La ley de la pesca
COMPROBADO QUE hay infractores en las flotas de todos los países, sólo un acuerdo entre los Gobiernos respectivos es capaz de poner paz en la guerra del bonito. La idea de que los Gobiernos deben defender a sus pescadores con razón o sin ella ha conducido a una situación en la que cada cual se siente autorizado a vulnerar la ley con el argumento de que los demás también lo hacen.España es el país más interesado en forzar un acuerdo de ese tipo: porque es el que cuenta con una flota más extensa y con una mayor proporción de buques pequeños, incapaces de utilizar, aunque quisieran, las artes de pesca declaradas ilegales, y porque cuenta con el mercado de consumo de pescado mayor de Europa, lo que le permite negociar desde una posición de fuerza.
Las razones a favor del mantenimiento de las limitaciones establecidas respecto a las artes de pesca y longitud de las redes son la competencia desleal que supone la utilización de artes prohibidas frente a los pescadores que respetan la normativa y sus negativos efectos sobre el equilibrio ecológico, en particular la captura de otras especies que las buscadas y el agotamiento de los caladeros. Hay un tercer argumento: la única alternativa. al respeto de la ley es el caos actual, esa guerra multilateral perjudicial para todos.
Por tanto, cada país debe comenzar por, predicar con el ejemplo, haciendo cumplir la ley sin contemplaciones y requisando en puerto las redes ilegales. La promesa de reforzar la inspección comunitaria carece de valor mientras los Gobiernos no asuman. sus responsabilidades sancionadoras también con los barcos de su nacionalidad. Pero los Gobiernos, no unos particulares que se atribuyan el derecho de tomarse la justicia por su mano, aunque lo hagan bajo una bandera tan necesaria y cargada de razón como la del ecologismo.
Precisamente por su imparcialidad desde el punto de vista nacional, la función de denuncia desarrollada por Greenpeace en este asunto ha resultado muy valiosa. Pero es una contradicción reclamar el cumplimiento de la ley saltándosela a la torera con el pretexto de que los Gobiernos no son diligentes. La ley no atribuye a Greenpeace funciones policiales: ni de inspección, sin garantía de ningún tipo, ni mucho menos de sanción y hasta incautación, como parecen pretender algunas personas. Aceptar semejante criterio sería abrir paso a abusos y, en lo inmediato, introducir una dificultad adicional al acuerdo. El incidente ocurrido ayer en Finisterre con la tripulación de un pesquero francés cuyas redes inspeccionaban los ecologistas es, por otra parte, un aviso de los riesgos asociados a tales prácticas.
