Rubira discrepa de Garzón y afirma que el 'Grupo Omega' de la Guardia Civil no es técnicamente una banda terrorista

El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira reclamó ayer al juez Baltasar Garzón que remita el caso del secuestro del grapo Jesús Cela Seoane a un juzgado de instrucción de A Coruña por no ser competencia de la Audiencia. Rubira estima que el secuestro del miembro de los GRAPO no tiene relación con los GAL, que es una simple detención ilegal y que el Grupo Omega, compuesto por guardias civiles elegidos y al servicio del ex director del cuerpo, Luis Roldán, no eran técnicamente una banda armada.En un auto dictado el pasado 25 de febrero, Garzón señalaba que, aunque no se había establecido una relación clara con los GAL, el secuestro de Cela y el envío de tres cartas bomba a militantes de Herri Batasuna -como consecuencia de una de ellas, murió el cartero de Rentería (Guipúzcoa) José Antonio Cordero Morales- "se insertan en un solo marco de actividad delictiva perfectamente organizada (...) y financiada con fondos públicos (...) por personas con responsabilidades en la lucha contraterrorista del Ministerio del Interior utilizando un grupo policial a modo de banda armada -el Grupo Omega- preparado para operaciones de este tipo o similares, todas ellas al margen de la ley".

El fiscal Rubira dice ahora que el secuestro de Cela, ocurrido el 29 de enero de 1990, "nunca ha sido reivindicado por los GAL. Además, cuando se comete este hecho no hay constancia judicial de que este grupo continuara actuando".

El fiscal agrega que "tampoco cabe estimar, en el sentido legal y jurisprudencial, que el Ministerio del Interior, como los grupos que lo componen, sean banda armada u organización terrorista. No puede decirse que una organización del propio Estado, constituida por la Guardia Civil, pueda ser -como tal organización y en el sentido técnico jurídico- sujeto activo de un delito de banda armada u organización terrorista".

Respecto al concepto de guerra sucia, el fiscal la califica de "figura de perfiles vagos e imprecisos y carente, por ahora, de asiento legislativo y jurisprudencial" y precisa que no tiene una equivalencia jurídica en la legislación española, "por más que sea la denominación vulgar que más arraigo ha adquirido para calificar -en un plano no jurídico- la conducta atribuida a los imputados".

Sin relación con los GAL

El fiscal considera también que en el estado en que se encuentran las investigaciones no cabe relacionar hechos cometidos en 1990 "por ejecutores materiales desconocidos -los integrantes del hasta ahora ignorado Grupo Omega- con los llevados a cabo en 1983 por otras personas, perfectamente identificadas, dos de ellas ya condenadas por sentencia firme [los ex policías José Amedo y Michel Domínguez] y encuadradas en otro cuerpo policial, no en la Guardia Civil". Y ello, puntualiza el fiscal, "sin contar con que los imputados Sres. Corcuera y Roldán no estaban en el Ministerio del Interior en 1983".Por último, el fiscal estima que el secuestro de Cela Seoane se realizó con el fin de obtener información sobre la propia banda terrorista GRAPO, "a la que Cela perteneció y a la que quería volver". Cela era realmente miembro de los GRAPO en aquella época, pero acababa de cumplir su condena y había sido excarcelado. Poco después pasó a la clandestinidad.

El Grupo Omega, también conocido como Patas Negras, fue constituido por Roldán, cuando era director de la Guardia Civil, como un colectivo de élite dentro del cuerpo. Garzón señalaba en su auto que este grupo participó en la guerra sucia desarrollada por Interior contra el terrorismo.