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Tribuna:

Francia, bloqueada; Europa, en peligro

Lo que empezó en Francia como un oscuro conflicto social por la jubilación de algunos empleados del sector público se está transformando en la crisis más grave de la construcción de Europa. No se puede adoptar una moneda única sin Francia, y no vemos cómo ésta puede reducir en pocos meses su déficit público para Cumplir los criterios de convergencia establecidos por el Tratado de Maastricht.Francia ha adaptado desde hace 12 años su economía a la nueva apertura internacional. Lo hizo eficazmente, pero con un elevado coste social, lo que puso ya en evidencia el problema central de este país. Como todas las fuerzas políticas y sindicales habían dado la espalda a la liberalización de los intercambios, la adaptación económica se retrasó hasta 1983, y se efectuó de la manera más ortodoxa posible, sin que los sindicatos negociaran con la patronal por el simple hecho de que tanto unos como otros eran demasiado débiles, y dependientes para llevar a buen término unas negociaciones al estilo alemán o incluso al italiano. Durante todo ese periodo la gestión social y el sector público se vieron poco afectados. Después, Balladur evitó también tocar el sector público y, durante su gobierno, el déficit de la Seguridad Social aumentó mientras seguía el déficit estatal. Esa prudencia tenía sentido, ya que el sector público, y más precisamente lo que los franceses llaman servicios públicos, es mucho más que un conjunto de monopolios estatales. Es, como la Seguridad Social, el símbolo del Estado republicano, nacional y social que, para muchos, hace recular al capitalismo. Así se entiende que dicho sector jamás haya aceptado ser juzgado por criterios contables. Muchas empresas públicas son altamente deficitarias y los famosos sistemas de jubilación, como el de los ferroviarios, son ampliamente financiados por el Estado. Entre esta modalidad de gestión política, administrativa y también corporativista, y la gestión dirigida por el mercado en el sector privado, hay una evidente contradicción tanto más crucial cuanto que el Estado gestiona, directa o indirectamente, el 55% del producto nacional. Juppé, obligado a tomar decisiones dada la urgencia de los plazos, ha trastornado el modelo francés provocando la explosión social.

La crisis actual se podría ver como una más de las que se dan con frecuencia en Francia. Pero, lo que hace que en esta ocasión sea tan difícil de resolver es la necesidad de emprender una reforma que elimine el déficit de la Seguridad Social en un momento en que la opinión pública rechaza todo esfuerzo o sacrificio nuevos, porque ve que la situación está bloqueada, de que el paro no disminuye y de que los intereses de los franceses están sometidos a la defensa del franco.

El hecho de que ni el Gobierno ni los sindicatos parezcan dispuestos a ceder indica que Francia se encuentra en un callejón sin salida. No puede mantener su modelo republicano y tampoco abandonarlo, por no tener ventajas que ofrecer a cambio o esperanzas que dar a la población. Es posible que Juppé se eche atrás y adopte la posición de Balladur, es decir, que abandone los proyectos concretos de reforma de la jubilación. Es posible también que ninguno de los bandos ceda y que la crisis social se transforme en crisis política, es decir, que conduzca a la disolución de la Asamblea Nacional y a unas nuevas elecciones. Pero en ambos casos el resultado sería el mismo: retrasar la adopción de los criterios de Maastricht y, por consiguiente, la creación de la moneda única. Sólo puede haber un compromiso sobre Europa, es decir, contra Europa. En este caso, ni Juppé ni los sindicatos sacarían provecho de la crisis, pero sí Philippe Séguin, que retrasaría y modificaría la política de unión monetaria.

Esta solución parece aún más probable dado que Francia no haría sino seguir al Reino Unido, Italia y España, que no pudieron mantener el ritmo marcado por Alemania, y porque esta última. no parece muy dispuesta a abandonar el marco por una moneda europea, que le parece menos estable. Es posible que llegar a un acuerdo sobré el retraso de dos o tres años de la unificación monetaria sea más fácil de lo previsto. Esta solución podría tener efectos negativos para Francia, que vería reforzados su sector público y las intervenciones estatales en la economía, lo cual no lleva a una reforma estructural.

¿Pero es que Francia puede elegir? En la actualidad, está pisando tres frenos: el monetario, el presupuestario y el salarial, y no dispone de ningún acelerador. Si no quiere agravar más su déficit presupuestario y alejarse definitivamente de Europa, deberá liberar su moneda -pero no se entiende la utilidad de una devaluación con un comercio exterior excedentario- o dejar que los salarios suban para reactivar la economía, lo que también repercutiría sobre el presupuesto aunque puede desbloquear la situación, sobre, todo al obligar a patronal y sindicatos a retomar la iniciativa. Los problemas sociales planteados no tienen solución en este clima de pesimismo y desconfianza; se resolverían si renaciera la esperanza y si se negociara el reparto de los frutos de un crecimiento por fin concreto.

Francia vive desde hace 20 años en la contradicción. Quiere Europa y otorga a su Estado papeles en contradicción con las exigencias del mercado. Ello no quiere decir que deba abandonar su sistema de seguridad social, nada aberrante, sino que el Estado debe dejar de subvencionar las actividades económicas o ciertas categorías profesionales que le privan de los medios para fomentar el desarrollo y la adaptación de la sociedad francesa. Habría podido hacerlo con cierta facilidad si hubiera emprendido las reformas hace 15 años, pero fue Rocard quien las introdujo con la creación de la contribución social generalizada y la preparación de la reforma de las jubilaciones y de todo el aparato del Estado. Desde la salida de Rocard no se ha emprendido ninguna auténtica reforma en el sector público y ahora los plazos son tan cortos que cualquier reforma le parece insoportable a una opinión pública desencantada y frustrada. Existe el riesgo de que Francia se encierre en sus fronteras para salvar su modelo de Estado. Solución catastrófica, pues el país perdería su competitividad. Pero, aun descartando esta solución extrema, podemos estar seguros de que no se alcanzará fácilmente un acuerdo y de que los próximos años serán difíciles y peligrosos para Francia y para Europa.

Alain Touraine es sociólogo y director del Instituto de Estudios Superiores de París.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de diciembre de 1995