Aznar conocía la trama del 'caso Calvià, según un ex concejal del PP

El presidente del Gobierno, José María Aznar, conocía la implicación del Partido Popular (PP) de Baleares en el caso Calvià porque uno de los condenados en la sentencia dictada por la Audiencia de Palma en 1993 -Guillermo Ginard- le informó por carta sobre los principales aspectos de la trama. Esta declaración formulada ayer ante el juez por el ex concejal de la formación conservadora Andrés Pizá salió a relucir en el careo múltiple al que fueron sometidos cinco dirigentes populares. Los protagonistas del caso Calvià -fallido intento de soborno a un concejal socialista en 1992 para que votara a favor del PP a cambio de 100 millones de pesetas discreparon de forma abierta al confrontar en el juzgado sus respectivas versiones.

Pizá afirmó que una copia de la carta enviada por Ginard a Aznar obra en poder del juez. Su oponente en el careo, el ex diputado nacional del PP y hombre de confianza del ex presidente del Gobierno de Baleares Gabriel Cañellas, Francesc Gilet, restó credibilidad a Pizá y le tildó de "alimaña".El caso Calvià fue reabierto en 1996 porque uno de los tres condenados -Andreu Bordoy- (los otros dos fueron-Ginard y el ex dirigente del PP Miguel Deyá) aportó nuevas pruebas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, en las que involucraba de lleno a la dirección del PP balear en la organización de la trama.

Bordoy, farmacéutico de profesión, dio ese paso acuciado por las deudas y ante la negativa del PP balear de ayudarle a pagar la multa de 100 millones que le impuso la justicia. Para reforzar sus argumentos grabó cintas magnetofónicas y filmó en vídeo sus conversaciones con la cúpula del PP a espaldas de sus interlocutores. Además viajó a Madrid para informar a la dirección nacional del partido sobre sus intenciones de tirar de la manta. El PP no tomó en cuenta ninguna de sus amenazas.

El juez también confrontó ayer las versiones del presidente del comité electoral del PP Juan Forcades, el ex consejero de la Función Pública José Antonio Berastain y el ex presidente del PP de Calviá Eduardo Vellibre.

La trama del soborno

El objetivo de las actuaciones fue determinar si el PP apoyó la trama del soborno en una cumbre celebrada el 20 de noviembre de 1994 en la sede balear de la formación conservadora y si habilitó fondos para pagar la multa a los condenados y a los abogados que les defendieron en el juicio. Vellibre dijo que sí, pero Gilet y Berastain lo negaron de forma tajante.

El caso Calvià se encuentra en su fase final 18 meses después de que fuera reabierto por el juez Castro. El sumario fue instruido también por el magistrado Francisco Javier Muñoz en el Tribunal Superior de Justicia, debido a la condición de aforado de Cañellas. Al no hallar indicios inculpatorios contra el ex jefe del Ejecutivo balear, el juez Muñoz devolvió el caso al Juzgado de Instrucción, no sin antes admitir en su auto que no pudo avanzar en su investigación "dada la dificultad para reconstruir la confabulación criminal en su verdadero alcance y profundidad debido a que ésta no llegó a traspasar -que se sepa- la fase de conversaciones y acuerdos verbales". En cambio el magistrado afirma que con respecto a Gilet "intervienen en su contra elementos incriminatorios abrumadores, aplastantes, así por su número como por su coincidencia perfecta".

El juez Castro ordenará nuevas diligencias antes de dar traslado a las partes para que califiquen y proceder, si cabe, a la apertura de juicio oral. No obstante, los abogados de los acusados en esta nueva fase reiteran que sobre las actuaciones pesa la prescripción del delito de cohecho tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal.