Acuerdo a debate

TAMBIÉN EL Partido Nacionalista Vasco (PNV) dará su voto afirmativo a la investidura de José María Aznar. No es poco éxito el que se apunta el líder del PP al aglutinar a todo el centro-derecha, máxime cuando un día antes de las elecciones del 3 de marzo sus relaciones con los nacionalistas no eran precisamente las más amistosas posibles. Desde entonces, mucho han trabajado los populares para poder llegar a este acuerdo que anoche refrendaban los nacionalistas vascos, y del que todavía se ignora el contenido concreto.Pero como demostración de esa labor llevada a cabo durante todo este mes, sirva el documento que sella el acuerdo con los nacionalistas catalanes, del que conviene destacar, en primer lugar, el mérito de su existencia. Es un texto que permite a los ciudadanos saber a qué atenerse y, eventualmente, reprochar los incumplimientos a sus autores. El PP ha hecho honor al compromiso de transparencia que asumió al iniciar las conversaciones, pese a la relativa opacidad del desarrollo de las mismas. Hace tres años, el pacto entre el PSOE y los nacionalistas catalanes no culminó con un texto público. La investidura se pactó sobre la base de las líneas maestras del discurso del candidato, en el que se recogía el esbozo de un acuerdo que sólo se concretaría en tomo a los presupuestos para 1994. Posteriormente, en febrero de 1995, en el debate sobre el estado de la nación, se aprobó una declaración política que hacía las veces de programa conjunto de gobernabilidad para un año (y al que, sin embargo, Pujol pondría fin pocos meses después).

En cuanto a la presentación pública del acuerdo con Pujol, es evidente que hay un avance, e incluso puede darse por bueno. el tiempo invertido en ultimarlo si el motivo del retraso ha sido la voluntad de plasmar lo acordado por escrito. Sin ser un pacto de legislatura, es más que un acuerdo para la investidura. Carece, en todo caso, de la formalidad de un acuerdo que comprometa directamente al socio minoritario en las responsabilidades de gobierno. Seguramente era poco realista esperar de Pujol un compromiso mayor que el contraído con Felipe González. Pero un atento observador de la realidad europea como el presidente de la Generalitat no puede ignorar que es bastante insólito un pacto tan descompensado entre derechos y responsabilidades. A pesar del carácter escrito del compromiso, su falta de concreción temporal otorga a los nacionalistas la posibilidad de renegociar sus apoyos en vísperas de cada debate presupuestario, e incluso de romperlo sin otro motivo que la propia conveniencia (electoral, por ejemplo). Resulta significativo que Pujol haya eludido poner su firma al pie del documento.

En todo caso, de acuerdo con su teoría del despegue en tres fases, es posible que el tiempo permita formas más comprometidas de colaboración. El presidente de la Generalitat pidió tiempo para convencer a sus bases de que era inevitable (y podría ser conveniente) un pacto con quienes días antes les excomulgaban. Pero, puesto que la excomunión era recíproca, Pujol debería comprender a su vez que un mayor compromiso por su parte en la gobernabilidad de España facilitaría mucho la comprensión por parte del electorado del PP -y otros sectores de la opinión pública española- de los motivos que justifican que un partido que representa al 6% del electorado sea tan influyente en la política general.

El PP ha cambiado, y seguramente para bien, pero tendrá que explicar por qué. Nadie puede creerse que el acuerdo con CiU y PNV, como se empeñan en decir algunos de sus portavoces, es un simple cumplimiento de su programa electoral y del discurso realizado durante la campaña. El presidente del Congreso ha fijado ya las fechas para el debate de investidura. Aznar tendrá el 3 de mayo ocasión de clarificar qué parte de su programa ha debido cancelar por necesidades del pacto y qué parte sigue vigente, y si los puntos suscritos con CiU son todo el programa de gobierno o sólo una parte de él.

El documento difundido no sólo contiene acuerdos sobre las materias exigidas por Pujol, sino también compromisos de carácter general. La prioridad concedida a la creación de empleo estable, los criterios de convergencia económica, especialmente la reducción del déficit público sin merma de los servicios públicos, el mantenimiento del Estado de bienestar o la vertebración de España y el afianzamiento del Estado autonómico son objetivos compartidos por el PP y CiU y de cuyo cumplimiento responden solidariamente. Cumplir todos estos compromisos al mismo tiempo parece tarea harto complicada, pero es él reto que Aznar ha asumido, y a la luz de su cumplimiento será juzgado.

Corresponsabilidad y déficit

El elemento fundamental es, con todo, el nuevo sistema de financiación autonómica. En 1993 se abrió el camino hacia la corresponsabilidad fiscal al aceptar una relación entre lo recaudado en cada comunidad y su capacidad de gasto. Con el mecanismo anterior, cada comunidad participaba en una determinada proporción en los ingresos totales del Estado, por lo que sus disponibilidades crecían a la misma tasa. Con el nuevo sistema, los recursos dependen en parte de lo recaudado en el propio territorio, por lo que crecerán en mayor medida en las comunidades más dinámicas: aquellas en las que se produzca un mayor crecimiento económíco o una mayor eficiencia recaudatoria.Las protestas de las comunidades pobres -que exigían que el cambio resulte neutral en cuanto al total de fondos disponibles en cada autonomía- forzaron la inclusión de un tope al excedente alcanzable por esa vía. Ello anuló el efecto perseguido por CiU. Ahora se suprime ese tope, se amplía el tramo que se trasvasa a las comunidades autónomas y se les reconoce una cierta capacidad normativa: podrán aumentar o reducir las tarifas generales, los tipos aplicables, el número de tramos y las deducciones... en relación a la parte cedida del IRPF. Ello supone introducir un factor de corresponsabilidad no sólo en el gasto, sino también en los ingresos.

Desde el PSOE, y también desde Izquierda Unida (IU), se ha acusado al acuerdo de ser incompatible con la reducción del déficit y de ser insolidario con las comunidades más pobres. La idea de que toda mejora en la situación de una comunidad implica. necesariamente un perjuicio para las demás no tiene en cuenta los beneficios asociados a la mayor eficiencia del sistema. Pero es cierto que si el resultado es un aumento del déficit total de las administraciones públicas, el sistema habrá fracasado. Lo que corresponde a la oposición es vigilar que tal cosa no ocurra; que el aumento de los fondos de libre disposición de las autonomías -que ya gastan el 27% del total- no implique la necesidad de recortar en la misma proporción las disponibilidades de la Administración central en capítulos como las pensiones o las inversiones en infraestructuras.

Pero una cuestión como la que aspiraba a resolver (o encauzar) el Estado autonómico no puede juzgarse con criterios sólo económicos. La opción por la generalización adoptada en su día pudo ser' discutible, pero una vez consolidada no admite marcha atrás sin desatar una dinámica de agravios comparativos. El programa del PP contenía algunas propuestas interesantes sobre ese problema que no figuran en el texto pactado con CiU, que recoge, en cambio, reivindicaciones discutibles: la transferencia de los puertos, el control sobre las costas o competencias sobre el tráfico. Algunas de estas cuestiones pueden causar fricciones con comunidades vecinas, pero la preocupación prioritaria es si el sistema de financiación de las autonomías permite al mismo tiempo reducir el déficit público, satisfacer las exigencias de Pújol y no crear un agravio permanente respecto a las comunidades, menos desarrolladas. Temas más que suficientes para un apasionante debate de investidura.