Sebastián Reyna declara ante Moreiras que quiere aportar la máxima transparencia en el 'caso PSV'
'Sebastián Reyna, actual secretario de finanzas de UGT, compareció ayer ante el juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, como inculpado en el caso PSV, Reyna, que es el tercer alto cargo del sindicato que acude a la Audiencia Nacional por este asunto, manifestó que estaba dispuesto a aportar la máxima transparencia y claridad en la investigación del caso. Su comparecencia estuvo marcada por las órdenes de prisión de las dos personas que le han precedido, Carlos Sotos y Paulino Barrabés. El abogado Joaquín Ruiz-Giménez, que defiende a un grupo de cooperativistas, manifestó que no veía delito en la actuación de Reyna. Reyna continuará hoy su declaración ante el juez.
La disposición del secretario de finanzas de UGT, defendido por Horacio Oliva, fue apreciada por Joaquín Ruiz-Giménez, quien tramita la querella contra el consejo rector de PSV en nombre de los cooperativistas de Valdebernardo (Madrid), una de las mayores promociones de PSV, y una de las menos avanzadas. "La intervención del señor Reyna", estimó Ruiz Giménez tras la sesión de la mañana, "ha sido fructífera, y ha, aclarado muchas cosas sobre la actitud de UGT y del Gobierno". Francisco Méndez Goas, abogado del Plan 18.000, criticó al veterano abogado al asegurar que no había presentado una querella y que era mejor que no dijera nada. Joaquín Ruiz Giménez dijo también que no veía indicios de delito en la actuación de Reyna, tesorero de UGT, al frente de PSV.La posible utilización, por parte de UGT, de fondos aportados por los cooperativistas para la construcción de viviendas, es una de las cuestiones sobre las que Reyna debía arrojar alguna luz. El sindicato admitió a principios de este año que había ingresado una cuota de unas 80.000 pesetas por piso. "Esas cantidades", aseguró Ruiz-Giménez, "se ingresaban con arreglo a un contrato, no son ninguna desviación, ni son ningún secreto".
El abogado dijo que Reyna había aclarado su participación "en el corto lapso en que tuvo poder ejecutivo" en la cooperativa, desde julio de 1993 hasta enero de este año. Los primeros problemas se detectaron hacia octubre de 1992, según Reyna, quien dijo que, desde 1993, habían intentado obtener créditos, topándose con dificultades jurídicas.
Mientras, Barrabés sigue en prisión y la Federación Siderometalúrgica de UGT ha enviado a todas las secretarías de comunicación del sindicato la propuesta de enviar telegramas de solidaridad y apoyo al sindicalista encarcelado. La Federación de Jubilados de UGT también ha remitido una carta al secretario general del sindicato, Cándido Méndez, en la que llega a proponer una huelga general.
El abogado de Barrabés, el ex presidente del Senado José Federico de Carvajal, confirmó que prepara el recurso contra el auto de prisión, y dijo que iría a ver a su cliente a la cárcel de Carabanchel.
El sindicato UGT difundió ayer un comunicado en el que destaca "el extraordinario malestar que existe en: el. seno de la organización, malestar que llega a la indignación por los encarcelamientos dictados en los últimos días".
