Remitida a las Cortes la ley que prohíbe las minas antipersonas

El Consejo de Ministros de ayer, último del año, acordó enviar a las Cortes el proyecto de ley de prohibición total de minas antipersonas y armas de efecto similar. Según el ministro de Defensa, Eduardo Serra, con esta ley España se pone "en la vanguardia de los países" que actúan contra las minas antipersonas. Además, "de acuerdo con las iniciativas de la ONU para impedir armas que dañen a la población civil, se ha acordado un plazo de tres años para destruir el actual arsenas, dejando exclusivamente el necesario para la instrución de la tropa", agregó.El arsenal español de minas antipersonas...

El Consejo de Ministros de ayer, último del año, acordó enviar a las Cortes el proyecto de ley de prohibición total de minas antipersonas y armas de efecto similar. Según el ministro de Defensa, Eduardo Serra, con esta ley España se pone "en la vanguardia de los países" que actúan contra las minas antipersonas. Además, "de acuerdo con las iniciativas de la ONU para impedir armas que dañen a la población civil, se ha acordado un plazo de tres años para destruir el actual arsenas, dejando exclusivamente el necesario para la instrución de la tropa", agregó.El arsenal español de minas antipersonas es, según datos oficiales, de unas 800.000. El coste para su destrucción -que no dañará el medio ambiente- es de 638 pesetas por mina, por lo que el presupuesto supera los 527 millones. Serra negó que "en todo el territorio nacional hubiera una sola mina antipersonas", y aclaró que también se refería, "naturalmente, a Ceuta y Melilla".

Eduardo Serra se mostró muy escueto al hablar de la operación de venta de submarinos a Chile: "Sólo puedo decir que estamos esperando una decisión definitiva".

El titular de Defensa añadió que el Consejo había decidido comunicar a la Secretaría General de la OTAN la plena integración de España en la nueva estructura militar. Se formaliza así la decisión anunciada el pasado lunes en el Congreso por el presidente Aznar.

El Consejo adoptó también los siguientes acuerdos:

- Concesión de 43.057 millones para atender 16 créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) para 11 países.

- Real Decreto que modifica los cauces de participación institucional de los españoles residentes en el extranjero.

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