El partido Los Verdes denuncia a los políticos y a la empresa Boliden

El partido Los Verdes de Andalucía apeló ayer a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que tome medidas urgentes que eviten la destrucción de pruebas susceptibles de aclarar las causas de la rotura de la presa de Aznalcóllar (Sevilla). La petición va incluida en la denuncia presentada ayer contra el consejero de Medio de Ambiente de la Junta de Andalucía, José Luis Blanco; su antecesor en el cargo, Manuel Pezzi; el de Industria y Trabajo, Guillermo Gutiérrez; el ex presidente de la agencia del Medio Ambiente, Fernando Martínez Salcedo; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Vizcaíno, y contra cuatro directivos de la empresa sueco canadiense propietaria de la explotación.Los Verdes de Andalucía asegura en la denuncia que todos los denunciados tenían conocimiento de las «reclamaciones y denuncias presentadas por multitud de sujetos y medios ante diversas instancias de la administración» contra el peligro que representaba la presa, reclamaciones que fueron «ignoradas, archivadas o desestimadas».

La denuncia pide a la sala que ordene la prisión provisional de Anders Bülov, Lars-Ake Lindahl, Gunnar Axheim y Olov F„gremo, presidente, director, vicepresidente y consejero delegado, respectivamente, de Boliden Apirsa, la empresa que almacenaba en la presa los subproductos químicos de la explotación minera de Aznalcóllar.

Álvaro Martínez, portavoz de Los Verdes, justificó esta medida para impedir que los cuatro directivos de Boliden abandonen España y para asegurar la responsabilidad civil de la catástrofe que ha causado perjuicios que superan los 18.000 millones de pesetas, según cálculos de la Administración. Los Verdes de Andalucía quiere que sea la sala de lo Civil y Penal la que acumule todos los expedientes abiertos tras el desastre.

Sin embargo, todas las diligencias han recaído en un juzgado de instrucción de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), a cuyo partido judicial pertenece Aznalcóllar. La titular del juzgado, Celia Belhadj-Ben Gómez, ha solicitado refuerzos tanto a la Audiencia de Sevilla como al Tribunal Superior para hacer frente a la avalancha de papel.

Gran parte de ese papel ha sido solicitado por la fiscalía de Sevilla, cuyo titular de Medio Ambiente, Arcadio Martínez, se desplazó ayer a Sanlúcar. La fiscalía ha reclamado un informe técnico de un ingeniero de caminos sobre el estado del muro y ha cursado peticiones a las administraciones implicadas, especialmente sobre el estado de las autorizaciones de la mina. A la Consejería de Industrial se le ha pedido el expediente completo de Boliden, mientras que a la CHG se le ha reclamado cualquier permiso o autorización con que contaba la empresa minera.

La fiscalía ha pedido a Boliden las pólizas de seguros con que cuenta y el organigrama de su estructura.