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Política (de verdad) antiterrorista

Hace muchos años, a causa de. vivencias que resulta ocioso de tallar, me dediqué a reflexionar sobre el tema de la tortura desde un punto de vista ético. En aquel tiempo consideraba la tortura casi como el absoluto de lo moralmente malo (ahora no pienso mejor de ella, pero ya no creo en absolutos malos ni buenos): mi héroe poético era Dante, que sepultó a Ulises en su infierno por haber torturado a prisioneros frente a Troya (luego caí en la cuenta de que la Divina comedia no es más que un catálogo literariamente sublime de torturas perpetradas por Dios y además eternas, para mayor sadismo). Entonces un colega me envió desde EE UU el artículo de un profesor de ética que despertaba allí cierta polémica universitaria, planteando este tenebroso caso práctico: un terrorista ha colocado una bomba con mecha para media hora en uno de los 100 colegios de la ciudad y se niega a confesar en cuál. ¿Es moralmente lícito torturarle para que revele el nombre del colegio? Formulada está pregunta fuera del ámbito académico, por ejemplo en una película de Bruce Willis o Tarantino, la respuesta sería siempre una carcajada. Lo cierto es que el caso tiene algo de risible, como suele pasar con estos dudosamente verosímiles puzzles morales: yo me río de todos ellos, de puro alivio que me produce no tener que decidirlos de veras.En aquella ocasión respondí a mi comprometedor amigo que, si mi hijo cantase la tabla de multiplicar en uno de esos colegios, yo no tendría el más mínimo inconveniente moral en destripar con mis manos desnudas al terrorista para averiguar dónde estaba la bomba, fueran cuales fuesen sus motivos para ponerla. Opino que la ética es una estrategia racional al servicio de la buena vida, no un código taxativo de prohibiciones y obligaciones. La conciencia siempre actúa en estado de emergencia y circunstancias irrepetibles, por lo que no puede contentarse con aplicar el artículo tal o cual de una normativa. Ninguna ley públicamente establecida puede sustituirla en sus decisiones ni aliviarla de su responsabilidad, en contra de lo que creían aquellos que no hace mucho se congratularon de que un juez absolviera a un insumiso al haber violado la ley por razones de conciencia. Pues la irreductible personalidad de cada conciencia moral refuerza aún más la exigencia de la impersonalidad de la norma jurídica como requisito de convivencia. En el hipotético ejemplo del profesor americano, yo actuaría moralmente de tal o cual modo, arrostrando mi responsabilidad penal si la hubiere: pero en ningún caso pediría que se derogase la ley que prohíbe la tortura ni dejaría de considerarla como un procedimiento abominable, incompatible con los ideales políticos de un Estado democrático.

Puede que alguno de los miembros del GAL haya actuado movido por la compulsión moral de evitar, nuevos crímenes contra sus compañeros de armas o liberar a algún secuestrado aunque, dado el trapicheo de fondos reservados del que se han lucrado esos terroristas del antiterrorismo, se diría que sus motivos solían ser menos nobles. En cualquier caso, las razones morales que haya podido tener en cada cual no disminuye un ápice la condena legal y política que merece esa utilización mafiosa de los recursos públicos. Si uno ama tanto al Estado como para asesinar por él, con más razón deberá aceptar animosamente la condena que merece por ello según la ley estatal. No estoy de acuerdo con el exceso de celo que declara al GAL peor que ETA, sobre todo porque ello implica que ETA es "mejor".

