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Tribuna:DEBATE SOBRE PRIVATIZACIONES

El monopolio del amiguismo

Los autores analizan el proceso de privatización, advierten del peligro de concentración en manos del poder financiero y se preguntan por el futuro papel del Estado.

El sector público empresarial español -exceptuado el Banco de España, que no parece ser de este mundo-, compuesto por 1. 185 entidades más las sociedades privadas con participación estatal (Telefónica, Repsol, BEX) es, continúa siendo, abigarrado, complejo y variopinto. Adopta diversas formas jurídicas (entes públicos, sociedades mercantiles -financieras y no financieras-, fundaciones y hasta sociedades privadas con participación estatal). Está presente en todas las actividades económicas (desde la banca a la hostelería, pasando por la alimentación, la energía y la televisión). Lo soportan las distintas administraciones -municipal, provincial, autonómica y central-, y aunque el gran impulso se produjo en las dictaduras de Primo de Rivera y Franco, ha sido notable, en esta última etapa, el fervor de las comunidades autónomas por utilizar este instrumento.Por su origen, en el sector público empresarial hay que destacar las empresas que proceden del sector privado como consecuencia de su desastrosa gestión, o de su manifiesta inviabilidad (Renfe, Hunosa, Astano, Altos Hornos de Vizcaya, Astilleros Españoles, etcétera). Precisamente, el "núcleo duro" del problema de la empresa pública en España se encuentra en este tipo de empresas "heredadas" del sector privado.

Aunque los problemas de estas empresas son de difícil y costosa solución, no se puede negar el esfuerzo realizado durante los últimos años para poner un cierto orden en este ámbito, que, en síntesis, consistió en:

1. Reconvertir las empresas en pérdidas. Así las empresas de la AlE han reducido sus plantillas, entre 1982 y 1995, en casi el 60%, pasando de 98.300 a 42.000 trabajadores.

2. Enajenar pequeñas empresas industriales en las que no existía un interés estratégico del Estado (Textil Tarazona, Viajes Marsans, Secoinsa, SKF, Frigsa, Victorio Luzuriaga, etcétera).

3. Vender, previo saneamiento con recursos públicos, a grupos multinacionales grandes empresas industriales como Seat o Enasa, que no tenían viabilidad por sí solas y generaban fuertes pérdidas.

4. Privatizar parte del capital de empresas públicas muy rentables (Telefónica, Repsol, ENDESA, Argentaria), pero sin entregar su control. Y es que no es lo "sino privatizar una parte de la propiedad de una empresa que "privatizar todo". Cuando se hace esto en empresas como las citadas se entrega el control de la gestion, es decir, el control de la empresa.

En resumen, en este amplio proceso de privatizaciones se ha conseguido maximizar, por la presencia del Estado, la confianza de los inversores, un valor trascendental en la evolución de las empresas, y, además, realizar gestiones más eficaces y eficientes como consecuencia, entre otros factores, de una creciente presencia privada, propiciando un modelo equilibrado que, hasta ahora, ha evitado peligrosas y excesivas concentraciones de poder económico.

Pues bien, la llegada al poder del Gobierno de Aznar ha supuesto la ruptura con el proceso descrito.. El inmediato presente parece definido por el ansia privatizadora de todas las participaciones del Estado en las grandes empresas públicas rentables. Si bien, en este asunto, ha habido -como ha dicho Solchaga- "arranque de caballo y parada de burro". "Aldeasa, Argentaria, Tabacalera, Trasmediterránea y Telefónica son quienes cuentan con más posibilidades de ser privatizadas este mismo mes de julio. ( ... ) Repsol y Gas Natural tendrán que esperar hasta después del verano", anunciaba el ministro Piqué el pasado 2 de julio (Abc, 3 de julio de 1996).

Pero, error más error menos, la intención de hacer caja, desmantelar lo público y devolver el protagonismo a empresarios privados es clara. En un plazo más o menos breve, si nadie lo remedia, todas estas empresas rentables serán totalmente privatizadas y, en consecuencia, quedarán en manos públicas sólo las que generan constantemente pérdidas. Más o menos lo de siempre, pero con una sustancial recomposición del poder económico. El proceso privatizador total de las grandes empresas públicas propicia un inevitable proceso de concentración del poder económico en torno a unos grupos privados que no pueden ser otros, en la práctica, que dos o tres grandes bancos que ya cuentan con posiciones destacadas y crecientes en dichas empresas. Así, en los últimos tiempos, se insiste en la consolidación del gran duopolio encabezado por los Bancos BBV y Santander, con la participación e integración de diversas grandes empresas y el acompañamiento de las fuerzas políticas conservadoras.

Por una parte, en el entorno del BBV estarían, entre otras entidades La Caixa, Telefónica, Repsol, Gas Natural, Iberdrola, Hidrocantábrico, Aguas de Barcelona, y Acesa. Como es conocido el BBV y La Caixa van a sustituir al Estado como accionista de referencia en Telefónica y ya lo han sustituido en Repsol (Gas Natural, incluida).

