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¿Qué hacer con los enfermos que matan?

Penalistas y psiquiatras combinan privación de libertad y control judicial y sanitario

Francisco García Escalero, el mendigo que confesó 11 atroces crímenes y que el viernes pasado fue absuelto de todos ellos, por su enajenación mental, será internado en el Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent (Alicante), en el que ya se encontraba, "y del que no podrá salir, sin autorización del tribunal". La privación de libertad de este hombre, cuya personalidad estremeció a quienes vieron por televisión el jueves último la entrevista con Jesús Quintero, tranquilizará a la sociedad, pero el problema de éste y otros enfermos que matan no quedará cerrado. Penalistas y psiquiatras analizan el problema desde ángulos diversos y exponen soluciones que apuntan hacia un correcto control judicial y sanitario de estos enajenados mentales.

Las resoluciones judiciales que aparentemente cierran este tipo de casos significan muchas veces el abandono de por vida del delincuente enfermo, el comienzo de su calvario personal en cárceles o manicomios. Otro riesgo es para la sociedad: el de que la falta de control judicial y sanitario permita que, una vez dado de alta y puesto en libertad, cometa nuevos delitos.El tribunal que ha juzgado a García Escalero ha cumplimentado las previsiones del todavía vigente Código Penal para el caso de enajenados a los que se exime de responsabilidad criminal. Además de decretar su internamiento en centro Psiquiátrico, ha remitido a éste el informe pericial forense y le ha requerido informes semestrales sobre su estado y evolución y la comunicación de "cualquier incidente relevante sobre el estado del interno El tribunal, "a la vista de los informes de los facultativos que asistan al enajenado ( ... ), podrá sustituir el internamiento" por medidas de seguridad, incluí o el tratamiento ambulatorio. ¿Pero se cumplirán rigurosamente todos esos mandatos?

El catedrático de Derecho Penal de Málaga José Luis Díez Ripollés muestra desconfianza hacia las medidas de seguridad que sustituyen a la pena y cree que este tipo de enfermos deben quedar fuera de la Administración penitenciaria. Además de este caso reciente, Díez-Ripollés evoca el de Manuel Delgado Villegas, El Arropiero, acusado de 22 asesinatos, que permaneció 21 años recluido sin ser juzgado, por considerarse que padecía un trastorno mental permanente. En 1992 unos forenses y psiquiatras de Alicante señalaron que tenía capacidad para ser juzgado, pero regresó a Foncalent."Cuanto más loco, peor"

Díez-Ripollés mantiene que "cuanto más loco se esté es peor: más insegura es la medida de seguridad". Critica que los jueces suelen enviarlo a un psiquiátrico y, dada la falta de seguimiento por jueces y fiscales, "el enfermo mental se queda en el limbo".

José Antonio Martín Pallín, magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, considera que la solución es "un seguimiento psiquiátrico muy riguroso de la evolución del enfermo, en contacto con el tribunal sentenciador, y que valore el peligro que pueda representar el tratamiento ambulatorio". Reconoce que cuando los enfermos mentales son personas desamparadas, la falta de control psiquiátrico puede significar su abandono total. En la práctica, cadena perpetua.

El nuevo Código Penal introduce que durante el tiempo de internamiento en centro psiquiátrico bajo control del tribunal, el juez de vigilancia penitenciaria deberá, al menos anualmente, proponer el "mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida de seguridad privativa de libertad impuesta".La catedrática de Derecho Penal Mercedes García Arán advierte del riesgo de enviar esquizofrénicos a la calle, pero reconoce también que "las enfermedades mentales se agravan con el aislamiento. y la marginación aumenta la sociopatía".

¿Qué dicen los psiquiatras? Leopoldo Ortega- Monasterio, médico psiquiatra y forense y profesor del Instituto de Criminología de la Universidad de Barcelona, considera que "cuando existe una enajenación plena, están indicadas medidas de control dentro de un centro asistencial en el que puedan prestarse atenciones terapéuticas". "No obstante", señala, "ante las psicosis hay unos criterios de curación o de mejoría significativa que nos sirven de indicadores para un alta clínica que sustituya el establecimiento cerrado por un . control ambulatorio si existe un medio social o familiar que pueda acoger al paciente".

José Cábrera Forneiro, médico forense y profesor de Psiquiatría y Derecho en Madrid, dice que "en los países más avanzados (Suecia, por ejemplo) se ha hablado de unidades blindadas, centros psiquiátricos cerrados, pero en el contexto de un hospital, donde el sujeto privado de su libertad no estaría entre rejas,

un ambiente menos agresivo y con profesionales de salud mental especializados en estos casos". En España, "lo más parecido", afirma, "serían los pabellones penitenciarios de Hospitales Psiquiátricos Generales".

La reforma psiquiátrica

Manuel García-Nart, médico forense con experiencia en informes psiquiátricos para los tribunales de Madrid, asegura que para el enfermo mental el sanatorio civil es mejor. "El problema es que no quedan", dice. Lo que en todo caso considera imprescindible es "un seguimiento judicial". Cree que la contrapartida de los aspectos positivos de la reforma psiquiátrica, que ha inducido a instituciones penitenciarias a cerrar sus centros psiquiátricos, es que los enfermos mentales "vagan por la calle, delinquen y vuelven a la cárcel, a pesar de que hay algunos que sí necesitan estar internados".

Un psiquiatra con gran experiencia en Estados Unidos, Luis Rojas Marcos, actual presidente del Sistema de Hospitales Públicos de Nueva York, relata el fracaso de las medidas penales en aquel país, en donde, a pesar de la pena de muerte, se producen 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el triple de Europa.

En cuanto a "la política sanitaria de cerrar hospitales psiquiátricos o manicomios y de proveer los servicios de salud mental en la comunidad", Rojas-Marcos se opone a tal antipsiquiatría. "Los defensores a ultranza de la supuesta libertad terminan condenando a estos enajenados a una existencia miserable, peligrosa para ellos mismos y, en ciertos casos, también para la sociedad", reflexiona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de marzo de 1996