Sabor amargo

¿Es legítimo que el Gobierno de la nación pacte los Presupuestos con un partido nacionalista? Que el pacto es legal, no hay nadie que lo discuta. Pero ¿es legítimo?Éste es el interrogante que de manera subrepticia ha planteado José María Aznar con su oferta al presidente del Gobierno de pactar los Presupuestos del próximo año.

Después de una campaña ininterrumpida de descalificaciones, después de haber solicitado la dimisión del presidente y la disolución de las cámaras como única opción tras las elecciones del pasado 12 de junio, después de haber criticado la política antiterrorista tras el atentado de ETA que causó la muerte al general Veguillas y de haber prolongado dicha crítica a lo largo de todo el verano con motivo de la política de reinserción, el señor Aznar inicia la rentrée política con una oferta de pactar los Presupuestos.

¿Por qué? La única explicación lógica que cabe para dicho comportamiento es la de que el señor Aznar considera que el Gobierno de España no puede pactar legítimamente con un partido nacionalista una cuestión de alcance tan general para la dirección del Estado como son los Presupuestos. Los Presupuestos Generales del Estado, como su nombre indica, son Generales y del Estado, y el pacto con el nacionalismo impediría que fueran lo primero y lo segundo. Formalmente lo serían. Materialmente no, porque se habría cedido por el Gobierno de la nación al interés particular de determinados territorios del Estado. De ahí el hacer de tripas corazón y formular la oferta de pacto.

Se trata de una vueIta de tuerca más por parte del PP a lo que parece haberse convertido en una obsesión desde el comienzo de la legislatura. En la campaña electoral del 93, el PP reaccionó airadamente a la propuesta de Felipe González de que únicamente el partido español más votado pudiera formar gobierno, independientemente de la aritmética parlamentaria, a fin de que los partidos nacionalistas no pudieran negociar a dos bandas. Afirmó entonces que el presidente pretendía reescribir la Constitución en su propio beneficio. Después, sin embargo, el PP optó por una deslegitimación del Gobierno de la nación por su enfeudamiento a intereses territoriales parciales. El Gobierno había dejado de ser el Gobierno de la nación al haberse sometido a presiones nacionalistas. Éste ha sido el discurso permanente de José María Aznar, que ha culminado en su oferta presupuestaria.

La oferta es, pues, el ataque más frontal que imaginarse pueda contra la legitimidad del nacionalismo catalán y vasco para poder participar en el proceso político español en pie de igualdad y poder contribuir desde su posición política a la definición de la política general del Estado.

Tal como están las cosas, no creo que sirva, no ya de mucho, sino de nada, llamar la atención sobre los riesgos de una política de esa naturaleza. Para todo el mundo, pero también para el PP. No creo que nadie que conozca la historia de España, que conozca nuestro ordenamiento constitucional y nuestro sistema electoral pueda pensar seriamente que el sistema político español puede funcionar establemente sin el concurso del nacionalismo catalán y vasco en la definición de la política española.

Intentar minar la legitimidad del Gobierno de la nación por la vía de negar la legitimidad del nacionalismo vasco y catalán o participar en la política general del Estado no puede conducir a nada bueno.

Por eso una oferta de pacto como la firmada por el señor Aznar, que en sí misma podía ser recibida con cordialidad, tiene sabor amargo.