La universidad del obispo

La amenaza de los chiringuitos académicos planea sobre la universidad. Había públicas, privadas y de la Iglesia, y ahora surge en Avila y en Murcia un modelo inédito: la universidad del obispo. Estos establecimientos, que ofrecen plazas para octubre en 14 carreras cada uno, aunque carecen de autorización administrativa, han recibido el incondicional apoyo del PP en Avila -incluido el del número tres Ángel Acebes- y la oposición radical de la misma formación en Murcia. La alarma por la multiplicación de campus y la falta de garantías académicas ha llevado al vicepresidente del Consejo de Universidades (CU), Juan José Badiola, rector de Zaragoza, a denunciar los "preocupantes intentos de tercermundializar la universidad española".Primero en Ávila y luego en Murcia han nacido dos singulares proyectos religiosos y académicos que han dejado al sistema universitario en una encrucijada jurídica y política. Arrancan cuándo la proliferación de universidades -iniciada con el Gobierno socialista-se ha desbocado, hasta el punto de que ya está sobre la mesa la necesidad de modificar la normativa de creación de universidades privadas para preservar la calidad,

"Ahora son las universidades del obispo, pero dentro de poco vendrán las del diácono si este proceso no se detiene". Esta ironía de un catedrático refleja el convencimiento de que las autoridades tienen que hacer algo en este trance por proteger el término universidad y diferenciarlo de cualquier otra iniciativa de enseñanza superior.

Reivindicaciones locales

Sobre un fondo de impulsos populistas y reivindicaciones locales, lo que está en juego en Ávila y en Murcia- es sencillamente si un obispo tiene bula ["bula de erección" se denomina] para crear una universidad por decisión soberana, esquivar los procedimientos y exigencias nacionales, y no perder por ello el derecho al reconocimiento del Estado.Si los aspectos académicos y de investigación de ambos proyectos han sido cuestionados en toda la línea, el laberinto jurídico ha llegado a tal extremo que, a petición de varias subcomisiones del Consejo de Universidades, la ministra de Educación, Esperanza Aguirre -que el pasado 15 de octubre asistió en Ávila a la colocación de la primera piedra-, ha enviado el asunto al Consejo de Estado.

El máximo organismo consultivo dictaminará en breve si ambas universidades pueden o no eludir la norma general amparándose en los acuerdos entre el Vaticano y España, especialmente el de Enseñanza y Asuntos Culturales de 1979.

El procedimiento legal para crear una universidad puede resumirse así: se envía la memoria al correspondiente Gobierno autonómico, que la examina y la remite para informe (no vinculante) al Consejo de Universidades. Una vez emitido este informe, el Ejecutivo presenta al Parlamento regional una ley que "reconoce" la universidad privada o "aprueba" la pública. En el ámbito estatal, el procedimiento es similar, pero con el Ministerio de Educación y las Cortes Generales. Una vez autorizada la creación, la universidad debe someter sus planes de estudios a informe del Consejo de Universidades y posterior homologación del Gobierno.

Además, los poderes públicos deben velar para que las universidades cumplan la Ley de Reforma Universitaria (LRU) y el real decreto 557 de 1991, conocido como de requisitos mínimos, que estipula las condiciones básicas que se exigen para garantizar. la calidad de la docencia y la investigación.

Las dos nuevas universidades católicas se niegan a que se les aplique la LRU y el decreto de requisitos mínimos. Es decir, rechazan pertenecer al sistema general de garantías y sólo aceptan someterse a la homologación indivudual de sus planes de estudios, lo que, según algunos expertos, equivaldría a que una universidad extranjera ofreciera títulos nacionales.

En España funcionan actualmente cuatro universidades de la Iglesia: la Pontificia de Salamanca, de la Conferencia Episcopal; la de Comillas (Madrid) y la de Deusto (Vizcaya), ambas de los Jesuitas, y la de Navarra, del Opus Dei. Las cuatro están plenamente reconocidas a efectos civiles y cumplen como cualquier otra la LRU, y el real decreto de requisitos mínimos.

El nuevo fenómeno es muy distinto. La madeja empezó a liarse cuando el anterior obispo de Ávila, Antonio Cañizares, actual arzobispo de Granada, decidió crear la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús. Desbrozaba una vía inédita: la del acuerdo España-Santa Sede de 1979. Desde el primer momento contó con la participación de Ángel Acebes, entonces alcalde; su sucesora, María Dolores Ruiz-Ayúcar, y el presidente de la Diputación, Sebastián González, todos del Partido Popular. Los impulsores consideran que la iniciativa es vital para impedir la despoblación de Ávila, una ciudad de 47.000 habitantes.

