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Legisladores bajo sospecha en Bogotá

Más de 100 congresistas colombianos figuran implicados en el proceso de "narcocorrupción" contra Samper

Los congresistas colombianos están preocupados, y no por la responsabilidad que tienen como jueces de! presidente Ernesto Samper. Les desvela la búsqueda de una fórmula para salvar su propio pellejo. El número de los directamente involucrados en el llamado Proceso 8000 puede llegar a 24. Si se revisan las listas que han dado los testigos de este interminable proceso, el mismo que afecta al presidente y que ha dejado al descubierto la narcopolítica, un pecado compartido durante años, la lista de los legisladores "bajo sospecha" pasa de los 100. "La verdad es que aquí todo el mundo está untado o no hizo nada para impedir que los demás se untaran", asegura un senador conservador.La narcopolítica llegó haciendo mucho ruido y pisando fuerte, hace casi 20 años. Esta anécdota la cuenta un antiguo congresista: "Luego de un largo viaje en un todoterreno, llegaba uno, sudoroso y agotado, a un pueblo; pero ya nadie salía a escucharlo; otro había tomado ventaja. Con su flotilla de seis helicópteros y con su opulencia había obnubilado ya a todos". Los políticos también empezaron a ceder ante el torrente financiero que se les ofrecía a manos llenas. La revista Semana, una de las más importantes del país, comentaba hace poco hablando de este fenómeno: "Las elecciones siempre las financiaron los ricos y los ricos más ricos de Colombia son los narcotraficantes".

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"Los miembros de la clase política convivimos con la mafia", dicen como en un acto de contricción muchos congresistas. Y, en voz baja, los antiguos legisladores rememoran viejas historias. La primera reacción política cuando en la comisión de acusaciones, la misma donde en este momento se juzga al presidente, se intentó torpedear una acción para levantar la inmunidad parlamentaria de Pablo Escobar. Escobar, muerto hace dos años, fue en su mejor época el jefe más poderoso del negocio de la cocaína en el mundo. Cuando ya todo el país sabía de dónde salían los millones con los que construía canchas deportivas, iluminaba barrios y compraba conciencias, llegó a gozar del fuero especial que le daba el ser "honorable representante" del Congreso.

Vino luego el famoso debate de los dineros calientes. El entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara advirtió que la corrupción del narcotráfico estaba tomando al país entero. Le acusaron primero de haber recibido dinero de la mafia, y le callaron luego, en abril de 1984, en un atentado cerca de su casa. Luis Carlos Galán, el siguiente en salir a decir que se pusiera punto final a tamaña corrupción, también fue silenciado a tiros en agosto de 1989.Hoy, en medio de los golpes de pecho, se diferencian claramente las tácticas empleadas por los dos grandes carteles de la cocaína: el de Medellín y el de Cali. El primero, con Pablo Escobar a la cabeza, intentó hacer política directamen te; ante el fracaso, echaron mano al terrorismo. La del de Cali ha sido una táctica sutil pero más demoledora. Su plan de untar a todo el país dio resultado; hoy tiene desestabilizada a toda Colombia. Y sin pudor se cuenta hoy lo que hace poco se negaba: que el cartel de Cali buscó y logró la aprobación de leyes claramente favorables a sus intereses. Según la revista Semana, una tercera parte del Congreso actual ha recibido, a cambio de apoyo en el momento de la votación, ayudas del cartel.

En corredores y corrillos esto es lo que hoy se comenta: los jefes del cartel de Cali tenían seis oficinas destinadas a atender a los dirigentes políticos de todo el país; ¿quién no sabía que el periodista Alberto Giraldo -hoy en la cárcel- era el enlace del cartel de Cali con el mundo político?

Este maridaje entre la política y el narcotráfico explica por qué mientras el país entero se horrorizó al saber que, sólo dos días antes de su elección, el presidente Samper compartió banquete (una cena para recoger fondos para la campaña) con el más sanguinario de los jefes del cartel de Cali, Víctor Patiño, un hombre al que perseguían todos los organismos de seguridad, este hecho no causa mayor sorpresa entre la mayoría de los legisladores.

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"La clase política está podrida", dijo hace dos meses la senadora María: Izquierdo. "El dinero del narcotráfico entró hace años y todos lo permitimos". Esta mujer denunció, aceptó sus culpas, renunció al Congreso y hoy está en prisión. Una paradoja: los políticos acusados hoy de lo que hace años el país entero sabía, están siendo juzgados por un delito que se inventó para poder llevar a los narcotraficantes a la cárcel: el enriquecimiento ilícito.

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