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Acusados de militar en Terra Lliure renuncian a la lucha armada en la Audiencia Nacional

Blanca Cia

Son independentistas y pretenden conseguir que Cataluña se separe del resto del Estado, pero lo harán de forma pacífica: sin explosivos, ni armas. Fue el mensaje repetido por cinco de los 25 acusados de pertenencia a la organización Terra Lliure que ayer declararon en la Audiencia Nacional. Al primer día de juicio acudieron más de un centenar de amigos de los procesados por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hace casi tres años. Una actitud clara de renuncia a la violencia por parte de los acusados les puede suponer beneficios penales.

Es un juicio especial por el gran número de acusados y las elevadas penas que pide el fiscal, un total de 276 años de prisión: Pero, sobre todo, por lo inusual de que formaciones políticas y el propio Gobierno catalán se hayan movilizado para "sensibilizar" a la Justicia y conseguir que éste sea el juicio final de cuestiones relativas a Terra Lliure. La organización se autodisolvió en 1991.La más alta de las penas solicitadas, de 38 años, corresponde a Josep Musté -en prisión provisional- a quien el fiscal le imputa ser militante de Terra Lliure, tenencia de explosivos, armas y de haber ideado la colocación de cuatro artefactos en 1990.

El acusado, considerado el responsable de los comandos, dijo que en ningún momento militó en Terra Lliure. "Desde 1984 soy miembro del Moviment de Defensa de la Terra (MDT) [uno de los brazos políticos de la desaparecida organización terrorista]", dijo.

Cuando fue detenido, Musté admitió su relación con Terra Lliure, pero, al igual que los otros cuatro acusados que declararon ayer, insistió en que al ser arrestado reconoció hechos por estar sometido a torturas. Golpes en todo el cuerpo y la introducción de la cabeza en una bolsa fueron las circunstancias más relatadas.

Musté dejó claro que es independentista y seguirá trabajando políticamente con esa idea, "pero sin ningún tipo de violencia".

Conseguir un trabajo y defender desde el marco democrático la independencia de Cataluña son los dos objetivos que declaró tener otro de los procesados, David Martínez Sala, que se encuentra en prisión provisional. Este acusado, a quien el fiscal le pide 18 años de cárcel, sólo admitió su militancia en el MDT. Los mismos objetivos dijo tener Esteve Comelles, también preso y con una petición de 18 años. Jaume Oliveres, a quien el fiscal señala como responsable de financiación de Terra Lliure y que encabeza la lista municipal de El Masnou por Iniciativa per Catalunya (IC), dijo no saber nada sobre un documento hallado en su domicilio bajo el título de Manual de como declarar ante la policía. En el domicilio de otro de los acusados, Jordi Bardina, se encontraron una bombona de cámping gas.

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El observador y los diputados

Además de estar completamente abarrotada de público, la sala de vistas de la Audiencia Nacional contaba ayer con algo poco habitual: un observador del Departamento de Justicia de la Generalitat y tres diputados catalanes. Los tres último! eran Pilar Rahola y Xavier Bosch, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y Rosa Bruguera, de Convergència i Unió.El observador era un letrado. "Sólo se me ha encomendado que facilite algunas cosas a las familias", se apresuró a explicar el abogado por la suspicacia que su presencia levantó en el tribunal. Otra de las misiones del observador es dar cumplida información del juicio a la consejera de Justicia catalana, Nùria de Gispert, que, al igual que los parlamentarios de ERC e Iniciativa per Catalunya (IC), ha hecho gestiones en favor de los procesados.

Los cuatro tomaron asiento en estrados, a un lado del tribunal que estaba formado por Ventura Pérez Mariño, que la semana pasada denunció a sus compañeros de sala, Francisco Castro Meije -presidente- y Fernando García Nicolás. Junto a ellos, la traductora de catalán, idioma utilizado por los acusados y por alguno de sus abogados que, de forma involuntaria, saltaban del castellano al catalán.

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Sobre la firma

Blanca Cia
Redactora de la edición de EL PAÍS de Cataluña, en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en diferentes secciones, entre ellas información judicial, local, cultural y política. Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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