Aparecen nuevos datos que vinculan a militantes de Unió con los fondos ocupacionales de Trabajo
Una nueva empresa relacionada con militantes de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) aparece como receptora de ayudas de los fondos para la formación ocupacional de parados. Se trata de la empresa Iniciativas y Proyectos Sociolaborales, de María José Atienza, candidata de UDC al Congreso en las últimas elecciones. Además, el actual director general de Empleo, Lluís Gavaldà, fue secretario de la Fundación Fecea antes de acceder a su actual cargo. Fecea recibió 25,5 millones de ayudas durante el tiempo que Gavaldà fue secretario.
Además de las fundaciones Fecea y Fesec, vinculadas a Unió y receptoras de 63 y de 123 millones de pesetas, respectivamente, y de directivos de la formación democristiana -Domènec Sesmilo, Pere Rius y Anna Mercadé- que controlan centros con acceso a las ayudas repartidas por Trabajo, aparecen nuevas muestras de coincidencia de los dirigentes democristianos en la distribución de fondos para la formación de parados. Se trata de Iniciativas y Proyectos Laborales, un centro co-laborador que controla María José Atienza, número 12 por Unió en la lista de Convergència i Unió (CiU) al Congreso de los Diputados en las últimas legislativas. Este centro obtuvo 28 millones de pesetas para formar parados en 1997. Además, Lluís Gavaldà, actual director general de Empleo y responsable directo del reparto de los fondos ocupacionales -compuestos a partes iguales por aportaciones de la Generalitat y del Fondo Social Europeo-, fue fundador y secretario de la Fundación Fecea y se ha caracterizado por acompañar a Josep Antoni Duran Lleida en sus viajes al exterior. Gavaldà, responsable directo del reparto de los 23.500 millones de pesetas de los fondos para formar a los parados, gestionó como secretario de la fundación la percepción de 25,5 millones de pesetas en 1991. Gavaldà abandonó Fecea en 1993, justo antes de incorporarse al Departamento de Trabajo. Los secretarios actuales de la fundación, Jorge Soriano Borrás y Víctor M. Lorenzo, recibieron además ayudas para sus centros particulares, IGS Iniciatives Gestió i Serveis (4,7 millones) y Gestumer (27 millones), respectivamente. La otra fundación próxima a Unió, Fesec, tiene un patronato compuesto por Antoni Poblet, Carles López, Lluís Franco y Armand Fernández. Esquerra Republicana (ERC) se sumó ayer a la petición del Partit dels Socialistes (PSC) de que comparezca en el Parlament el consejero de Trabajo, Ignasi Farreres, para dar explicaciones sobre el reparto de 23.500 millones en subvenciones para cursos de ocupación y ha reclamado también la intervención de la Sindicatura de Cuentas, el órgano que fiscaliza las cuentas de la Generalitat. El vicesecretario general de ERC, Josep Huguet, subrayó la necesidad de que la Generalitat se explique y de que la Sindicatura de Cuentas "fiscalice todas y cada una de las subvenciones destinadas a formación ocupacional". El PSC denunció que estos fondos han beneficiado especialmente a empresas vinculadas a dirigentes de UDC, como el ex director general de Turismo, Josep Cerveró; el vicepresidente del Parlament, Domènec Sesmilo, y la fundación que organiza las delegaciones que acompañan a los dirigentes de Unió al extranjero. Por otra parte, el secretario general de Trabajo, Josep Maria Servitje, declaró que las subvenciones están totalmente controladas por dos o tres organismos independientes, entre los que nombró al Consejo Nacional de Ocupación y los tribunales de cuentas de la Generalitat, del Gobierno central y de Estrasburgo, informa Josep Garriga. "Las denuncias no tienen ni pies ni cabezas porque los cursos están subvencionados por el fondo social europeo y se les aplica la normativa y los criterios europeo, estatal y catalán", dijo el secretario general. Sobre el presunto amiguismo hacia miembros de Unió en el reparto de las subvenciones, Josep Maria Servitje declaró: "Parece que en este país todo el mundo pueda luchar contra el paro menos los que tienen carnet de Convergència i Unió". Servitje acusó al PSC de ser el abogado del conglomerado de empresas Méndez, denunciado por la Generalitat porque al parecer desvió 119 millones correspondientes a ayudas para organizar este tipo de cursos. Sobre la distribución irregular denunciada por el PSC en las comarcas de la Terra Alta y el Pallars Jussà, el secretario general de Trabajo aseguró que en la primera comarca la mayoría de cursos que se habían solicitado eran de ofimática e informática y que en la segunda se destinó mayor volumen de ayudas por la existencia de una escuela-taller que está reconstruyendo un pueblo con parados de toda Cataluña.
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