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150 opositores piden repetir su examen por "irregularidades"

Una oposición para optar a las 59 plazas de educador de menores protegidos, convocada por la Consejería de Hacienda de la Comunidad para cubrir puestos dependientes de la de Sanidad, ha provocado la indignación de unas 150 aspirantes, que han firmado un documento en el que denuncian supuestas "irregularidades" en la realización de la prueba. Por ese motivo piden la repetición del segundo ejercicio práctico, celebrado el 25 de abril.Los opositores aseguran que el examen, al que se presentaron 400 personas, no se ajustaba a las bases publicadas el 23 de diciembre de 1996 en el Boletín Oficial de la Comunidad: "El segundo ejercicio consistirá en la realización de dos supuestos prácticos a realizar por escrito. El tiempo máximo de realización de este ejercicio es de 60 minutos".

Para los denunciantes, este punto no se cumplió. "Tuvimos que contestar supuestos teóricos. La prueba constaba de 56 preguntas cortas en 16 folios, por no hablar de los enunciados: eran largos, ambiguos, mal redactados... Algunas cuestiones ni hacían referencia a los textos. Era materialmente imposible terminarlo y no se ajustaba a lo que debía ser", explicó una joven afectada. Fue entonces cuando los aspirantes decidieron mostrar el examen a técnicos para que verificaran que el tiempo fue insuficiente. Por todos estos motivos, los denunciantes consideran que el examen no evalúa las capacidades prácticas del educador.

"Cuando acabamos la prueba, decidimos presentar al presidente del Tribunal una queja por escrito. Después de más de cinco horas negándose, aceptó firmar un escrito como que había recibido la queja", señalan. Este periódico intento, sin éxito, recabar la versión de la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad, encargada de velar por el proceso de oposición.

Desde la Consejería de Sanidad aseguraron que las 56 preguntas cortas contestaban a enunciados prácticos. Los afectados se reunirán mañana en la sede de CC OO de la calle Lope de Vega para emprender las acciones para intentar anular el proceso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de mayo de 1998