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COMUNICACIÓN

Sindicatos y productores, contra a privatización de una cadena de TVE

La propuesta del Partido Popular de privatizar una de las dos cadenas de Televisión Española, ratificada el pasado jueves por el propio José María Aznar, ha provocado una avalancha de declaraciones en contra. El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó de "frívolas, precipitadas y contradictorias" las intenciones privatizadoras del PP en televisión.

UGT, Comisiones Obreras y el Comité Intercentros de RTVE la han rechazado por parte de los sindicatos. IU la ha calificado de inconstitucional. La directora de Informativos de TVE, María Antonia Iglesias, ha asegurado que es "irreparable e inviable". Una representación de los productores independientes ha manifestado que tal decisión va en contra de la política audiovisual de la Unión Europea.

UGT propone que la deuda de RTVE -que en 1994 generó 22.000 millones de pesetas de gastos financieros-, sea asumida por el gobierno y se muestra "enfadado e indignado" ante la posibilidad de "regalar" la cadena más rentable de Televisión Española. CC OO ha anunciado, por su parte, que se opondrá a la privatización "con todos los medios constitucionales a su alcance", por considerarla una medida que sería "la sentencia de muerte para el sector público audiovisual".

El diputado de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, fue todavía más lejos y calificó ayer en Sevilla de "inconstitucionales" las dos iniciativas emprendidas por el Partido Popular sobre televisión, informa Jorge A. Rodríguez. "Los concursos organizados por los alcaldes del PP para la televisión por cable son inconstitucionales e ilegales, como también lo es el intentar privatizar una de las dos cadenas públicas nacionales, definidas por la Constitución como servicios públicos esenciales".

Plantilla

Felipe Alcaraz acusó también al PP de querer acabar con la televisión pública, "con el modelo democrático y pluralista", por lo que ha pedido que se apruebe "ya" el plan estratégico de la Radio y Televisión y se defiendan los 10.000 puestos de trabajo del ente. A su juicio, la supuesta privatización "es un ataque frontal a la pluralidad" y supondría "la reducción de un 30% de la plantilla".El director de comunicación del PP, Miguel Ángel Rodríguez, ha salido al paso de estas reacciones ampliando detalles sobre la propuesta de futuro para Radiotelevisión Española. En primer lugar, ha dicho, "privatizaremos sólo una marca y una licencia, por lo que trabajadores, equipamiento técnico, edificios y otros activos permanecerán en la televisión pública". Rodríguez ha manifestado su sorpresa por la reacción de los sindicatos. "La privatización es la única medida que puede garantizar la supervivencia de la televisión pública y de los puestos de trabajo".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 11 de noviembre de 1995