Cañizares dejará el 5 de julio su puesto de gran canciller de la universidad, equivalente a presidente del Consejo Social, a su sucesor en el obispado, Adolfo González Montes. Otra personalidad que apoyó el proyecto fue Adolfo Suárez, pero, tras diversas gestiones, se ha mantenido relativamente al margen y no ha llegado a tomar posesión como vicecanciller.

La Universidad Santa Teresa de Ávila tiene como objetivo "la búsqueda y difusión de la verdad iluminada por el Evangelio". En su acta fundacional se alude a "la quiebra de los valores morales que delatan una profunda crisis de humanidad, el vacío de sentido en amplios sectores de población y la búsqueda de significado de otros, la pérdida del sentido de Dios". La asignatura de Teología y Moral Católicas será obligatoria en todas las carreras, al igual que Historia del Pensamiento Social Cristiano lo será en la Católica de Murcia.

Curiosamente, la mayoría de los bienes de la universidad abulense proviene de instituciones públicas, mientras que el creador, el obispado, sólo aporta un seminario, que además él mismo gestionará como residencia.

Con un valor oficial de 431 millones, el Ayuntamiento ha cedido el edificio del antiguo matadero, y ha recalificado y cedido 26.000 metros cuadrados.

La Diputación ha cedido el antiguo colegio de Huérfanos Ferroviarios (de donde tendrán que ser desalojados alumnos de la UNED y de la Universidad de Salamanca) y 146.000 metros cuadrados que lo rodean. El valor de su aportación supera los 1.870 millones. Las cesiones son por 50 años.

La Junta de Castilla y León aporta 420 millones para restauraciones inmobiliarias, con cargo a Cultura y Fomento, y la Caja de Ávila, 450 millones para la biblioteca, prácticamente la totalidad de los fondos de su obra cultural.

Participación pública

Diversos expertos cuestionan la legalidad de que instituciones públicas se sometan presuntamente al fuero de un Estado extranjero, el Vaticano, y participen económicamente de forma directa y preponderante en un proyecto confesional que no ha sido reconocido por los organismos educativos. Una de las cuestiones que deberá decidir el Consejo de Estado es si una fundación de la que forman parte el Ayuntamiento, la Diputación y una caja de ahorros puede crear una universidad al amparo de los acuerdos con la Santa Sede.La universidad abulense comenzó como privada, pero esta vía se truncó el 17 de junio de 1996, cuando la Comisión Académica del Consejo de Universidades analizó su memoria y sacó estas conclusiones: dudosa viabilidad económica, insuficiente dotación de profesorado, proyecto investigador acientífico y reduci-

da demanda de muchos títulos ofrecidos (en varias carreras se preveían 10 alumnos por curso).Ante el cariz que tomaban las cosas, la universidad optó por abandonar la vía de las privadas -corrigiendo las deficiencias señaladas, según su versión- y eludir el requisito de la autorización administrativa para la creación, para lo que se refugió en la vía eclesiástica. No obstante, varias subcomisiones del Consejo de Universidades han rechazado tramitar la documentación enviada por la universidad hasta que no quede aclarada su situación jurídica. "Antes de decidir si un plan de estudios concreto sirve o no sirve, queremos saber de quién hablamos", señala un rector.

La Universidad Católica San Antonio, de Murcia, es un proyecto desarrollado tras el de Ávila. Sus responsables también mantienen que, como universidad católica, tiene un régimen jurídico propio, basado en los acuerdos con el Vaticano, por lo que no debe atenerse a la LRU y al real decreto de mínimos.

La respuesta del rector de la Universidad pública de Murcia, Juan Monreal, es rotunda: "Es un chiringuito. No se acuesta uno sin Universidad Católica y se levanta con ella. Además, están provocando precisamente a los organismos que en su momento deberían dar el visto bueno a su funcionamiento. Es una actitud insensata".

El Gobierno regional, del PP, ha difundido un comunicado en el que advierte que en la Universidad Católica "no quedan garantizados los requisitos mínimos de calidad, ni las líneas o actividades de investigación y los equipamientos que se debe exigir a cualquier estudio que aspire a denominarse universitario". El proyecto presenta "indeterminación jurídica" y "graves incertidumbres acerca de la posibilidad de inserción laboral de sus posibles estudiantes", según el comunicado.

La consejera de Educación, Cristina Gutiérrez-Cortines, teme que el fenómeno se reproduzca a gran velocidad y se muestra convencida de que episodios como éste hacen necesario un sistema de evaluación que permita informar a los ciudadanos sobre la calidad de los centros docentes. "Un Estado cada vez menos intervencionista debe encargarse de garantizar la calidad de las diversas iniciativas y debe invertir en sistemas de información para que el ciudadano tome sus decisiones".