dijo desconocer cualquier relación entre el PP y la adjudicataria, aunque apuntó: "Al parecer, un miembro de la empresa fue invitado por el presidente de la Diputación a las pasadas fiestas de la Magdalena y no sé si es muy normal ese alterne con los proveedores". Por todo ello, en su petición de investigación, que ha sido aceptada por la fiscalía, los socialistas indican que la contratación "pudiera haberse utilizado por el presidente de la Diputación o por su partido, el PP, para, utilizando fondos públicos, realizar una encuesta pre-electoral", con lo que se estaría incurriendo en un presunto delito de malversación de fondos públicos titpificado en el artículo 432 del Código Penal. Por su parte, Carlos Fabra, mantuvo que la Diputación sólo encargó el estudio sociológico. "No tenenmos nada que ver", señaló. El presidente de la Corporación provincial sólo añadió que el caso se debe "a la situación de nerviosismo del señor Puig".