A su vez, se ha producido, con la venia de Industria, un pacto entre Repsol e Iberdrola que pretende -"mantener la españolidad de ambas empresas" e iniciar su alianza con una inversión de 130.000 millones de pesetas en Bilbao-. El nuevo presidente de Repsol -nombrado por el Gobierno para defender intereses públicos- estaba incorporado al consejo del BBV desde el 24 de noviembre de 1995 como primer accionista de esta entidad (0,3% del capital).

Por otra, en torno al Banco de Santander se situarían, además de Banesto, el BCH, ENDESA y su grupo (ENHER, Fecsa, ERZ, Sevillana) Airtel, Cepsa, Dragados-FCC, Cableuropa, Ebro, Azucarera, Autopistas del Mare Nostrum, Española del Zinc, Vallehermoso, etcétera, aunque hasta ahora ha sido un tanto ajeno a la política de tomar participaciones industriales. Según su presidente tiene un interés "vocacional" en Iberia y junto al BCH se ha asegurado, hasta el momento, el núcleo duro de ENDESA, la "gran deseada", antes de su privatización. Sin embargo, en los últimos días, parece orientarse, de nuevo, hacia Telefónica a pesar de sus estrechas relaciones con British Telecom y Airtel.

Por último, queda la pieza clave de Argentaria. Desde hace tiempo viene levantando recelos entre los grandes bancos. Todos desean controlar esta entidad. "Existe", se ha dicho, "una pugna soterrada entre los grandes bancos españoles BBV y Santander que ya han entrado en la batalla". Sin embargo, el nuevo representante del Estado en esta entidad, que se ha decantado por una privatización masiva y lo antes posible -no quiere que "se forme un duopolío empresarial y financiero entorno al Santander y BBV" (EL PAÍS, 23 de junio de 11994), y ha optado por Argentaria como banco independiente.

Por si esto es así, la pregunta sería ¿quién será el gestor de Argentaria? La respuesta parece obvia: el actual equipo creado y designado por el Gobierno sería el gestor de este "grupo independiente". La participación de Argentaria con un 2,5% en Telefónica (órbita BBV, y Caika) y con un 3% en En desa (Santander BCH) es suficiente del interés del "independiente" por unir el duopolio y coordinar sus intereses.

Por lo demás, el nombramiento de los presidentes de Argentaria e Ibercaja como consejeros de ENDESA y el cambio de presidencia y orientación en Caja de Madrid, que cuenta con una importante liquidez para realizar nuevas inversiones y tiene la expresa intención de entrar en sectores estratégicos, las amplias disponibilidaes de las cajas -que dicen "contar con dos billones para privatizaciones" y el sigilo del Banco Popular, son premisas en las que se encuentran las claves, no sólo del próximo futuro y destino del sector público empresarial, sino de un poder económico reconstruido y concentrado en lo que podíamos llamar un "monopolio del amiguismo".

Sin entrar en otros aspectos, estas transcendentales medidas privatizadoras implican, no sólo vender las más grandes y mejores empresas del país (ENDESA, Repsol y Telefónica tuvieron en 1995 más de 530.000 millones de beneficios y sobrepasaron los cinco billones de ventas), sino, sobre todo, y como ya hemos señalado, entregar el control de las mismas a gestores privados, nucleados en tomo a los dos más grandes bancos del momento.

Tradicionalmente, en este siglo, nuestro país ha contado con tres grandes agentes promotores de empresas: la banca, que ha tenido hasta finales de los años setenta un protagonismo evidente, el Estado y el capital extranjero. Pues bien, todo parece indicar que el Estado después de 70 años de activa presencia en el sector público-empresarial está a punto de desaparecer de la escena. Y los grupos financieros nacionales -es un decir- que están viendo reducidos sus márgenes de intermediación en el mercado español, parecen retomar a una suerte de nueva "banca mixta" con participaciones -no muy elevadas y poco comprometidas- en empresas grandes que les aseguren el control y aprovechamiento de los servicios que generan.

Como conclusión, lo que se presenta como un proceso de liberalización empresarial a favor de miles de accionistas privados -el "capitalismo popular"- se convierte, en la práctica, en una mayor concentración del poder económico, lo que implica un abuso de la posición dominante, una mayor restricción a la competencia a favor de una reducida plataforma de intereses bancarios y de políticos-gestores ligados a la nueva mayoría conservadora, incluidos PNV y Convergencia, -los "dividendos" del pactoque aspiran al control de estas empresas públicas. En fin, algo similar, pero a mayor nivel de lo que ocurre con Telefónica y la "plataforma digital". De las otras empresas públicas "heredadas" del sector privado -las no rentables- ni se sabe, ni les interesa, pero seguro que quedarán colgadas, al presupuesto contribuyendo a un mayor descrédito de lo público, un objetivo que también está consiguiendo el Gobierno popular.

Juan Muñoz y Santiago Roldán son catedráticos de Estructura Económica, y Ángel Serrano es abogado y economista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de diciembre de 1996

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