El Ayuntamiento y la Comunidad sólo dieron 74 pisos y 28 barracones, para chabolistas este año

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid sólo concedieron 20 pisos para chabolistas en 1993. Este año, ambas instituciones se comprometieron a realojar a 811 familias para diciembre. Pero por ahora, según asegura el gerente del Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada, Julio Fernández Mato, el Consistorio únicamente ha aportado 74 pisos municipales, y el Gobierno regional, 28. Ni siquiera han logrado ponerse de acuerdo para continuar las obras de construcción del nuevo poblado de La Celsa, paralizadas desde hace dos años.

Hace un año, las dos instituciones que forman el Consorcio, el Ayuntamiento y la Comunidad, anunciaron un plan cuya intención era realojar, para finales de 1994, a 811 familias de las 1. 100 a las que en 1986 se les prometió una vivienda digna.Según el citado plan -secundado sólo verbalmente-, el Ayuntamiento se encargaría de las 208 familias censadas en Los Focos (San Blas) y de 137 del cerro de la Mica (Latina), y la Comunidad, de las 217 familias de la avenida de Guadalajara (San Blas) y de 80 del cerro de la Mica. Cada una de las instituciones aportaba 1.000 millones de pesetas de los presupuestos de 1994 para acometer el realojamiento. Dinero que aún no se ha gastado.

Sin embargo, en estos 11 meses, la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), dependiente del Consistorio, sólo ha aportado 74 pisos.

La aportación del Gobierno regional, a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), ha sido aún menor. Hasta el momento, siempre según datos de Fernández Mato, la Consejería de Política Territorial no ha entregado ni una vivienda en altura. Ha construido 28 viviendas prefabricadas en Jauja (Latina).

Mención aparte es el caso del poblado de realojamiento de- La Celsa (Puente de Vallecas), una obra que lleva dos años paralizada por suspensión de pagos de la constructora. Las dos instituciones aún no han suscrito el acuerdo correspondiente para reanudar la construcción de este nuevo asentamiento de hormigón, a escasos metros de las chabolas.

"El Ivima ha adjudicado la obra, pero se ha dado ya el caso de que, cuando los operarios van a trabajar, los guardas, siguiendo instrucciones de la EMV, no les dejan entrar porque no hay convenio firmado", concluye Fernández Mato.

El consejero de Política Territorial, José María Rodríguez Colorado, justificó el empantanamiento de estos planes y anunció un calendario de entrega de llaves. La Comunidad, que se comprometió a adjudicar 406 pisos para chabolistas en un año, presentó ayer otro plan de realojamiento:

- Cuarenta y dos viviendas en la carretera de Extremadura (febrero de 1995).

- Sorteo de nueve viviendas en el anillo verde de Vicálvaro (primera quincena de diciembre).

- Trece pisos en Madrid Sur (segunda quincena de febrero).

- Antes de mayo de 1995 se harán entregas en Sierra Elvira (4 pisos), Vandel I (14), Vandel II1 (12) Caño Roto (14), Madrid Sur (35) y patrimonio del Ivima (50).

- Cien rehabilitaciones en la avenida de Guadalajara.

El poblado de casetas prefabricadas de la Cañada Real, donde residen 54 familias, es nauseabundo, pero el Gobierno regional no puede remediarlo, según dijeron ayer los consejeros de Política Territorial, Salud (Pedro Sabando) e Integración Social (Elena Vázquez).

Cinco inspecciones urbanísticas y dos meses de trámites administrativos han servido a la Comunidad para concluir un acuerdo que no se puede ejecutar. "Habría que precintar todo el poblado, porque es ilegal. Pero no lo vamos a hacer por razones humanitarias, porque las familias se quedarían en la calle. Esperamos que el Ayuntamiento resuelva pronto este problema de su competencia trasladando a las familias a un sitio más adecuado", señaló Rodríguez Colorado. Elena Vázquez también reconoció su falta de autoridad en el asunto.

El doctor Sabando reconoció, por su parte, la "falta absoluta de salubridad" de la Cañada Real, situada junto al vertedero de Valdemingómez, el mayor de toda la región. Su consejería prepara campañas de prevención para vacunar a los niños del poblado contra el tétanos y la hepatitis B.

La portavoz de Izquierda Unida, Susana López, no se conformó con estas explicaciones: "El derecho de los ciudadanos a una vida digna está por encima de las competencias entre administraciones".