Lo más que podría conceder es que las dos mafias son peores... Algunos señalan con razón que el GAL -el descubrimiento de su trama y la sospecha de altas implicaciones gubernamentales en ella- sirve como balón de oxígeno a la desfalleciente legitimación de la violencia etarra. Pero será oportuno recordar también la función de ETA a comienzos de los ochenta (tras beneficiarse de su propia "ley de punto final" ) como legitimadora de intentos de golpe de Estado y sobre todo como obstáculo para la renovación democrática a fondo de los cuerpos de seguridad. Si alguien ha podido acusar hoy a Belloch de "destrozarlo todo" en Interior, qué no hubiéramos oído de llevarse a cabo en el 83 ese necesario reajuste... La creación del GAL es la única verdadera victoria política obtenida por ETA desde la muerte de Franco: también fue el primer paso -felizmente abortado- en la vía irlandesa (disuasión de un terrorismo por otro), que allí ha conseguido forzar una tregua recomendada como modelo para el País Vasco por algunos distraídos.

Combatir el terrorismo etarra exige eficacia legal en la policía (depurando desde luego a los responsables de crímenes y torturas, a todos los niveles) y coraje en la judicatura, pero también medidas políticas, es decir: una actitud política que deslegitime explícitamente no sólo la violencia sino el discurso de enfrentamiento nacionalista que la sostiene y propaga entre cierta juventud. Quien desee de veras la paz tiene que contribuir a mitigar la etnomanía reinante. Dejemos de lado mamonadas de batzoki como esa de Eguibar ("temo más a España que a ETA") o el sainete episcopal montado por Arzalluz (si todos sabemos ya que Dios es de Bilbao ¿que más da que el obispo sea de Palencia?). Pero es imprescindible una cierta reconversión del nacionalismo democrático: no renunciando a sus ideas, sino prescindiendo de algunos mitos. Lo mismo que la izquierda no se hizo plenamente democrática hasta abandonar el mito de la revolución y la dictadura del proletariado, el nacionalismo vasco no lo será hasta abandonar el mito del pueblo oprimido y distinguir claramente entre derechos irrenunciables y proyectos políticos. Por ejemplo, la autodeterminación. Es un derecho irrenunciable en el sentido claramente expuesto por Jean-François Revel refiriéndose al caso de la ex Yugoslavia: "El derecho de los pueblos a decidir por sí mismos no puede significar en la práctica que cada minoría étnica, lingüística o religiosa disponga de un Estado independiente, sino que toda minoría disfrute de la protección de las leyes del Estado de que forma parte". Esta autodeterminación democrática la tenemos los vascos como el resto de las comunidades del Estado: si nos faltara, podría hablarse en efecto de la opresión nacional. El otro sentido de la autodeterminación implica la unión e independencia de los te rritorios considerados vascos, lo cual no es un derecho inalienable de todos sus ciudadanos, sino el proyecto político de unos cuantos de ellos. Proyecto legítimo, sin duda, aunque debatido en Guipúzcoa, minoritario en Vizcaya, ignorado en Álava, rechazado en Navarra y aún no traducido al francés para que se enteren al otro lado de la muga. Convertir ese proyecto en un de recho fundamental (peor: en requisito para el fin del terrorismo) lo carga de una agresividad retórica tramposa, amén de rodear con una exaltada nebulosa las vías nada patentes de su puesta en práctica. Otro ejemplo: el manifiesto del PNV en su centenario afirma sin matices "la lengua de nuestro pueblo es el euskera", lo que resulta una declaración xenófoba, con esa xenofobia culturalmente falsa y socialmente disgregadora que Arzalluz disculpa en Sabino Arana como un mal de aquellos tiempos, pero que hoy ya no tiene excusa.

No puede haber política antiterrorista basada en homogeneizar la sociedad vasca a fuerza de más nacionalismo, sea el sabiniano o el españoleador alto en abeceína ( "el españolísimo pueblo vasco", "doblemente españoles porque vascos", etcétera.. .). Con diálogo, o sin diálogo, hay que intentar desinflamar las etnomanías. En el País Vasco -como en todas partes, creo yo- sobra ese personaje nefasto contra él que, previno Nietzsche, empeñado en mostrar a los. pueblos "cómo hacerse todavía más nacionales: ése agrava la enfermedad de este siglo y es un enemigo del buen europeo, un enemigo de los espíritus libres". (Humano, demasiado humano).

Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 08 de septiembre de 1995.

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