El imposible voto de Smith y Schmidt

A mister Smith, británico, y Herr Schmidt, alemán, no sólo les une la similitud fonética de sus apellidos. Ambos forman parte de los aproximadamente 166.000 ciudadanos de la Unión Europea (UE), el 89% del total, que no van a poder votar en las elecciones municipales pese a ser mayores de edad, tener la carta de residencia española y llevar viviendo al menos tres años en la misma población. Además, quizá se sientan agraviados porque a otros sí se les deja hacerlo.En efecto, a los holandeses, los suecos y los daneses, unos 20.000, les bastará con inscribirse en sus respectivos ayun...

A mister Smith, británico, y Herr Schmidt, alemán, no sólo les une la similitud fonética de sus apellidos. Ambos forman parte de los aproximadamente 166.000 ciudadanos de la Unión Europea (UE), el 89% del total, que no van a poder votar en las elecciones municipales pese a ser mayores de edad, tener la carta de residencia española y llevar viviendo al menos tres años en la misma población. Además, quizá se sientan agraviados porque a otros sí se les deja hacerlo.En efecto, a los holandeses, los suecos y los daneses, unos 20.000, les bastará con inscribirse en sus respectivos ayuntamientos. Incluso los noruegos, unos 2.000, se hallan en idéntico caso aun sin pertenecer su país a la Unión. ¿Por qué? Porque el Gobierno se ha ceñido a los criterios de reciprocidad para la formación del censo electoral de los extranjeros y apenas Holanda, Suecia, Dinamarca y Noruega permiten el sufragio de los españoles avecindados en sus territorios.

El Partido Popular (PP) no se ha demorado un ápice en poner el grito en el cielo del europeísmo del PSOE. "Es inadmisible que lo aplique con cuentagotas", critica Juan Carlos Vera, diputado por Madrid, secretario de organización y abogado. En su opinión, la razón política del equipo gubernamental tiene mucho que ver con su temor a que las papeletas de Smith y Schmidt, "no les sean propicias". La formal "se escuda", según él, en que hay de plazo hasta el 1 de enero de 1996 para desarrollar la ciudadanía europea creada por el Tratado de Maastricht, en función de la cual se modificó la Constitución.

"El Consejo Europeo ha aprobado en diciembre una di rectiva sobre las modalidades para que sus ciudadanos sean tanto electores como elegibles", recuerda Vera. "Es cierto que todavía no se ha publicado, pero resulta paradójico", ironiza, "que el Gobierno, que tanto ha alardeado de ella, no haya plasmado su profunda inclina ción europeísta. Es más, hasta ha ignorado una enmienda del Pleno, de octubre, para que las legislaciones de cada Estado5 se adaptasen con vistas ya a estos, comicios". La sugerencia, no refrendada finalmente por el Consejo, aducía que lo contra rio "constituiría un incumplimiento material del espíritu y la letra del Tratado al relegar la efectividad de este primer paso hacia la ciudadanía de la Unión, por el juego de las fe chas, al próximo siglo,"

El PP, que ha presentado una proposición no de ley para que no haya diferencias entre unos extranjeros y otros, se pregunta en definitiva: "¿Cómo vamos a defender los derechos" de los 470.000 españoles en la situación inversa si restringimos los de aquéllos?". Una re flexión que el PSOE vuelve del revés en su respuesta: "Presionando de esa manera para que los Ejecutivos de los países reticentes abran la mano". Joan Marcet, diputado por Barcelona, ponente de las leyes electorales y profesor de Derecho Constitucional, lo tiene claro.

"Nuestra voluntad europeísta siempre ha, sido evidente", explica Marcet; "tan es así que hasta teníamos preparado. otro decreto incluyendo a todos. Pero no debemos pecar de ingenuos o imprudentes. La directiva está aprobada, mas no publicada. Algunos países, como Francia y Luxemburgo, la bloquean. ¿Por qué tendríamos que consentir lo que ellos no consienten?"..

Según Marcet, el PP sólo pretende potenciar su acoso al Gobierno: "Si hubiéramos actuado de otra forma, también nos lo habría reprochado. '¿Cómo vamos a ayudar a nuestros compatriotas de ahí fuera si aquí dentro no somos inflexibles?', diría. El limitar los derechos de los extranjeros a los acuerdos bilaterales es el mejor modo de ayudarlos". La suposición de que en unas pocas localidades del litoral mediterráneo y los archipiélagos, donde se concentra la mayoría, el voto de los foráneos fuese decisivo en contra del PSOE "no está contrastada" a pesar de la referencia de las elecciones europeas, plantea Marcet, y no pasaría de ser "anecdótica".

Impuestos igual a urnas

Lo innegable es que los ciudadanos de la UE que trabajan o disfrutan sus jubilaciones en la Costa Blanca o la del Sol están indignados. Ante las urnas continentales, abiertas a todos, sólo se inscribieron 24.000 -casi 11.000 de ellos, británicos- de los 177.000 que pudieron hacerlo -Dinamarca y Suecia aún no estaban en la comunidad-. Pero ahora consideran que serían muchísimos más porque los temas locales les conciernen directamente.

"Vivimos aquí y aquí pagamos impuestos", resume Nicolás Calistrat, de ascendencia rumano-francesa y nacionalizado español, como portavoz de Ciudadanos Europeos, una agrupación de creciente influencia tanto en Valencia como en Canarias.

Para Calistrat, a mister Smith, con más de 50.000 paisanos en España, y Herr Schmidt, con más de 30.000, les asiste la razón en sus reivindicaciones, independientemente de las de los señores Hernández y Fernández en el Reino Unido y Alemania: "A todos nos afecta lo de nuestras ciudades. Ha habido una manipulación del asunto por el Gobierno, que recela de que nuestros votos sean conservadores cuando 'se los daremos lisa y llanamente a quienes mejor atiendan nuestras peticiones urbanísticas, de seguridad...". "Además"" prosigue, "el periodo para inscribirse es muy corto [hasta el próximo día 28, pero la Junta Electoral ha pedido que se amplíe]".

Ricardo Sánchez, el presidente de la Federación de Asociaciones Extranjeras en el área malagueña, tampoco se ha mordido la lengua en el diario británico The Times: "González, una vez campeón de Europa, ha violado el Tratado".

Algunos recurren al Defensor del Pueblo. Otros incluso podrían acogerse a la Iglesia: en la Pastoral de las migraciones, de 1994, los obispos, en el marco de la dignidad humana, reclaman para los inmigrantes "el derecho al voto, por lo menos en el ámbito local".