Luz al final del túnel
El escándalo que sentará a Gabriel Cañellas en el banquillo se centra en la concesión por el Gobierno balear, en 1988, de la construcción y explotación del túnel de peaje de Sóller (en Mallorca) a una empresa encabezada por el financiero Antonio Cuart, socio privado de Cañellas en Salinera Española, extremo que aquél reconoció en 1990, cuando EL PAÍS desveló la vinculación mercantil de ambos, consejeros a la vez de aquella sociedad.Cuart elaboró las bases del concurso público y concertó con Cañellas, según el fiscal, el pago de 50 millones por el trato de favor recibido, toda vez que su oferta no fue la mejor puntuada por los técnicos. Siempre según la acusación, parte de ese dinero pasó al control personal de Cañellas a través de la Fundación Islas Baleares, creada y presidida por él mismo. El resto se repartió, supuestamente, entre personas afines al PP balear, desde militantes a diputados autonómicos, pasando por consejeros del Gobierno balear.
Los cálculos del adjudicatario indicaban que recaudaría cerca de 50.000 millones en los 30 años de concesión privada de la mayor obra de infraestructura varía jamás acometida en las islas.
La constructora de Cuart, sin musculatura económica, quebró sin concluir el túnel y la policía judicial detectó un supuesto desvío irregular de 140 millones de pesetas y la existencia de una factura falsa por idéntica cantidad.
Aún no se ha logrado desvelar quien retiró un maletín con 72 millones en billetes de 10.000 pesetas de un banco de Palma.
Blanqueo de fondos
Desentrañando quienes fueron cobradores de talones del túnel, los cambios y las salidas de caja, los policías identificaron pagos a empresas de publicidad y a suministradores electorales e ingresos en las cuentas oficiales de la organización del PP. Dos tránsfugas que ayudaron al PP también ingresaron fondos.El blanqueo del dinero se realizó, supuestamente, en maniobras de fraccionamiento y atomización, dispersando a lo largo de 11 meses el total de los supuestas comisiones. Cuando la policía y Hacienda libraron al juez el análisis contable de las maniobras bancarias, en julio de 1995, José María Aznar obligó a dejar su cargo de presidente a Cañellas, y el de secretario general al supuesto cajero de la operación, José Antonio Berastain. Ambos siguieron, no obstante, en política como diputado y consejero, respectivamente.
El PSOE denunció inicialmente al fiscal jefe de Baleares el supuesto escándalo, pero su escrito fue archivado. Posteriormente, IU ejerció la acusación particular e impulsó el sumario por el que el pagador Cuart, Cañellas y sus colaboradores se sentarán en el banquillo.
El fiscal intentará probar que la trama fue urdida por Cañellas, imputado también en el aún no juzgado caso Calvià, intento de soborno de un concejal socialista para conseguir la alcaldía de esa localidad, en la que se desarrollaban importantes proyectos urbanísticos.
