Educación sigue sin definir la subvención por estudiante que corresponde a cada universidad

Las cuentas no cuadran en el sistema universitario público valenciano. Hace dos semanas, la Consejería de Educación volvió a pedir por escrito a los rectores todos los datos que sirven para calcular la subvención media por estudiante que reciben las cuatro universidades sujetas al modelo de financiación ordinario de la Generalitat (ya que la Universidad de Elche disfruta de un régimen especial). Los rectores temen que sus protestas por la política de privilegios hacia Elche y los recortes hechos en diciembre a los Presupuestos de 1998 influyan y el Consell acabe cuadrando las cifras "a la baja".

A estas alturas del curso, las universidades públicas valencianas siguen sin poder ajustar sus presupuestos para 1998, debido al retraso de la Consejería de Educación en fijar la subvención ordinaria que deberá transferir la Generalitat valenciana a cada institución superior académica, una vez aplique el modelo de financiación vigente. La Generalitat en estos momentos trata de cuadrar un presupuesto universitario (que de por sí es más ajustado que en otras comunidades autónomas) y que, además, este año ya ha sufrido un recorte de 1.000 millones de pesetas sobre los 38.129 fijados en el programa de universidades, quedándose en 37.000 millones. Una cifra que en noviembre motivó la queja de todos los rectores que consideran que la Comunidad Valenciana está lo suficientemente a la cola del resto de universidades españolas en subvención ordinaria, como para, además, aplicarle este tipo de recortes. Ahora, el malestar entre los rectores se repite con el toque de atención de la Dirección General de Universidades que, desde hace dos semanas, ha vuelto a solicitar por escrito a cada universidad que justifique al detalle todos las cifras sobre alumnos financiables, número de créditos matriculados, etcétera, que sirven para calcular la subvención nomitativa por estudiante que recibirá cada institución. El método usado y el hecho de que la reclamación de la documentación se produjera pocos días después de que los rectores expresaran su malestar por la difusión pública de que la Universidad Miguel Hernández de Elche pretende recibir 3.749 millones por transferencias corrientes de la Generalitat (una cifra que triplica la subvención media por alumno del resto de universidades valencianas), ha vuelto ha provocar resquemor en las universidades. "Las universidades siguen sin ajustar sus presupuestos y estamos a mitad de año", coincidían ayer fuentes universitarias consultadas por este periódico. Según las mismas, "los rectores temen que la Consejería de Educación vuelva a pedir toda la documentación para intentar cuadrar a la baja el presupuesto". Más dudas sobre Elche La preocupación aumenta en vista de que la Generalitat aún no ha aclarado qué cantidad recibirá la recién creada Universidad Miguel Hernández durante éste, su primer año de funcionamiento. Si bien el Consell habilitó en los Presupuestos de la Generalitat una línea nominativa especial para Elche de 1.500 millones; la comisión gestora que dirige la Miguel Hernández tiene contemplado en su Informe económico-financiero para 1998 unos ingresos por concepto de transferencia corriente del Consell de 3.749 millones para sus 4.004 alumnos matriculados. De cumplirse estas previsiones, los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández serían los mejor financiados del país, con una subvención nominativa por alumno de 961.538 pesetas. Una cifra que triplica con creces la subvención media por alumno de las otras cuatro universidades públicas valencianas y duplica los cálculos de las universidades españolas mejor financiadas, como son las de la Comunidad de Madrid y las de Cataluña. Pese a la polémica desatada a mediados de abril y a la petición de los rectores para que el consejero Francisco Camps aclare la financiación que recibirá Elche, Educación sigue sin pronunciarse sobre una cuestión que -a juicio de las universidades- vuelve poner en duda la transparencia en la gestión de una universidad creada por el PP sin el aval académico de los rectores españoles.