4,5 millones de trabajadores se adhieren al nuevo sistema de mediación en huelgas

El 70% de los trabajadores con convenio se han adherido al acuerdo para la solución extrajudicial de conflictos. En total son 4,5 millones de asalariados y sus empresarios los que van a someter discrepancias al Sistema Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), que el próximo día 20 inicia su andadura. Actuará en todo tipo de conflictos colectivos, salvo en aquellos sectores y empresas que se han autoexcluido, como bancos, cajas o Iberia.

El SIMA nace como consecuencia del acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales (ASEC) que firmaron hace dos años los máximos di...

El 70% de los trabajadores con convenio se han adherido al acuerdo para la solución extrajudicial de conflictos. En total son 4,5 millones de asalariados y sus empresarios los que van a someter discrepancias al Sistema Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), que el próximo día 20 inicia su andadura. Actuará en todo tipo de conflictos colectivos, salvo en aquellos sectores y empresas que se han autoexcluido, como bancos, cajas o Iberia.

El SIMA nace como consecuencia del acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales (ASEC) que firmaron hace dos años los máximos dirigentes de la patronal CEOE-CEPYME y los sindicatos CC OO y UGT, José María Cuevas, Manuel Otero, Antonio Gutiérrez y Cándido Méndez, respectivamente. Desde entonces, los sectores productivos han tenido que manifestar su incorporación explícita al acuerdo, ya que algunos empresarios se negaron a que tuviera eficacia general.Los sectores que se han adherido son comercio, hostelería, metal, transporte de mercancías por carretera, artes gráficas, calzado, papel, químicas, textil, construcción, parte de la enseñanza, gasolineras, granjas avícolas, madera y empresas de trabajo temporal.

En cambio, no se han adherido la banca, las cajas de ahorros, las agencias de viaje, deportes, industria alimentaría, vigilancia y seguridad, o la empresa Iberia.

Incluso con esas ausencias, el SIMA empieza a funcionar el próximo viernes, bajo la dirección de Alfredo Mateos, un inspector de Trabajo que entre los años 1985 y 1987 fue secretario general del Fondo de Garantía Salarial, y de 1987 a 1990, director general de la Inspección de Trabajo. Su nombre fue pactado entre la patronal, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo.

Mateos cree que se trata de "un cambio de modelo para gobernar los convenios y los conflictos". Ante el interrogante de si se evitarán muchas huelgas, su respuesta es: "Se trata de evitarlas, ya que se establece una mediación obligatoria, sentando en la mesa a las partes en conflicto".

Formar una cultura

El director del servicio de mediación cree que se trata de un reto importante, y se tiene que "formar una cultura y una práctica" que permitirán solucionar aquellas huelgas que no estén muy maduras, aunque encontrará con dificultades cuando estén más organizadas. "Donde más juego va a dar es en los conflictos de aplicación o interpretación de acuerdos y en los bloqueos de negociaciones", añade.Hasta ahora esos conflictos de interpretación de convenios, cerca de 275 al año, llegan en su gran mayoría a los tribunales de justicia. En cuanto a las huelgas sectoriales o interprovinciales, se convocan anualmente por encima del centenar.

El SIMA, una fundación en la que participan los agentes sociales y con el apoyo de Trabajo, dispondrá de sistemas de mediación y de arbitraje (ver gráfico). Cuenta con un presupuesto de 500 millones de pesetas para 1998, recogido en los Presupuestos Generales del Estado, y facilitará un servicio público gratuito.

La lista de unos 200 mediadores se está confeccionando con este perfil: personas que conozcan cómo hallar fórmulas de acercamiento, que merezcan la confianza de las partes, que sepan tener perspectiva del conflicto y que no estén implicados en él. No tienen que ser necesariamente economistas o abogados.

La relación de árbitros será de entre 50 y 100 personas. En este caso sí serán especialistas en las relaciones laborales, como abogados, economistas, catedráticos e inspectores de Trabajo.

Al SIMA se someterán los conflictos que afecten a sectores o empresas radicados en más de dos comunidades autónomas. El resto dispone de servicios en las comunidades que ya se han constituido en su práctica totalidad, a excepción de Extremadura, Murcia y Castilla y León. El País Vasco (desde 1991), Cataluña (1992) y Galicia (1997) contaban con una figura parecida, aunque se trata de tribunales laborales, en vez de un sistema de resolución del conflicto entre las partes.

Los países comunitarios disponen también de un modelo semejante, y funciona bien en el Reino Unido como servicio de mediación, mientras que en Alemania se trata de tribunales de resolución de conflictos.