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Los dueños del grupo de empresas Candi van a juicio por robo y fraude

Los sucesivos dueños del extinto grupo de empresas Candi -uno de los mayores del sector del transporte de caudales: llegó a tener más de setecientos trabajadores- se enfrentan a penas que fluctúan entre los 3 y los 27 años de cárcel por delitos de robo, contra la seguridad en el trabajo y fraude fiscal. Aunque aún no hay fecha, el juicio se celebrará en la Audiencia de Madrid y durará unos tres meses.

Los acusados son Antonio Gutiérrez Amador, Francisco Abella Jimeno, Fernando García Nieto y Rosendo Llorente Gonzalo.La irregular gestión de este conjunto de empresas (integrado por las firmas Candi-Urbe, Castilla La Mancha, Candi Mailing, Urbesa, Icebansa y Transportes Candi) llevó al grupo a la ruina en 1992. Y a los trabajadores, a la calle, si bien la mayoría de ellos, salvo un centenar, encontró trabajo después en otras empresas similares.

A Transportes Candi, buque insignia del grupo, pertenecía el furgón del que Dionisio González, El Dioni, se llevó casi 300 millones de pesetas aprovechando su condición de empleado y vigilante de, seguridad. Pero ese robo, que hizo famoso a El Dioni, no fue la única causa del desbarajuste que llevó a la quiebra a este grupo empresarial. "Aquello fue una anécdota", explicaron ayer fuentes sindicales.

El principal acusado, para quien el fiscal solicita un total de 27 años de cárcel, es Antonio Gutiérrez (dueño originario del grupo de empresas). Le imputa delitos de apropiación indebida, contra la seguridad en el trabajo, alzamiento de bienes y contra la Hacienda pública.

El fiscal ha tasado el fraude en cerca de quinientos millones de pesetas. A muchos trabajadores el grupo les descontaba el Impuesto sobre la Renta (IRPF) y las cuotas de la Seguridad Social. Sin embargo, ese dinero nunca era ingresado en Hacienda.

Apropiación indebida

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Las otras tres personas que se sentarán en el banquillo están acusadas de delitos deapropiación indebida, entre otros, si bien el fiscal pide para ellos penas de cárcel sensiblemente inferiores. En 1990, según el escrito de acusación, el grupo Candi atravesaba por una situación de quiebra técnica (tenía deudas de unos mil millones de pesetas). Para afrontarla, Gutiérrez emitió pagarés "con dudosos y lucrativos intereses" por una cantidad similar. Pero de esos pagarés dejó un agujero de impagados de 600 millones, según el fiscal.

En 1991, cuando la situación del grupo era agónica, Gutiérrez vendió todas sus industrias "por una peseta" al también acusado Francisco Abella. Éste se había comprometido a "sanearlas y relanzarlas", pero lo cierto es que vendió parte del grupo casi de inmediato a los otros acusados. Y lo hizo "con un desprecio absoluto hacia los trabajadores y acreedores", afirma el fiscal.

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